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Los defensores de los inmigrantes consideran que este cambio es un intento de sembrar la confusión y asustar a los inmigrantes para que no recurran a los programas públicos. “Vemos que hay muchas más personas que ya se ven afectadas por el efecto intimidatorio de la norma, aunque es casi seguro que nunca se verán afectadas por ella”.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 4 de agosto. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
El 16 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS por sus siglas en inglés) anunció un nuevo conjunto de normas que regulan la determinación de la “carga pública” —un test que el gobierno federal utiliza para evaluar la autosuficiencia de las personas que solicitan la residencia permanente legal.
La nueva norma entrará en vigor el 18 de septiembre y solo afectará a las solicitudes residencia presentadas a partir de ese día.
Al anunciar el cambio, el DHS afirmó en un comunicado que la administración del presidente Donald Trump está “protegiendo a los contribuyentes estadounidenses para que no tengan que pagar” por los inmigrantes que podrían acabar recibiendo prestaciones públicas.
El concepto de carga pública lleva más de un siglo recogido en la legislación y, aunque cada administración presidencial lo ha interpretado diferente, se ha usado para evaluar si a futuro un migrante va a depender del gobierno para tener lo básico.
Los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS por sus siglas en inglés) serán los encargados de evaluar la solicitud de tarjeta verde en su totalidad, siendo la carga pública solo uno de sus aspectos, según resaltaron los abogados.
“Las decisiones se toman caso por caso, basándose en las circunstancias generales de la persona, no en un único factor ni en la opinión personal de un funcionario”, dijo en un comunicado el portavoz de USCIS, Zach Kahler. “Entre los factores relevantes pueden figurar la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos, la formación, las competencias y cualquier declaración jurada de manutención que se requiera”.
Los defensores de los inmigrantes han criticado el cambio, porque ahora tiene en cuenta prestaciones que antes quedaban excluidas y otorga a los funcionarios de inmigración una discrecionalidad excesiva a la hora de determinar si es probable que alguien se convierta en una carga pública.
Aunque la nueva norma solo se aplica a los futuros solicitantes de la tarjeta verde, los defensores la consideran otro intento de sembrar miedo entre todos los inmigrantes, incluso entre aquellos a los que no les afectará.
“El daño no se limita únicamente a las personas que están directamente sujetas a la norma”, afirmó Sarah Krieger, asesora jurídica senior del National Immigration Law Center. “El miedo y la confusión se están extendiendo entre las familias con estatus mixto y nuestras comunidades, por lo que animamos encarecidamente a la gente a que obtenga su información de fuentes fiables”.
City Limits ha preparado esta guía para explicar la norma y ofrecer una visión general de los cambios, las posibles repercusiones y las ideas erróneas que ya circulan.
¿A quién afecta?
La nueva norma se aplicará a quienes soliciten una tarjeta de residencia para convertirse en residentes legales, pero solo si sus solicitudes se presentan el 18 de septiembre de 2026 o después, ya sea por vía electrónica o por correo.
La norma no tiene carácter retroactivo, insistieron los abogados consultados, lo que significa que tampoco tiene en cuenta el uso de prestaciones públicas antes de esa fecha (excepto en el caso de prestaciones en efectivo o de largo plazo en centros financiados por el gobierno, según la alcaldía).
La prueba de carga pública solo se aplica cuando alguien solicita una tarjeta verde basándose en estas categorías:
- Solicitudes familiares (esto incluye a familiares de ciudadanos estadounidenses y familiares de residentes permanentes legales)
- Solicitudes basadas en empleo (esto incluye a trabajadores prioritarios, trabajadores cualificados, profesionales y peticiones EB-5, entre otros)
- Solicitantes de inmigración especial (como trabajadores religiosos, empleados del gobierno de EE. UU. en el extranjero y personal de las Fuerzas Armadas de EE. UU., entre otros)
- Aquellos nacidos bajo estatus diplomático, seleccionados a través del visado de diversidad, visados S para testigos o informantes, entre otros.
Hay que tener en cuenta que USCIS solo realiza evaluaciones de carga pública al revisar una solicitud de tarjeta verde, y no en ningún otro momento del proceso migratorio.
“La norma de 2026 no cambia quién está sujeto a una evaluación de carga pública. Siempre ha afectado, y seguirá afectando principalmente, a las personas que solicitan ajustar su estatus (es decir, obtener una tarjeta verde)”, dijo Hasan Shafiqullah, abogado de The Legal Aid Society.
¿A quiénes no afecta?
Los abogados dicen que hay más gente a la que no aplica que a la que sí.
Esta nueva norma no se aplica a: asilados, refugiados, titulares de TPS, titulares de visados T y U, solicitantes autónomos en virtud de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres (VAWA), menores con estatus especial de inmigrante juvenil ni a los beneficiarios de la Enmienda Lautenberg.
También excluye a los solicitantes de la tarjeta verde que presenten su solicitud al amparo de la Ley de Ajuste para Cubanos de 1966, la Ley de Ajuste para Nicaragüenses y de Ayuda a Centroamérica, la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos de 1998, la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Liberianos, así como a determinados vietnamitas, camboyanos y laosianos, entre otros.
La nueva norma no se aplicará a los cónyuges, hijos y padres supervivientes de miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU. que fallecieron durante el servicio activo, entre otros.
¿Qué prestaciones públicas podrían tenerse en cuenta?
Los funcionarios de USCIS pueden ahora tener en cuenta no solo las prestaciones federales (como las ayudas económicas y de largo plazo financiadas por el gobierno), sino también las “means-tested benefits” (prestaciones según ingresos) que sean estatales, tribales y locales —que son programas de las administraciones locales en los que la elegibilidad se basa en los ingresos y/o activos del solicitante.
