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Las propuestas sometidas a votación introducirían varios cambios en la Constitución de la ciudad, que van desde qué hacer con las pequeñas propiedades de la alcaldía hasta cómo planear el futuro fondo de reserva de la ciudad.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 30 de octubre. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
Este reportaje se produjo en colaboración con Factchequeado.
La votación anticipada ya está en marcha en la ciudad de Nueva York, donde continuará hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, y los residentes tendrán su última oportunidad de votar el martes 3, día de las elecciones.
Además de las elecciones para gobernador, el Senado estatal y la Asamblea estatal, en el reverso de las papeletas de los neoyorquinos se les dará la oportunidad de aprobar o rechazar varias propuestas para modificar la Constitución de la ciudad de Nueva York.
Las cinco preguntas de este año abarcan desde qué hacer con las pequeñas propiedades de la alcaldía hasta cómo la ciudad debe planificar su futuro financiero mediante un fondo de reserva.
Varias preguntas agrupan múltiples cambios en una sola propuesta. La administración de Mamdani —que a principios de este año convocó una Comisión de Eficiencia Gubernamental (COGE por sus siglas en inglés) para redactar las medidas sometidas a votación— las impulsa como una forma de lograr un “gobierno más ágil” y eliminar la burocracia. Sin embargo, los críticos han expresado preocupación por algunas de las propuestas.
City Limits ha elaborado esta guía en la que detalla cada pregunta sobre la que ya se han pronunciado cientos de miles de votantes.
Propuesta 1: Consentimiento revocable y uso de espacios públicos
Cuando una empresa desea construir, explotar o mantener “una estructura sobre, debajo o a lo largo de las calles y aceras públicas de la ciudad de Nueva York”, debe contar con un consentimiento revocable, aprobado por el Departamento de Transporte (DOT por sus siglas en inglés) de la ciudad.
Un consentimiento revocable es un permiso para utilizar espacios públicos, como aceras o calzadas, y para una amplia variedad de estructuras, tales como rampas y elevadores de accesibilidad, bancos, postes de servicios públicos, jardineras, aparcamientos para bicicletas o quioscos, según explicó la Comisión de Eficiencia Gubernamental (COGE por sus siglas en inglés) de la ciudad.
La propuesta 1 pregunta a los votantes si desean incluir las solicitudes de cobertizos para restaurantes al aire libre y cafeterías con terraza en el proceso estándar de consentimiento revocable. Actualmente, estas solicitudes requieren un proceso de aprobación independiente y más largo, con pasos adicionales.
“Los restaurantes pueden tener que esperar muchos meses, llegando en ocasiones a perder toda una temporada de servicios al aire libre, con los ingresos y puestos de trabajo que ello conlleva”, afirmó Andrew Rigie, director ejecutivo de NYC Hospitality Alliance, una asociación sectorial sin ánimo de lucro que representa a bares y restaurantes, que apoya la iniciativa legislativa.
Según COGE, la propuesta sustituiría la audiencia pública y los anuncios en la prensa, obligatorios para las solicitudes de consentimiento revocable, por un portal en línea, donde el público podría revisar y comentar las solicitudes pendientes.
El Center for Independence of the Disabled in New York (CIDNY) y Common Cause New York, una organización de vigilancia sin ánimo de lucro, criticaron este aspecto del plan, alegando que se produce a expensas de “la participación pública y la supervisión legislativa”.
Sin embargo, Rigie contraargumenta que el proceso simplificado sigue preservando “las oportunidades para que la comunidad y los funcionarios electos aporten su opinión” y lo califica como “una reforma de sentido común”.
“La ciudad de Nueva York puede proteger el interés público al tiempo que facilita a los restaurantes de barrio la apertura de terrazas al aire libre y el servicio a sus clientes”, afirmó.
Según la propuesta, la alcaldía podría seguir revocando un permiso si necesitara recuperar el espacio público. Las juntas comunitarias podrían seguir manteniendo audiencias, y el Departamento de Transporte (DOT por sus siglas en inglés) podría decidir que es necesaria una audiencia cuando los comentarios del público así lo exijan.
