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Abogados están enfrentando problemas logísticos, técnicos y de comunicación con sus casos a medida que se acumulan los casos atrasados.
Adi Talwar
Fila frente al 26 de Federal Plaza una mañana de 2015. El edificio es uno de los dos lugares de la ciudad donde se celebran las audiencias de inmigración.Read the English version here.
En los últimos meses, los abogados de inmigración han tenido bastantes problemas de procedimiento en las cortes de inmigración en Nueva York. Si bien los defensores no han empezado a levantar datos sobre qué tan frecuentes son estos problemas, ellos dicen que se producen con la suficiente frecuencia como para retrasar los procedimientos y afectar a los casos de los clientes dejándolos vulnerables a la deportación.
La reapertura de las cortes de inmigración en julio de 2021 ha sido un poco desordenada luego de que la pandemia las cerrara por completo, dicen los abogados. Recientemente, los procedimientos judiciales se han llevado a cabo en persona, mientras que otros se siguen celebrando a distancia —una determinación que depende de las preferencias de los jueces que se comunican con los abogados a través de hojas de cálculo de Excel y correos electrónicos distribuidos por la oficina de información pública de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Executive Office for Immigration Review o EOIR por sus siglas en inglés). Esta falta de claridad ha dado pie a errores de comunicación y confusiones, según los abogados de inmigración, varios de los cuales enviaron una carta al tribunal de inmigración el 27 de diciembre pidiendo que interviniera.
“Parte de la información en esas comunicaciones contradice otras de Nueva York, que establecen que un abogado puede comparecer por teléfono en las audiencias del calendario principal (Master Calendar Hearings o MCH) sin necesidad de una moción que solicite la comparecencia a distancia, y también establecen que se renuncia a la comparecencia del demandado en las MCH remotas. Esta contradicción ha sido problemática para nuestro personal y nuestros clientes”, explica la carta.
Además de los problemas con saber si las audiencias serán en persona o a distancia, también se han producido retrasos en la obtención de las mociones para las audiencias individuales (Individual Hearings o IH por sus siglas en inglés, donde un inmigrante que solicita permanecer en Estados Unidos presenta sus argumentos para quedarse) y, en algunos casos, han quedado sin resolver durante varios meses.
Los problemas técnicos tampoco han faltado, específicamente con el servicio de audio de audioconferencia de OpenVoice (usado en audiencias remotas), y por ello los abogados no han podido escuchar la mayoría o la totalidad de las audiencias y éstas han tenido que ser reprogramadas para después.
Por toda esta serie de problemas los abogados —incluidos aquellos que hacen parte del programa de defensa para los inmigrantes detenidos que se enfrentan a la deportación llamado “Proyecto de Unidad Familiar de los Inmigrantes de Nueva York” (New York Immigrant Family Unity Project o NYIFUP por sus siglas en inglés), que representa a inmigrantes detenidos que se enfrentan a la deportación—, se quejaron al juez auxiliar superior de inmigración, Khalilah Taylor, quien asiste al Juez Jefe de Inmigración en la gestión, coordinación de las actividades y en la supervisión de las operaciones administrativas.
City Limits contactó a la EOIR y el vocero de la región noreste dijo que “EOIR responde a la correspondencia oficial a través de los canales apropiados, y sigue agradeciendo los comentarios de los profesionales, los encuestados y otras partes interesadas”.
“Estos problemas de comunicación son extremadamente frustrantes”, resienten los abogados en la carta. “Además, es ineficaz y dispendioso para nuestro personal preparar audiencias que acaban siendo canceladas o reprogramadas, y perder tiempo verificando qué audiencias se celebran y en qué formato”, agregan.
Cada uno de estos problemas técnicos, logísticos o de comunicación pueden cambiar definitivamente el rumbo de un caso y transformar la vida de los inmigrantes, quienes en algunos casos quedan vulnerables a la deportación. Claudine-Annick Murphy, abogada de la unidad de derecho de Inmigración en Legal Aid Society, lleva el caso de un menor que está en el proceso de protección para Jóvenes Inmigrantes Especiales (Special Immigrant Juvenile o SIJ por sus siglas en inglés). La protección SIJ está creada para menores que han sido abusados, abandonados o han sido objeto de negligencia por parte de sus padres. Bajo esta clasificación, los menores pueden calificar para convertirse en Residentes Permanentes Legales (o LPR por sus siglas en inglés) o solicitar asilo y obtener un permiso de trabajo.
En agosto de 2021, el caso de su cliente fue retirado del calendario. “Recibí la notificación de cancelación de la audiencia, pero nunca recibí la orden de programación”, explica Murphy. Los administradores del tribunal dijeron que enviarían una copia de la notificación de cancelación y de la orden de programación, pero esta nunca llegó, dice ella. Entre agosto y noviembre, ella intercambió correos electrónicos explicando que no podía responder a una orden de programación que nunca recibió.
El 30 de noviembre de 2021 se programó una audiencia individual para el 5 de enero, sin embargo, solo dos días antes, el 3 de enero, Murphy recibió la notificación de audiencia. Hay que tener en cuenta que los abogados están obligados a presentar todos los documentos del caso más de 30 días antes de la fecha de la audiencia individual, entonces una notificación de última hora es casi como no cumplir con el plazo de presentación de documentos, poniendo en peligro el caso.
“El sello postal del sobre indica que fue enviado por correo el 27 de diciembre, casi un mes entero después de que se generara la notificación de audiencia el 30 de noviembre, y nos fue entregado el 3 de enero, dos días antes de la audiencia individual”, dice Murphy.
“Fue muy aterrador recibir el aviso dos días antes de la audiencia final de deportación y no teníamos nada, ningún caso que presentar a la corte”, explicó Murphy.
A pesar de las objeciones de Murphy pidiendo que se retirara la audiencia lo antes posible, el tribunal no anuló la audiencia. En cambio, el administrador del tribunal le pidió a Murphy que fuera su parte quien presentara una moción para posponer la audiencia (motion to continue), un procedimiento que podría tener consecuencias negativas en su caso ya que los jueces ven los retrasos y reprogramaciones como dificultades para argumentar un caso.
En la carta los abogados argumentan que “los constantes cambios de última hora en el calendario perjudican nuestra capacidad para representar plenamente a nuestros clientes y para prepararnos adecuadamente para las audiencias”.
Todos estos retrasos y problemas han retrasado aún mas la posibilidad del cliente de Murphy de entrar a la ya de por sí larga fila para aplicar por asilo, sin la posibilidad de aplicar por un permiso de trabajo.
El sistema de cortes de inmigración de los Estados Unidos tiene actualmente el mayor número de casos pendientes de la historia: 1,596,193. Según datos publicados recientemente por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse, solo en las cortes de inmigración de Nueva York, hay unos 167.614 casos pendientes y la espera media en Nueva York es de 1.011 días, según el TRAC.
“Desde el inicio de la administración Biden, el crecimiento del retraso se ha acelerado a un ritmo vertiginoso”, resalta el informe del TRAC. “Estos hallazgos sugieren que las Cortes de Inmigración están entrando en una preocupante nueva era de cargas de casos aún más aplastantes, lo que es aún más preocupante ya que ningún intento de solución ha podido revertir la avalancha de casos que los Jueces de Inmigración enfrentan ahora”.
Hasta el momento, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración no ha dado respuesta a la carta enviada por las organizaciones de defensores de inmigrantes. El viernes 28 de enero, pospuso las audiencias principales e individuales para ciertos demandados hasta el 7 de febrero de 2022, debido a la rápida propagación del COVID-19 en todo el país.