“El universo de posibles prestaciones es muy amplio”, afirmó Shafiqullah.
City Limits solicitó a USCIS una lista de las prestaciones incluidas para la ciudad de Nueva York que entrarán en el test de la carga pública, pero la oficina no lo especificó. Krieger explicó que no existe una lista oficial y exhaustiva en la normativa, y que la agencia se ha negado explícitamente a publicar una.
“El DHS no considera necesario codificar una definición de prestaciones públicas según ingresos, ya que se entiende generalmente que dicho término se refiere a un programa o prestación gubernamental en el que la elegibilidad se basa en que los ingresos y/o activos de una persona o familia se sitúen por debajo de un umbral específico”, dice la nueva norma.
Los abogados que hablaron con City Limits dieron ejemplos de lo que podría estar cubierto por la nueva norma, aunque advirtieron que no se sabrá con certeza hasta que USCIS publique más detalles en el futuro.
Algunas prestaciones posibles incluyen programas de salud (Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños y NYC Care), programas de nutrición (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o cupones de alimentos, y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños).
Otras prestaciones que se están barajando son las ayudas a la vivienda (como los vales de vivienda de la Sección 8 y las viviendas públicas), los créditos fiscales, el cuidado infantil (incluidos los programas educativos para niños como Head Start y los servicios de intervención temprana) y las ayudas económicas en efectivo para la renta básica garantizada financiadas por el gobierno.
Tanto los abogados como el propio USCIS insistieron en que la categoría de “carga pública” es solo uno de los varios factores que se tienen en cuenta.
“Los funcionarios tendrán la facultad discrecional de valorar la relevancia de cualquier prestación pública sujeta a condiciones de recursos económicos, teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias, y de determinar adecuadamente su impacto en la probabilidad de que un extranjero se convierta en una carga pública”, dice la norma.
El USCIS añadió que publicará un formulario revisado de la solicitud de residencia, conocido como Formulario I-485, y que las versiones anteriores del formulario no se aceptarán a partir del 18 de septiembre.
Ideas erróneas que ya están circulando
La idea errónea más extendida —y que se ha difundido rápidamente— es que la norma se aplica a todos los inmigrantes, cuando en realidad solo aplica a un pequeño grupo de inmigrantes legales que se encuentran en la fase final del proceso para obtener la tarjeta de residencia.
Esa confusión podría llevar a las personas a renunciar innecesariamente a las prestaciones de las que dependen, advirtieron los defensores.
“Vemos a muchas más personas que ya se ven afectadas por el efecto intimidatorio de la norma, cuando es casi seguro que nunca se verán afectadas por ella”, afirmó Mario Bruzzone, vicepresidente de políticas de la New York Immigration Coalition.
“Este es el efecto intimidatorio”, señaló Shafiqullah, “y es deliberado”.
Arline Cruz, especialista principal en inscripciones de Make the Road New York, explicó que otro error común es pensar que el cambio normativo ya está en vigor, cuando en realidad solo se aplicará a quienes soliciten la tarjeta verde a partir del 18 de septiembre.
“La gente cree que cualquiera que solicite cualquier tipo de ayuda o estatus migratorio debe cancelar inmediatamente sus prestaciones… y eso no es cierto”, señaló Cruz.
¿Qué hacer si tienes previsto solicitar una tarjeta verde después del 18 de septiembre y crees que la nueva norma te afectará?
Los abogados recomiendan buscar asesoramiento jurídico personalizado. Krieger aconseja consultar con un abogado especializado en inmigración o con un representante acreditado y, siempre que sea posible, también con un abogado especializado en prestaciones sociales.
La Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante (MOIA por sus siglas en inglés) cuenta con una línea de atención telefónica para ayudar a las personas que cumplan los requisitos a acceder a servicios jurídicos gratuitos. Encuentra más información aquí.
Así que infórmate bien sobre tu caso, pero no tomes decisiones precipitadas, aconseja Krieger; en resumen, no te des de baja por pánico.
Puntos clave que aún no están claros
No existe una lista clara ni completa de las prestaciones que se considerarán “prestaciones públicas sujetas a condiciones de recursos”, señaló Krieger, y tampoco sabemos qué peso tendrá cada una de las distintas prestaciones en la ecuación total.
“No está claro [si] los funcionarios recibirán alguna otra orientación a la hora de tomar decisiones”, añadió Krieger.
En el pasado, las prestaciones de los familiares no solían tenerse en cuenta a la hora de determinar si una persona era una carga pública. La nueva norma permitirá a los funcionarios considerar las prestaciones que reciben los dependientes de una persona como prueba de la situación económica del solicitante, pero no está claro en qué medida esto influirá en la decisión final, explicó Cruz.
Si se determina que voy a convertirme en una carga pública, ¿qué podría pasarme?
Depende de las circunstancias del caso concreto de cada persona, según ha declarado el portavoz del USCIS, Kahler.
“Si se determina que un solicitante no es admisible por motivos de carga pública, las opciones disponibles dependen del caso y de la categoría de inmigración, y pueden incluir respuestas, revisiones u otras opciones permitidas por la ley”, añadió el portavoz. “Las personas deben consultar las directrices actuales del USCIS para obtener información sobre su propia situación”.
Aunque se espera que la nueva norma entre en vigor el 18 de septiembre, esa fecha podría cambiar si la demandan o la bloquean, señala MOIA, por lo que conviene estar atentos a posibles actualizaciones antes de esa fecha.
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