Alcaldía toma medidas contra infracciones de agencias de empleo tras investigación de City Limits

Según la alcaldía, en los últimos años miles de personas en busca de empleo, en particular aquellas con bajos ingresos y que no son hablantes nativos de inglés, han pagado comisiones ilegales por adelantado a agencias de empleo o solo han recibido reembolsos parciales por lo que pagaron a pesar de no haber conseguido trabajo.

Este artículo se publicó originalmente en inglés el 5 de febrero. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.

Es habitual que algunos neoyorquinos desempleados busquen trabajo en una agencia de empleo.

Sin embargo, según la alcaldía, en los últimos cuatro años miles de personas en busca de empleo, en particular aquellas con bajos ingresos y que no hablan inglés fluidamente, han pagado por adelantado a estas agencias o han recibido solo reembolsos parciales, lo cual es ilegal, a pesar de no haber conseguido trabajo.

En 2023, cuando decenas de miles de inmigrantes y solicitantes de asilo llegaron a la ciudad de Nueva York, City Limits informó sobre aquellos que habían recurrido a las agencias de empleo en busca de ayuda y habían pagado comisiones por trabajos que nunca se materializaron. “Esta es la tormenta perfecta para los empleadores sin escrúpulos y las agencias de empleo sin escrúpulos”, dijo en ese momento Hildalyn Colon-Hernandez, directora de operaciones y estrategia en New Immigrant Community Empowerment.

Tras la investigación de City Limits, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés), que regula y concede licencias a las agencias de empleo, llevó a cabo una revisión de cumplimiento, examinando las prácticas de las agencias que habían recibido más quejas. 

“Enviamos una solicitud de documentos más amplia a varias agencias de empleo”, explicó Melissa Iachan, abogada general adjunta del DCWP. “Lo que descubrimos en nuestra revisión fue que muchas de las agencias de empleo parecen estar incurriendo en numerosas conductas ilegales similares, y que estas no están siendo denunciadas, en gran parte porque su engaño es tal que incluso privan a los consumidores de conocer que tienen ciertos derechos”.

Como resultado, el DCWP ha litigado contra tres empresas —incluidas dos sobre las que City Limits informó en 2023— ante la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas (OATH por sus siglas en inglés), un tribunal administrativo independiente que resuelve disputas y violaciones de la ciudad. Hasta ahora, esto ha dado lugar a la imposición de multas civiles por millones de dólares, así como a la restitución de indemnizaciones a los solicitantes de empleo afectados, dijeron los funcionarios.

“Con el boom-boom-boom —1-2-3— de presentar tres casos en menos de un año, esperamos poner en aviso a la industria”, dijo Iachan. 

Según la Ley de Agencias de Empleo del estado, que aplica en la ciudad, las agencias no deben exigir un depósito o pago por adelantado a los solicitantes que buscan trabajo. Si el solicitante finalmente no consigue un empleo, puede exigir un reembolso en un plazo de siete días. El DCWP también exige a las agencias de empleo que proporcionen recibos que incluyan esta información en negrilla, para que los solicitantes de empleo conozcan sus derechos.

Las tres empresas investigadas por el DCWP infringieron esta norma, según las autoridades. Entre ellas se encuentra Golden Rose, una empresa de empleo con sede en Crown Heights, Brooklyn, que, según las autoridades, cobraba anticipadamente entre $50 y $150 dólares y no siempre los reembolsaba.

Golden Rose, que según el DCWP recibió a 2.553 clientes en un periodo de un año, compareció ante la OATH en octubre de 2025. En diciembre, el DCWP envió su informe posterior al juicio y ha solicitado sanciones civiles por un total de $883.200 dólares y $426.324 dólares en indemnización para compensar a las personas afectadas.

Golden Rose solicitó la oportunidad de responder al informe del DCWP, y se espera que lo haga en las próximas semanas. Un abogado que representa a la empresa se negó a hacer comentarios, alegando que el proceso aún está en curso.

En Midtown Manhattan, otra agencia, Eleny’s Employment Agency, que, según la demanda presentada por el DCWP ante la OATH, es “la agencia de empleo contra la que el Departamento ha recibido más quejas en los últimos cinco años”, está acusada de cobrar tarifas ilegales que oscilan entre $100 y $200 dólares por solicitante, utilizar documentos engañosos y no proporcionar a las personas la información a la que tienen derecho según las leyes locales.

La abogada que representa a la propietaria, Eleny Asevedo, ha negado las infracciones. “Su tasa de contratación laboral es extremadamente alta, y todos los que no consiguen un puesto reciben un reembolso completo”, afirmó la abogada Rebecca Szewczuk en un comunicado. “Lleva registros perfectos, coopera con todas las inspecciones y se esfuerza por cumplir con las leyes en constante cambio de la ciudad de Nueva York, incluso cuando el gobierno municipal no se molesta en notificarle las nuevas normas”. 

“Eleny dirige su negocio sola y ha ayudado a muchas personas a encontrar trabajo”, dijo Szewczuk, añadiendo que la propietaria está “entristecida porque la ciudad está tratando de sacarla a ella y a otros como ella del negocio para ganar dinero rápido”. 

La tercera agencia con un caso ante la OATH, llamada CMP, también cobró por adelantado y no devolvió el dinero cuando se le solicitó, lo que es contrario a la ley, y no incluyó la información requerida en los recibos entregados a los clientes, por lo que estos no sabían que podían recuperar su dinero.

Las autoridades solicitaron sanciones civiles por valor de $2.266.500 dólares y una indemnización de $979.610 dólares, basándose en las estimaciones del DCWP sobre el número de clientes afectados por CMP, calculado en 6.818 personas, entre 2022 y 2024. En septiembre, la OATH se puso del lado del DCWP.

“Ganamos”, dijo Iachan. “Tuvimos un éxito total y nos concedieron $2 millones de dólares”.

El abogado que representó a CMP no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, la agencia, que tenía dos sedes, una en Astoria y otra en Kingsbridge Heights, renunció a su licencia y dejó de operar en 2024, alegando dificultades financieras, lo que dificulta mucho el cobro tanto para la ciudad como para los consumidores afectados.

Iachan, junto con Lindsay DeCicco, la abogada del DCWP que representó al departamento ante la OATH, explicó que la ciudad tiene un proceso para cobrar esos fondos: primero lo intenta el DCWP y, luego, se dirige al Departamento Jurídico de la ciudad de Nueva York, que contrata a bufetes de abogados externos para cobrar el dinero que se le debe a la ciudad.

Sin embargo, “dado lo que sabemos sobre esa empresa y el hecho de que no ha estado operando, es muy probable que no veamos el dinero”, admitió Iachan, decepcionado.

“Aunque no todos los casos dan lugar a una restitución directa, el DCWP trata de obtener una restitución para todos los demandantes, tanto a través de la mediación individual como de medidas de ejecución a mayor escala, que son una parte importante de la protección de los trabajadores y de la rendición de cuentas de las agencias de empleo”, dijo un portavoz de la agencia en un comunicado.

Además, la semana pasada el DCWP comenzó a enviar cartas de notificación a todas las agencias de empleo de la ciudad como parte de una campaña de cumplimiento antes de que las empresas soliciten la renovación de sus licencias. 

“Antes de presentar los documentos de renovación, las agencias deben revisar sus prácticas y registros para garantizar el pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables”, señala una versión de la carta revisada por City Limits.

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