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Durante una audiencia del Concejo de la ciudad, inmigrantes y defensores compartieron historias de fraude en procesos migratorios, gran parte de estos se lleva a cabo a través de las redes sociales.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 17 de abril. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
Durante una audiencia del Concejo de la ciudad de Nueva York sobre el fraude en los servicios y procesos de inmigración, un solicitante de asilo testificó sobre cómo había sido engañado por alguien que decía ser su abogado.
“Estaba desesperado por encontrar a alguien que me ayudara a solicitar asilo”, dijo Christian durante la audiencia conjunta de los comités de inmigración y de protección de los consumidores y los trabajadores del Concejo. (Christian, junto con otros inmigrantes que testificaron, sólo dieron su nombre de pila por temor a represalias de las agencias del gobierno federal).
La persona que se había hecho pasar por su abogado, dijo él, no sólo le cobró dinero —que es una práctica común entre las personas que estafan a inmigrantes— sino que también falsificó documentos, como notificaciones, e incluso organizó una audiencia judicial falsa a través de Google Meet.
“Recuerdo que me dijo que vistiera formalmente”, dijo Christian.
El día de la falsa audiencia virtual, dijo él, apareció un juez falso, vestido con una toga negra. Afortunadamente para Christian, no se conectó solo. Un estudiante de derecho que había estado ayudandolo con otros asuntos le acompañó durante la audiencia virtual.
Christian cuenta que, al final de la falsa audiencia, el juez le dijo en español que tendría que pagar algo más de $5.000 dólares en los próximos ocho días o, de lo contrario, el pago exigido ascendería a $25.000 dólares. El estudiante de derecho avisó de la estafa a los abogados de la Legal Aid Society, que intervinieron y la detuvieron.
Christian fue uno de los varios inmigrantes que declararon haber sido víctimas de fraude en procesos migratorios. Esto puede incluir estafas relacionadas con servicios legales por parte de quienes son y no son abogados, así como traductores o proveedores de otros servicios como los notarios en los Estados Unidos, quienes no son expertos legales y se aprovechan de las personas que asumen que quienes dirigen los servicios notariales son abogados, como ocurre en muchos países hispanohablantes. Pero ese no es el caso.
“En el último año han aumentado las denuncias de fraude en los servicios de inmigración en Nueva York, y los defensores de los inmigrantes no han dejado de dar la voz de alarma sobre estas crecientes amenazas”, dijo la concejal Alexa Avilés, presidenta del comité de Inmigración del Concejo. “A menudo, el fraude en los servicios de inmigración se vuelve más rampante en períodos en los que aumenta la demanda de servicios legales”.
Las concejales Shahana Hanif y Julie Won han presentado proyectos de ley contra el fraude para estos servicios. El proyecto de ley de Hanif, Intro 205, educaría al público sobre los esquemas fraudulentos perpetrados por los proveedores de servicios legales de inmigración. El de Won, Intro 980, aumentaría las penas para las primeras y subsiguientes violaciones.
El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés), que maneja los casos de fraude civil en la ciudad, dijo que las quejas presentadas sobre los proveedores de servicios de inmigración han aumentado en los últimos tres años, con 23 quejas en 2022, 36 en 2023 y 46 en 2024.
Durante la audiencia del Concejo, la comisionada del DCWP, Vilda Vera Mayuga, dijo que el departamento ha “intensificado” las investigaciones contra las agencias de empleo y los proveedores de servicios de inmigración.
El DCWP dijo que recientemente había inspeccionado a casi 500 empresas que anunciaban servicios de inmigración o servicios relacionados, y emitió más de 60 citaciones.
“Observamos lo que está ocurriendo en estos momentos y sabemos que, desde el cambio de administración en Washington, éste es un ámbito en el que debemos centrarnos”, afirmó Mayuga.
Desde enero, explicó el departamento, el DCWP ha recibido ocho quejas, la mayoría de ellas relacionadas con profesionales no autorizados.
