Qué significa la decisión de la Corte Suprema para la moratoria de desalojos de Nueva York

Este artículo apareció originalmente en inglés. Translated by Daniel Parra. Read the English version here.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el jueves 12 de agosto una pieza clave de la moratoria de desalojos de Nueva York, bloqueando una disposición que permitía a los inquilinos eludir los procedimientos del Tribunal de la Vivienda jurando que habían experimentado una dificultad financiera relacionada con el COVID-19.

En una decisión no firmada, el más alto tribunal del país se puso del lado de un grupo de propietarios de Nueva York que impugnaron la Ley de Prevención de Desalojos y Ejecuciones Hipotecarias de Emergencia (COVID Emergency Eviction and Foreclosure Prevention Act o CEEFPA por sus siglas en inglés) del estado, que ha congelado casi todos los desalojos en el estado desde diciembre de 2020.

La legislación, que expira el 31 de agosto, ha permitido a los inquilinos detener eficazmente los procedimientos de desalojo presentando un formulario de declaración de dificultades —un documento que atestigua el impacto económico de la pandemia en la capacidad del solicitante para pagar el alquiler.

Los magistrados conservadores de la corte dictaminaron que el “esquema viola la enseñanza de larga data de la Corte de que normalmente ‘ningún hombre puede ser juez en su propio caso’ de conformidad con la cláusula del debido proceso’”.

La decisión aplica específicamente a los inquilinos que han presentado este formulario de declaración de dificultades para no acudir al tribunal de la vivienda, que les permite autocertificar las dificultades financieras y que “generalmente impide que el propietario impugne esa certificación y le niega una audiencia”, explica la orden del tribunal. El fallo deja en pie la Ley de Puerto Seguro (Safe Harbor Act), que permite a los inquilinos utilizar una defensa de dificultades por el COVID-19 en el tribunal de la vivienda y evita temporalmente los desalojos de los inquilinos cuyos propietarios iniciaron procedimientos de impago durante la pandemia.

Los tres magistrados liberales de la corte discreparon de la opinión de la mayoría. El juez Stephen Breyer escribió que la decisión pone a los neoyorquinos en riesgo de “desalojos innecesarios” y citó la lentitud del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (Emergency Rental Assistance Program o ERAP por sus siglas en inglés) del estado. La Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados (OTDA) del estado ha entregado hasta ahora menos del 5 por ciento de los aproximadamente $2.200 millones de dólares del fondo de ayuda del ERAP a los propietarios cuyos inquilinos de bajos ingresos no pudieron pagar el alquiler durante la pandemia.

“Aunque los demandantes señalan correctamente que hay propietarios que sufren dificultades, debemos sopesar frente a las dificultades de los propietarios las dificultades de los inquilinos de Nueva York que han confiado en las protecciones de la CEEFPA y que ahora se verán obligados a enfrentarse a procedimientos de desalojo antes de lo previsto”, escribió Breyer. A esto se unieron las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan. “Esto es preocupante porque, como se ha señalado, Nueva York está en proceso de distribuir más de $2.000 millones de dólares en asistencia federal que ayudará a los inquilinos afectados por la pandemia para evitar el desalojo”.

Breyer también dijo que el tribunal estaba interfiriendo con los poderes del poder legislativo del estado para establecer la política. “El poder legislativo de Nueva York es responsable de responder a una grave e imprevisible crisis de salud pública”, escribió.

Más de 830.000 neoyorquinos deben alquileres atrasados, según los investigadores de National Atlas Equity, un grupo político afiliado a la Universidad del Sur de California. En una declaración, la gobernadora entrante Kathy Hochul —quien asumirá la gobernación a finales de mes tras la dimisión de Andrew Cuomo— dijo que trabajaría con la legislatura para reforzar la actual moratoria.

“Ningún neoyorquino que se haya visto afectado económicamente o desplazado por la pandemia debería verse obligado a abandonar su hogar”, dijo Hochul.