“Si se aprueba, reduciría el proceso de solicitud de terrazas al aire libre en aproximadamente un 75 por ciento pasando de ocho meses a dos, lo que ahorraría tiempo y dinero a pequeños negocios”, señaló Ann Cheng, directora ejecutiva de COGE.
“También acortaría el proceso de construcción de rampas accesibles, como las que cumplen con la ADA, alrededor de dos meses, y de igual modo ahorraría tiempo y dinero en ese proceso”, añadió Cheng.
Propuesta 2: Cambios en el papeleo de los contratistas de la ciudad
La propuesta 2 combina varios elementos. Autorizaría a la Junta de Política de Adquisiciones (Procurement Policy Board, o PPB por sus siglas en inglés) , encargada de establecer las normas para la contratación y las adquisiciones de la ciudad, a elaborar un nuevo formulario previo a la contratación para determinadas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que suministran bienes y servicios a los organismos municipales.
Aborda uno de los dilemas de la ciudad: a los organismos municipales a menudo les resulta muy difícil realizar compras y los contratistas se enfrentan a un sistema complicado que puede provocar retrasos.
La propuesta sometida a votación autorizaría a PPB a modificar el cuestionario previo a la contratación —que deben completar tanto pequeñas como grandes empresas que aspiren a contratos municipales, independientemente del importe de la operación— con el fin de mejorar la eficiencia. Obligaría a la junta a reunirse periódicamente (al menos una vez cada tres meses) para elaborar un nuevo formulario.
Si se aprueba esta medida, PPB podría adaptar el cuestionario para reflejar mejor el tipo o la envergadura de los contratos en cuestión, según explicó COGE, y, como ocurre con cualquier norma nueva, la ciudadanía podría presentar sus comentarios sobre los cambios propuestos.
La alcaldía estima que la simplificación de los requisitos del cuestionario supondría un ahorro de hasta 30 días en el proceso de contratación, frente a la media actual de aproximadamente 13 meses.
La medida también reduciría la carga de trabajo de los organismos municipales en lo que respecta a los requisitos de información anual sobre los contratos previstos de servicios al cliente.
En lugar de tener que redactar un informe preliminar, convocar una audiencia y redactar un informe final, tal y como exige el proceso actual, las agencias se limitarían a publicar sus informes cada año, informando con antelación a la comunidad de proveedores sobre los contratos que tienen previsto adjudicar, según explicó la Oficina de Servicios de Contratación del Alcalde (MOCS por sus siglas en inglés).
Un subsegmento adicional de esta propuesta convertiría en permanente una disposición estatal (cuya vigencia está prevista hasta 2030) que permite a la alcaldía publicar anuncios públicos en línea y recabar comentarios del público sobre los contratos.
Otras disposiciones permitirían al alcalde delegar en los organismos determinadas aprobaciones de contratos no competitivos por un importe superior a $5 millones de dólares, con la aprobación del líder del organismo correspondiente.
Propuesta 3: Proyectos de seguridad vial, disposición de propiedades municipales y arrendamiento de oficinas
La propuesta 3 combina tres medidas diferentes: seguridad vial, bienes inmuebles de propiedad municipal y alquiler de oficinas.
Esta propuesta pretende agilizar el proceso municipal para la construcción de nuevas infraestructuras de seguridad vial, al tiempo que se mantienen los requisitos de participación y consulta a la comunidad.
Actualmente, cuando el Departamento de Transporte (DOT) planea “grandes proyectos de transporte” —como carriles para bicicletas y autobuses que afecten a cuatro manzanas consecutivas o a 1.000 pies, lo que sea menor—, está obligado a consultar con otras cuatro agencias: la Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés), el Cuerpo de Bomberos, el Departamento de Servicios para la Pequeña Empresas de NYC y la Oficina del Alcalde para Personas con Discapacidad (MOPD por sus siglas en inglés). Ciertas subunidades dentro de esos organismos deben dar su visto bueno a los planes, siguiendo unos procedimientos muy específicos.
