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En agosto California aprobó una ley que le permite a los funcionarios de salud investigar las condiciones sanitarias en los centros de detención, pero en octubre, el GEO Group, uno de los principales contratistas de estos centros, demandó esta ley, que aún no había entrado en vigor.
U.S. Immigration and Customs Enforcement/Flickr
Un centro de detención en Arizona.
En California se está desarrollando una batalla legal que cuestiona la facultad de las autoridades estatales para inspeccionar los centros privados de detención de inmigrantes.
En agosto, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, firmó una ley que le permite a los funcionarios de salud investigar las condiciones sanitarias y de salud de los centros de detención privados que operan en el estado.
Sin embargo, en octubre, el GEO Group, uno de los principales contratistas de estos centros de detención en el país, demandó esta ley de California, que aún no había entrado en vigor.
En California hay seis centros de detención para inmigrantes, y si bien dependen del gobierno federal, los seis son gestionados por empresas privadas que tienen contratos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas o ICE por sus siglas en inglés.
Un reporte de la Unión de Libertades Civiles del norte de California (ACLU of Northern California) detalla que los edificios no son aptos para la habitación humana.
“Las paredes se pudren con moho negro, los sistemas de ventilación arrojan residuos que interfieren en la respiración de las personas, la comida suele estar podrida y el agua rancia,” describe el comunicado de prensa del reporte.
El GEO Group sostiene en la demanda que la nueva ley del estado viola la Constitución, ya que supuestamente interferiría en el control federal sobre la aplicación de las leyes de inmigración.
Mientras California presiona para que haya más supervisión, lo que está en juego va más allá de los tribunales. Las personas detenidas, por ejemplo, han denunciado problemas a la salud que van desde brotes de COVID-19, paperas, varicela, agua contaminada, comida enmohecida y han realizado huelgas de hambre.
Hasta junio, diez personas habían muerto mientras estaban bajo custodia de ICE en lo que va de año fiscal, más del doble que el año fiscal pasado, que empieza en octubre y termina a finales de septiembre, según datos de ICE.
Así que para hablar sobre la demanda y la ley que aprobó California invitamos a Vanessa Sánchez, corresponsal de KFF Health News, quien escribió sobre esto en noviembre.
Más detalles en nuestra conversación a continuación.
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