Los estafadores se están aprovechando del caos a nivel federal, sacando partido de las personas que buscan ayuda desesperadamente para sus casos de inmigración, y estas infracciones son más habituales en barrios latinos como Sunset Park y Jackson Heights. “Estos proveedores de servicios para inmigrantes no pueden hacerse pasar por abogados cuando no lo son”, afirmó Sam Levine, comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad de Nueva York.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 20 de mayo. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
Solo basta desconocer una palabra para que algo que parecía familiar dé un giro inesperado.
Cuando los latinos de habla hispana oyen o ven la palabra “notario” en las vitrinas —y no consultan su significado en Estados Unidos—, pueden asumir que han encontrado a un abogado licenciado que puede ofrecerles asesoría legal, como indica la palabra notario en muchos de sus países de origen.
Pero las autoridades municipales afirman que algunos proveedores de servicios de la ciudad de Nueva York se están aprovechando ilegalmente de ese malentendido: haciéndose pasar por abogados ante personas que buscan desesperadamente ayuda con sus casos migratorios.
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump y su plan de llevar a cabo deportaciones masivas, más neoyorquinos inmigrantes buscan ese tipo de asesoramiento legal, mientras que más notarios están infringiendo las normas, según el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés), la agencia que regula y fiscaliza el sector.
Las quejas sobre los proveedores de servicios de inmigración fueron una de las más habituales recibidas por la Fiscal General de Nueva York el año pasado, según informaron las autoridades.
“Estos proveedores de servicios para inmigrantes no pueden hacerse pasar por abogados cuando no lo son”, declaró a City Limits el comisionado de la DCWP, Sam Levine.
Aunque no son abogados, los proveedores de servicios de inmigración de Nueva York cobran honorarios por traducir y certificar documentos, o completar formularios. Sin embargo, estos proveedores no están autorizados a asesorar a las personas sobre cómo responder a las preguntas de sus formularios de inmigración, proporcionar asesoramiento jurídico sobre qué documentos presentar, ni afirmar que tienen influencia especial ante las autoridades de inmigración.
Según el DCWP, estas fueron las infracciones más comunes en la ciudad y constituyen problemas sistémicos en todo el sector. Solo en los primeros cuatro meses de 2026, el DCWP impuso 175 sanciones a proveedores de servicios para inmigrantes, frente a las 220 de todo el año 2025.
Además de utilizar títulos engañosos como “abogado”, pese a no serlo, otras infracciones comunes incluyen no colgar los carteles obligatorios de “No soy abogado” o “Referimos gratuitamente a un asesor legal” en sus establecimientos. Otros proveedores recibieron sanciones por no emitir contratos o recibos por escrito, mientras que otros hicieron falsas promesas, garantizando a los clientes el acceso a documentos como autorizaciones de empleo que en realidad no podían proporcionar.
“Esta es una fuente importante de fraude. Es un impuesto para los neoyorquinos inmigrantes”, afirmó Levine durante una rueda de prensa la semana pasada. “Algunas de las tácticas más comunes que estas empresas utilizan para estafar a la gente son ilegales en la ciudad de Nueva York, pero queremos asegurarnos que la gente conozca sus derechos y que las empresas que abusan de ellos afronten las consecuencias”.
La ciudad impuso la mayor cantidad de multas en los barrios con una alta población de inmigrantes y latinos: Sunset Park y Jackson Heights, así como East New York, Cypress Hills, Midwood y Flatbush, con Queens y Brooklyn como epicentro.
“En un momento en el que los neoyorquinos inmigrantes se enfrentan a actos traumáticos de violencia e intimidación, hay personas sin escrúpulos que deciden aprovecharse de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”, dijo la concejal Alexa Avilés, representante de Sunset Park —el código postal con más infracciones tanto en 2025 como en 2026—. “El aumento de las estafas relacionadas con los proveedores de servicios para inmigrantes es absolutamente desgarrador”.
Solo la oficina de Avilés registró 10 casos de fraude durante el último año.
El repunte de las estafas se produce en un momento en el que cada vez es más difícil conseguir un abogado especializado en inmigración. Incluso después de que la ciudad incluyera una inversión histórica para servicios jurídicos de inmigración en su presupuesto de 2025, la demanda sigue sobrepasando y muchos proveedores se ven desbordados, según afirmó un portavoz de la oficina de Avilés.
Un informe reciente de la New York Legal Services Coalition (Coalición de Servicios Jurídicos de Nueva York) describe la gran presión a la que se han visto sometidos los proveedores de servicios legales desde el inicio del segundo mandato de Trump, y estos reclaman con urgencia financiación adicional. “La magnitud y la intensidad de las medidas de control actuales han ejercido una presión sin precedentes sobre este sistema, poniendo de manifiesto limitaciones estructurales de financiación que ahora amenazan su sostenibilidad”, dice el informe.
El miedo a la deportación o a la separación —alimentado por la confusión sobre los más de 500 cambios en las políticas de inmigración que la administración Trump llevó a cabo durante su primer año de vuelta en el cargo— lleva a las personas a caer en estafas publicadas en Facebook o enviadas directamente a sus teléfonos móviles a través de mensajes de WhatsApp.
En la ciudad, los estafadores no solo han falsificado documentos, sino que también han organizado audiencias falsas a través de Google Meet, según quienes testificaron en una audiencia del Concejo Municipal el año pasado.
En otro incidente, la oficina de Avilés describió un anuncio falso en Facebook en el que el estafador se hacía pasar por Catholic Charities, una organización de asistencia jurídica en materia de inmigración, haciendo uso indebido de su logotipo e incluso creando un sitio web falso.
“Quiero recordar a todos los neoyorquinos que nadie que se ponga en contacto con ustedes a través de WhatsApp para hacer negocios es un proveedor de servicios legales legítimo. Comprueben bien cualquier anuncio que vean en Facebook o en las redes sociales”, dijo Avilés en un comunicado. “Si tienen dudas sobre qué es fraudulento y qué no, siempre pónganse en contacto con su representante en el Concejo de la ciudad, quien les ayudará a ponerse en contacto con proveedores fiables”.
Las autoridades animan a los residentes a presentar denuncias llamando al 311, o a la línea directa de inmigración de la Oficina de Nuevos Estadounidenses, que opera en todo el estado, al 1-800-566-7636, o a la Oficina del Fiscal General al 1-800-771-7755. Además, las denuncias pueden presentarse en línea en nyc.gov/Consumers o ag.ny.gov/file-complaint. Éstas pueden enviarse de forma anónima.
“Al mismo tiempo, sigo luchando por aumentar la financiación para los servicios legales para inmigrantes en el presupuesto de este año”, añadió Avilés. “Si mis vecinos tuvieran más recursos seguros a su disposición, no serían tan vulnerables a estas horribles estafas”.
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