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Según funcionarios estatales, casi 200.000 neoyorquinos se han visto afectados por los recortes federales al Plan Esencial, que ya no cubre a algunos residentes trabajadores de bajos ingresos. Algunos de ellos no se enteraron hasta que acudieron al médico o al hospital.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 12 de agosto. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
Jorge había estado trabajando todo el día del mes pasado instalando conductos para cables eléctricos hasta que ya no pudo levantar el brazo izquierdo y tuvo que acudir a urgencias.
“Cuando uno llega, le piden su tarjeta del seguro. Se la di”, explicó en español Jorge, quien pidió que no se revelara su apellido por motivos de privacidad.
Le hicieron una radiografía. Los huesos no parecían fracturados. El dolor era muscular, así que le recetaron unos medicamentos.
“Ya después de repente me llega una cuenta que debo $500 dólares”, explicó Jorge, de 56 años. “Fui al hospital y pregunté por qué era el motivo que me estaban cobrando. Dicen, ‘no es que usted ya no tiene seguro’”.
Desde el 1 de julio, los neoyorquinos con ingresos comprendidos entre el 200 por ciento y el 250 por ciento del umbral federal de pobreza —entre unos $31.920 y $39.900 dólares para una persona sola— comenzaron a perder la cobertura del Plan Esencial (Essential Plan), que ofrecía cuotas mensuales de $0 dólares y un seguro médico con copagos muy bajos a los residentes trabajadores con bajos ingresos.
Como consecuencia de los recortes federales incluidos en la ley llamada “One, Big, Beautiful Bill”, personas como Jorge ya no cumplen los requisitos y tendrán que buscar un plan pago, o perder por completo su cobertura médica.
Antes de los recortes, 1.7 millones de neoyorquinos dependían del Plan Esencial, y el estado estimaba que 450.000 lo perderían como consecuencia de los cambios federales.
Según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH por sus siglas en inglés), más de la mitad de las personas en situación de riesgo (252 000 personas, es decir, alrededor del 56 por ciento de los afectados) han conservado algún tipo de seguro: 183.000 fueron a Medicaid u otro Essential Plan, y 59.000 se han adherido a un plan de salud privado comercializado a través del Mercado de Seguros del Estado de Nueva York, al 31 de julio.
En cuanto a las otras 198.000 personas que no han encontrado un seguro y corren el riesgo de perderlo, el departamento no dio muchos detalles. Cuando se le preguntó, el departamento no dio cifras sobre la raza o el origen étnico de las personas que han perdido la cobertura. Sin embargo, un informe estatal de 2023 reveló que el 28 por ciento de todos los afiliados al Essential Plan en aquel momento se identificaban como hispanos, y el 22 por ciento indicaba que el español era su idioma preferido para la comunicación escrita.
“Este es un momento difícil para quienes se ven afectados por las nuevas leyes”, afirmó en un comunicado Danielle R. De Souza, responsable de información pública del Departamento de Salud. “Nos comprometemos a ofrecer orientación personalizada a estos neoyorquinos durante su transición a las nuevas opciones de planes a través de nuestros asesores de inscripción, garantizando avisos previos y proporcionando recursos e información para que el camino hacia la nueva cobertura sea lo más claro y fluido posible”.
Mientras tanto, muchos latinos, como Jorge, se están enterando del cambio justo cuando más necesitan la cobertura.
“Yo sufro de las várices también. Había programado una cita [en julio]. Y fui y me dijeron no”.
Tanto los defensores como los funcionarios públicos explicaron que las personas que han perdido su cobertura tienen hasta el 30 de agosto para inscribirse en un plan a través del Mercado de Seguros del Estado de Nueva York, lo que podría suponer un coste entre $200 y $250 dólares al mes, o bien quedarse sin seguro.
Las organizaciones que trabajan con la comunidad latina afirmaron que han observado un fuerte aumento en el número de personas que solicitan ayuda tras perder su seguro.
“El tsunami de gente que hemos recibido nosotros—bueno, alarmados”, dijo Guillermo Chacón, presidente de la Latino Commission on AIDS.
Bethsy Morales-Reid, vicepresidenta de estrategia de programas de la Federación Hispana, señaló que han observado un aumento del 20 por ciento en comparación con el año pasado, y que la principal preocupación es la falta de opciones alternativas de seguro, que muchos consideran inasequibles.
“Algunos también han señalado que quizá tengan que posponer la atención médica mientras determinan qué cobertura van a obtener”, dijo Morales-Reid. “En un momento en el que muchas personas ya tienen dificultades para cuadrar sus presupuestos, pagar el alquiler y hacer frente al aumento de la comida, la asistencia médica supone unos gastos inesperados que resultan difíciles de asumir”.
Antes de que los cambios entraran en vigor, el NYSDOH comenzó a enviar notificaciones a los 450.000 afiliados al Plan Esencial afectados. Jorge afirmó que no recibió ni ninguno de los mensajes de texto ni alertas por correo electrónico.
Posteriormente, en mayo, el departamento envió notificaciones de renovación. Sin embargo, muchas personas necesitaron ayuda para comprender esos documentos, según señalaron defensores y organizaciones de salud pública.
“La complejidad radica en que estos avisos y cartas incluyen mucho lenguaje jurídico obligatorio que resulta difícil de interpretar y, por lo tanto, es difícil entender si uno se ve afectado, por qué se ve afectado y qué medidas puede tomar”, afirmó Cassaundra Howell, presidenta y directora ejecutiva de Public Health Solutions, una de las mayores organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la salud pública de la ciudad.
Los defensores dijeron que los recortes federales están afectando a un segmento de la población denominado “trabajadores pobres” —quienes ganan lo justo para llegar a fin de mes, pero no lo suficiente para permitirse un seguro por su cuenta.
Además, los cambios supondrán nuevas cuotas y copagos que muchas familias latinas con bajos ingresos no podrán permitirse, al tiempo que interrumpirán la atención médica a una población que ya presenta una elevada tasa de personas sin seguro.
Entre los grupos afectados se encuentran los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés): inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños y que tenían derecho a un permiso de trabajo y a ciertas protecciones contra la deportación.
En 2023, el estado de Nueva York recibió la aprobación del gobierno federal para financiar la cobertura del Plan Esencial para las personas con DACA cuyos ingresos fueran inferiores al 250 por ciento del umbral federal de pobreza.
Con las nuevas normas federales, las personas con DACA que no estén embarazadas también han perdido la cobertura.
“Es muy preocupante que estas personas no tengan acceso a nada”, afirmó Elisabeth Benjamin, vicepresidenta de iniciativas sanitarias de la Community Service Society (entidad que financia City Limits).
Los defensores están empezando a hacer sonar la alarma, advirtiendo que se avecina una crisis de salud debido a los recortes y a la pérdida de cobertura para miles de personas. Al mismo tiempo, los latinos con bajos ingresos se enfrentan a las consecuencias de otros recortes federales y cambios en la red de protección social, incluidas nuevas barreras para mantener los cupones de alimentos.
“Esto puede generar una crisis de salud peor en este país”, afirmó Lorena Kourousias, directora ejecutiva de la Organización Mixteca.
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