Si se aprueba la propuesta 3, el Departamento de Transporte seguiría teniendo que consultar con esas cuatro agencias, pero sin la obligación de que las subagencias den su opinión. En su lugar, correspondería a los responsables de cada agencia decidir con cuáles de sus propias unidades o subunidades consultar, según explicó COGE.
El Center for Independence of the Disabled de Nueva York (CIDNY por sus siglas en inglés) ha manifestado su apoyo a esta propuesta electoral, calificándola de “reformas de eficiencia basadas en el sentido común”.
La medida también permitiría al Departamento de Transporte (DOT) seguir adelante con los proyectos al mismo tiempo que informa a las juntas comunitarias locales y a los funcionarios electos, en lugar de hacerlo después, cuando existe una situación de necesidad inmediata, como los cambios en las calles realizados en respuesta a los datos sobre accidentes y seguridad vial. Los defensores de la medida afirman que protegería los nuevos planes de carriles para bicicletas y autobuses para que no se retrasen o se bloqueen por demandas judiciales, alegando que los opositores suelen aprovecharse de los errores y las irregularidades técnicas en el proceso de consulta interinstitucional para interponer recursos legales.
Según el Departamento de Servicios Administrativos Municipales (DCAS), la ciudad cuenta con un excedente de 1.500 lotes, y la alcaldía afirma que alrededor del 6 por ciento de ellos entraría en la categoría de los 10.000 pies cuadrados que podrían venderse.
Según la propuesta 3, los planes para estos lotes ya no se someterían al Procedimiento Uniforme de Revisión del Uso del Suelo (ULURP), el proceso de aprobación pública de la ciudad para determinados proyectos urbanísticos, sino que pasarían por el nuevo Procedimiento Acelerado de Revisión del Uso del Suelo (ELURP), que reduce el plazo de revisión de siete meses a 90 días.
La Municipal Art Society (MAS por sus siglas en inglés) de Nueva York criticó la medida, no solo por agrupar “tres propuestas vagamente relacionadas” en una única pregunta de la papeleta electoral, sino porque, según afirman, no aborda “dos de las necesidades esenciales de la ciudad: los espacios abiertos y la vivienda asequible”
“Los terrenos públicos de la ciudad de Nueva York son uno de sus recursos más valiosos —y limitados”, dijo Viviane Eng, responsable de comunicación de MAS, en un correo electrónico enviado a City Limits. “Una vez vendidos o cedidos, puede resultar difícil o imposible recuperarlos. Las decisiones sobre su futuro deben guiarse por una visión integral y a largo plazo en pro del bien público, y no simplemente por oportunidades de ingresos a corto plazo”.
Un portavoz de COGE, Jimmy Wyderko, afirmó que la propuesta seguiría manteniendo dos pasos clave del proceso de venta de terrenos de propiedad municipal. “La propuesta no modifica el requisito de subasta pública ni los requisitos de uso del suelo que se exigen al nuevo comprador (es decir, si el nuevo comprador desea construir algo que vaya más allá de lo permitido de oficio, tendría que pasar por un proceso ULURP)”, explicó Wyderko en un correo electrónico.
Marcel Negret, director de ordenación del territorio de Regional Plan Association, afirmó que la normativa actual hace que estos pequeños lotes resulten menos atractivos para los potenciales constructores, en un momento en el que la ciudad está tratando de facilitar la construcción del mayor número posible de nuevos apartamentos para hacer frente a la escasez de viviendas.
“Una forma de verlo es como si se les [a estos lotes] colocara en una situación más ventajosa en el mercado”, señaló Negret.
Los funcionarios de COGE afirmaron que la medida reduciría la carga administrativa que supone la venta de pequeños lotes.
Otra parte de esta propuesta sometida a votación eliminaría la necesidad de obtener las aprobaciones del Concejo Municipal y de la Comisión de Planificación Urbana (City Planning Commission) cuando la alcaldía alquile espacios de oficinas para empleados públicos. Actualmente, la alcaldía notifica a la junta comunitaria local y al presidente del distrito sobre dichos alquileres, tras lo cual se celebra una audiencia pública y una votación en la Comisión de Planificación Urbana y, posteriormente, en el Concejo Municipal.