Los defensores de los inquilinos dicen que el fallo es un golpe duro para los inquilinos y obligará a miles de neoyorquinos a acudir a los tribunales de vivienda para intentar combatir los procedimientos de desalojo. Los defensores y varios legisladores han estado instando al estado a ampliar las actuales protecciones contra el desalojo hasta que el dinero del ERAP llegue a más propietarios. “Vamos a ver desalojos masivos”, dijo Ellen Davidson, abogada de la división de vivienda de Legal Aid.

Los nuevos casos de desalojo suelen tardar meses en resolverse, pero los inquilinos que se enfrentaron al desalojo justo antes de la moratoria de la pandemia corren un riesgo especial de perder sus casas. Es probable que muchos propietarios intenten renovar las órdenes de desalojo que han expirado.

Davidson instó a los inquilinos que se enfrentan a un desalojo a conseguir un abogado en virtud de la ley de la ciudad que da a los inquilinos el derecho a un abogado en el tribunal de la vivienda. Los inquilinos representados por un abogado en el tribunal de la vivienda tienen muchas más probabilidades de evitar un desahucio que los clientes sin abogado, según han demostrado numerosos estudios. Los inquilinos que reciben un aviso de desalojo pueden llamar al 311 y pedir que se les ponga en contacto con un abogado, dijo ella.

Los propietarios que impugnaron la ley estatal estaban representados por el grupo de propietarios Rent Stabilization Association, que contrató al abogado Randy Mastro, antiguo vicealcalde, para defender su caso. Mastro elogió la decisión del tribunal en un comunicado el jueves.

“Nueva York reabrió recientemente sus puertas en todos los demás aspectos, pero su moratoria de desalojos siguió en vigor, cerrando la puerta del tribunal a los propietarios que no pueden acceder a sus propiedades de los inquilinos retenidos, muchos de los cuales no han pagado el alquiler en los últimos 17 meses”, dijo Mastro.

Pero Jay Martin, director ejecutivo del grupo de propietarios de alquileres estabilizados Community Housing Improvement Program, dijo que no consideraba el fallo como una “victoria”. La decisión simplemente significa que los propietarios tendrán la oportunidad de que sus casos sean escuchados en los tribunales y ganar ventaja en caso de impago u otras disputas con los inquilinos, dijo.

“Es lo que siempre hemos dicho desde el primer día: la moratoria de desalojo no ayuda a nadie a pagar su alquiler, a pagar su hipoteca o a pagar sus impuestos sobre la propiedad y en lo que tenemos que centrarnos es en sacar la ayuda al alquiler”, dijo Martin. “Estamos dispuestos a trabajar con los inquilinos, los propietarios y los funcionarios del gobierno para asegurarnos de que no haya una ola de desalojos”.

Martin dijo que está aconsejando a los propietarios que no se apresuren a presentar desalojos y que esperen a que el estado libere más dinero del ERAP, aunque ha presionado a los funcionarios de Nueva York para que distribuyan el dinero mucho más rápido.

Dos legisladores han presentado un proyecto de ley para ampliar la moratoria de desalojo del estado y los defensores están ahora instando a la legislatura a volver a reunirse y ajustar las normas de la forma de dificultad para adaptarse a la sentencia de la Corte Suprema.

El senador del estado de Manhattan Brian Kavanagh, que patrocinó la ley CEEFPA el año pasado, dijo a City Limits que los legisladores “verían si hay una manera de apuntalar la moratoria tomando medidas coherentes con lo que ha dicho la Corte Suprema”.

Kavanagh criticó a los jueces por potencialmente exponer a cientos de miles de neoyorquinos a los estrechos confines de los tribunales de vivienda en medio de un aumento de los casos de COVID-19.

“Es una medida básica de salud pública y creemos que estaba dentro de las competencias del poder legislativo dada la pandemia. Es decepcionante que la mayoría del Tribunal Supremo no esté de acuerdo con nosotros”, dijo Kavanagh. “Hay cientos de miles de hogares que ahora están en peligro. Y no es sólo un peligro para esos hogares. Es un peligro para todos nosotros”.

Kavanagh dijo que los legisladores estatales trabajarían con la OTDA para agilizar los pagos del ERAP.

“Tiene que estar haciendo los pagos a una escala mucho mayor y más rápidamente de lo que ha sido”, dijo. “La máxima protección para un inquilino va a ser tener su alquiler pagado”.