El DCWP realiza inspecciones sobre el terreno en respuesta a las quejas, y las investigaciones pueden dar lugar a citaciones ante la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas de la ciudad. Los funcionarios del DCWP reconocen que perseguir a los proveedores de servicios de inmigración y agencias de empleo fraudulentas sigue siendo un reto constante.
“Debido a su naturaleza clandestina, muchos operan desde escaparates temporales, residencias, aplicaciones de mensajería instantánea o plataformas en línea, para desaparecer después de recibir el pago de un consumidor”, explicó Mayuga.
Christian, por ejemplo, encontró a alguien que se hacía pasar por abogado en Facebook. Le dijo por mensajes de WhatsApp que podía ayudarle con su caso por $1.750 dólares, que él pagó.
Más tarde, recibió lo que más tarde determinó que era un aviso de recibo falso, con un sello de aspecto oficial.
El recibo falso tenía “algunos errores gramaticales en inglés”, explicó Deborah Lee, abogada encargada de la unidad de derecho de inmigración de Legal Aid Society. Además, “se habían olvidado de traducir partes al inglés”, dijo.
Sin embargo, parecía lo suficientemente oficial como para engañar a muchos solicitantes de asilo, dijo Lee, que ha estado llevando el caso desde que el estudiante de derecho lo refirió. “A primera vista, sobre todo si no eres un hablante nativo de inglés o un lector, no necesariamente serías capaz de pillarlo”, dijo.
Lee añadió que era la primera vez que veían este tipo de audiencias judiciales fabricadas, mientras que el DCWP reconoció que no habían recibido quejas que detallaran audiencias de inmigración falsas en el pasado.
“Nunca habíamos visto algo de esta magnitud”, dijo Lee.
Durante la audiencia del Concejo, los defensores señalaron que, dado que muchas de estas estafas tienen lugar en las redes sociales, son más difíciles de castigar para los funcionarios municipales, porque no hay locales físicos que inspeccionar.
Lee y otros defensores advirtieron que los estafadores también están creando lo que parecen ser sitios web fraudulentos o alternativos relacionados con agencias de inmigración. Algunos, explicó Lee, parecen un sitio de un tribunal de inmigración, mientras que otros se parecen a un rastreador de solicitudes del USCIS, “pero es sólo una web privada”.
Cuando Avilés preguntó sobre las estafas realizadas a través de las redes sociales, Mayuga respondió que el DCWP confía en que los denunciantes confirmen la información que proporcionan y ayuden a identificar a la persona que está detrás de la cuenta.
Otros funcionarios del DCWP reconocieron que las redes sociales no hacen sino exacerbar el aspecto clandestino de este problema y subrayaron la importancia de medidas preventivas como la educación. Mayuga dijo que el departamento está llevando a cabo una campaña de educación digital a través de redes sociales para educar a los neoyorquinos sobre las protecciones relacionadas con los proveedores de servicios de inmigración. En los últimos tres años, el DCWP ha coordinado un día de acción en toda la ciudad y ha celebrado 600 actos de divulgación centrados en inmigrantes.
Tanto los defensores como los funcionarios municipales reconocieron la reticencia de las comunidades inmigrantes a presentar denuncias por miedo a la interacción con el gobierno, pero recordaron a la gente que terceras personas, como familiares, amigos o personas de organizaciones comunitarias, pueden presentarlas, incluso de forma anónima. Las quejas pueden presentarse llamando al 311, en la dirección nyc.gov/Consumers o en la Oficina de la Fiscal General de Nueva York, en la dirección ag.ny.gov/file-complaint o llamando al 1-800-771-7755. (Un portavoz de la oficina del fiscal general explicó que pueden emprender acciones civiles contra particulares o empresas que cometan fraudes a gran escala contra las comunidades inmigrantes).
El jefe de gabinete de Won, Nick Gulotta, testificando a título personal como alguien que ha trabajado en este asunto por años, recomendó hacer una “lista de los peores” para este asunto, o la creación de una base de datos sobre fraudes.
“Es una gran idea”, animó Avilés. “Me gustaría llamarla ‘lista de la vergüenza'”.
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