En su lugar, el comisario del Departamento de Servicios Administrativos Municipales (Department of Citywide Administrative Services, DCAS) comunicaría con antelación a la junta comunitaria, al concejal local y al presidente del distrito su intención de adquirir el nuevo espacio de oficinas. A continuación, la alcaldía tendría que notificarlo al Concejo y al interventor.
Propuesta 4: Simplificación del proceso de permisos de construcción y transferencia de los permisos de la zona costera al Departamento de Edificios (Department of Buildings)
La propuesta 4 crearía un centro único y centralizado en línea para la tramitación de permisos de construcción, supervisado por el Departamento de Edificios (DOB), destinado a los solicitantes que deseen realizar obras en un piso o un local comercial, o construir viviendas asequibles. Según el COGE, esto facilitaría a los solicitantes la obtención de permisos de construcción en comparación con el proceso actual, que requiere la participación de docenas de organismos municipales diferentes.
DOB tendría hasta 2030 para poner en marcha este centro. Si los votantes la aprueban, también permitiría que más personal del DOB se encargara de aprobar los certificados de ocupación.
Otro aspecto de esta propuesta consistiría en transferir la responsabilidad de los permisos de construcción en la zona costera del Departamento de Servicios a las Pequeñas Empresas al Departamento de Edificios, donde se encuentra la experiencia necesaria, según explicaron funcionarios y defensores de la propuesta.
“En este momento, el proceso puede resultar confuso”, afirmó Tyler Taba, director de política y asuntos gubernamentales de Waterfront Alliance. “Trasladar esa responsabilidad al DOB es un paso práctico para reducir la confusión, los retrasos y los costes innecesarios en los proyectos de la zona costera”.
Propuesta 5: Establecimiento de objetivos de aportación para el Fondo de Reserva (Rainy Day Fund)
Mediante una propuesta sometida a votación en 2019, los neoyorquinos dieron los primeros pasos para crear un fondo de reserva para cubrir los déficits presupuestarios durante crisis económicas.
El fondo actual de la ciudad, conocido oficialmente como “Fondo de Estabilización de Ingresos”, cuenta con casi $1.700 millones de dólares. Sin embargo, no existen objetivos concretos sobre cuánto debería ahorrar la ciudad con él.
Si se aprueba la propuesta 5, la alcaldía fijaría un objetivo de ahorro para el fondo del 12 por ciento de los ingresos fiscales del año anterior. Pero eso no significa que la alcaldía vaya a aportar ese 12 por ciento de una sola vez: la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), tras consultar con el interventor y la ciudadanía, tendría que elaborar un plan antes de mayo de 2027 en el que se detalle cuándo debe realizar la alcaldía las aportaciones y, en su caso, de qué importe en un año determinado.
La alcaldía aportaría cada año, siempre que se cumpla ese criterio, hasta alcanzar la meta del 12 por ciento. Una vez alcanzado, ya no tendría que aportar al fondo, aunque podría hacerlo si así lo decidieran las autoridades. “Es como la cuenta de ahorros de la ciudad, por lo que se establecería un objetivo del 12 por ciento de los ingresos fiscales del año anterior, con el fin de avanzar hacia la estabilidad fiscal a largo plazo”, explicó Cheng.
Organizaciones que abogan por buenas políticas públicas, como Reinvent Albany y la Citizens Budget Commission (CBC por sus siglas en inglés), instan a la ciudadanía a votar “no” a la propuesta 5, alegando que no es suficiente para obligar a la alcaldía a reforzar sus reservas financieras.
“Votar no a la propuesta 5 no significa oponerse al refuerzo del Fondo. Es un voto que declara que el statu quo no es suficiente y que la ciudad debería hacerlo mejor”, escribió el presidente del CBC, Andrew Rein, en un artículo de opinión publicado en octubre.
La oficina del contralor Mark Levine publicó un informe en abril en el que se sugiere que un objetivo de reservas del 16 por ciento sería suficiente para ayudar a la ciudad a sobrellevar un “período completo por debajo de la tendencia”, como una recesión.
Puedes leer aquí el texto completo de las cinco propuestas sometidas a votación.
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