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“El robo de tarjetas EBT es un problema muy, muy grave”, afirmó el representante Dan Goldman, uno de los patrocinadores del proyecto de ley. “Solo en Nueva York, en los primeros seis meses del año pasado, se robaron 14 millones de dólares en prestaciones del programa SNAP”, añadió, citando un informe anterior de City Limits.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 6 de marzo. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
El miércoles, frente a un auditorio repleto en un centro para personas mayores en el corazón de Chinatown, en Manhattan, el Sr. Lee, vestido con traje y corbata, contó a través de un intérprete cómo alguien clonó su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT por sus siglas en inglés) el año pasado, le robó los fondos de sus cupones de alimentos y le dejó con solo $14 centavos para todo el mes.
La historia del Sr. Lee no es única en la ciudad, ni en el país. Solo en Nueva York, como informó anteriormente City Limits, miles de usuarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés) han sido víctimas de lo que se conoce como “skimming” (clonación de tarjetas), en el que los ladrones utilizan dispositivos electrónicos ocultos en las máquinas de pago para robar la información de las tarjetas de las personas.
En el centro para personas mayores, flanqueado por dos dragones naranjas danzantes utilizados durante las recientes celebraciones del Año Nuevo chino, el congresista demócrata Dan Goldman presentó un proyecto de ley para equipar las tarjetas EBT de todo el país con chips de seguridad, como la mayoría de las tarjetas de débito o crédito modernas, con el fin de frenar la ola de pérdidas de prestaciones debido a la clonación de tarjetas.
“El robo de tarjetas EBT es un problema muy, muy grave”, afirmó Goldman. “Solo en Nueva York, en los primeros seis meses del año pasado, se robaron $14 millones de dólares en prestaciones del SNAP”, añadió, citando la investigación de City Limits.
A nivel nacional, se estima que $555 millones de dólares en fondos del SNAP serán vulnerables al robo en los próximos años si las autoridades no refuerzan la ciberseguridad, según el Inspector General del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
“Recibimos estas quejas constantemente en nuestra oficina”, afirmó Goldman.
Él y el congresista republicano de Nueva York Mike Lawler son copatrocinadores de the Enhanced Cybersecurity for SNAP Act (Ley de Mejora de la Ciberseguridad para SNAP), que cuenta con el apoyo bipartidista y cuatro patrocinadores actuales en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ron Wyden, de Oregón, John Fetterman, de Pensilvania, y el republicano de Luisiana Bill Cassidy la presentaron en el Senado de los Estados Unidos.
Según el proyecto de ley, el gobierno federal pagaría los costos totales de la actualización de las tarjetas EBT. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), que supervisa el programa SNAP a nivel federal, estaría obligado a revisar sus normas de seguridad para la asistencia alimentaria, sustituyendo las tarjetas SNAP con banda magnética por tarjetas con chip en un plazo de cinco años.
También exigiría a los estados que proporcionen tarjetas de sustitución gratuitas en un plazo de tres días a las personas cuyas tarjetas fueran robadas, clonadas o no funcionaran correctamente.
“La seguridad de las tarjetas EBT no se ha modernizado desde 2010”, afirmó Goldman. Añadió que los chips de seguridad son “una forma muy común y sencilla de mantener nuestras tarjetas y nuestra información de identificación mucho más seguras”.
Para desgracia de las personas que actualmente son víctimas de estafas, no hay forma de que recuperen lo robado después de que el gobierno federal puso fin a su período de reembolso a finales de 2024.
Ante la falta de medidas significativas a nivel federal, algunos estados han tomado cartas en el asunto. El mes pasado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una actualización de las tarjetas EBT en todo el estado, que debería entrar en vigor en febrero de 2027, según informaron funcionarios estatales durante una reciente audiencia presupuestaria.
El mes pasado, los grupos de derechos civiles apelaron en una demanda que intenta obligar al gobierno federal a reemplazar los beneficios SNAP robados a los ciudadanos.
La oficina de Goldman no proporcionó un estimado del costo del proyecto de ley. Sin embargo, según afirmaron, la cantidad de fondos que se roba a los usuarios del SNAP superaría lo que se gasta en la actualización de sus tarjetas.
El proyecto de ley fue bien recibido por los grupos contra el hambre de todo el país. “El robo del SNAP es una situación en la que todos pierden: se quitan los alimentos a los estadounidenses más vulnerables y se pierden fondos fiscales en favor de las organizaciones criminales”, afirmó Joel Berg, director ejecutivo de Hunger Free America.
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