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Una semana después de que agentes federales detuvieran a vendedores en Canal Street durante una redada de inmigración, los vendedores ambulantes se unieron a los repartidores de comida para exigir mejores condiciones y más protección en sus sectores, en los que hay una gran presencia de inmigrantes.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 31 de octubre. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
Una semana después de que agentes federales arrestaran a vendedores en Canal Street en una redada de inmigración, los vendedores ambulantes se unieron con los repartidores de comida durante una manifestación el 29 de octubre para exigir mejores condiciones y protecciones en sus sectores, donde hay una alta presencia de inmigrantes.
Aunque las protecciones que solicita cada grupo no los protegerán de las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), los defensores de ambos grupos afirman que las políticas municipales —aplicadas por la policía de Nueva York mediante la imposición de multas criminales—, han puesto a los repartidores y vendedores ambulantes en el radar de las autoridades de inmigración.
Después de que el director de ICE, Todd Lyons, anunciara que se producirán “más detenciones” en la ciudad, estos trabajadores se preparan para lo que está por venir.
“El momento es ahora”, dijo Mohamed Attia, director general del Street Vendor Project, durante la manifestación frente a la alcaldía el 29 de octubre. “Porque son nuestros repartidores de comida y vendedores ambulantes los que están siendo atacados como nunca antes”.
Durante la manifestación del miércoles, los defensores y trabajadores de estas industrias pidieron al Concejo Municipal que apruebe una serie de proyectos de ley en las pocas sesiones que le quedan este año, incluida una legislación que prohíba a las aplicaciones de reparto desactivar las cuentas de los trabajadores sin causa justificada.
Con la desactivación, la cuenta de un trabajador se cancela de forma permanente. Los repartidores y los defensores afirman que no existe una definición clara de lo que provoca una desactivación, más allá de las infracciones graves.
“Por favor, aprueben estos proyectos de ley”, dijo Cellou Balde, repartidor del grupo Los Deliveristas, durante la manifestación. “La gente de Nueva York se queja a menudo de los repartidores. Conducimos rápido. Entendemos la preocupación, pero a menudo no tenemos otra opción. Debemos correr el riesgo de repartir rápidamente, a menudo en plazos imposibles, para no perder el trabajo que tenemos. La desactivación es un gran problema para nuestra comunidad, porque este trabajo es nuestro medio de subsistencia”.
Instacart no respondió a la solicitud de City Limits de comentar sobre el proyecto de ley y sus políticas de desactivación. Grubhub afirma que ha estado trabajando con Los Deliveristas Unidos y el Concejo para que su proceso sea transparente. La empresa criticó el proyecto de ley del Concejo, alegando que le quitaría la capacidad de actuar con rapidez para hacer cumplir sus normas, lo cual es esencial para la seguridad pública.
“Tal y como está redactado, el proyecto de ley Intro 1332 obligaría a las plataformas a mantener activos a los repartidores a pesar de los graves problemas de seguridad o servicio y podría exponer información confidencial de los clientes, poniendo en riesgo a comensales, trabajadores de restaurantes y otros repartidores”, afirmó un portavoz de Grubhub en un comunicado.
Kassandra Pérez-Desir, directora de relaciones gubernamentales de DoorDash en Nueva York, citó preocupaciones similares en materia de seguridad. “Estamos de acuerdo en que las desactivaciones deben ser poco frecuentes y gestionarse de forma justa, pero este modelo es perjudicial para todos los que dependen de una plataforma segura. El Concejo debería buscar modelos probados que equilibren mejor la equidad y la responsabilidad”.
Uber afirmó que apoya la idea principal de la nueva ley, pero no los detalles tal y como están redactados. “El proyecto de ley debe centrarse en los trabajadores que han perdido de forma permanente el acceso a las aplicaciones de reparto”, afirmó un portavoz de Uber en un comunicado, en referencia a otra práctica de ‘bloqueos’, que impide a los trabajadores utilizar las aplicaciones en determinados momentos.
El proyecto de ley del Concejo también abordaría los bloqueos, utilizando una definición amplia de “desactivación” como restricción permanente o temporal del acceso a la aplicación.
“Dado que a los repartidores se les paga por todo el tiempo que pasan en la aplicación, y no solo cuando realizan una entrega, las empresas de aplicaciones deben controlar los costes limitando el número de personas que pueden trabajar simultáneamente, al igual que cualquier otro negocio. De lo contrario, miles de trabajadores podrían estar conectados y cobrando cuando hay poca o ninguna actividad de reparto, lo que aumentaría significativamente los costes para los consumidores”, afirmó un portavoz de Uber en un comunicado.
Otro conjunto de proyectos de ley reformaría la venta ambulante en la ciudad ampliando las licencias y, en última instancia, eliminando el límite máximo que se ha mantenido durante mucho tiempo, lo que, según los trabajadores, les ha dificultado operar legalmente (el Concejo aprobó recientemente una ley, anulando el veto del alcalde, que despenaliza la venta ambulante, algo que los vendedores llevaban mucho tiempo reclamando).
Los proyectos de ley también crearían una división de vendedores dentro del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, aumentarían el número de solicitudes disponibles para que se expidan cada año las 445 licencias de supervisión máximas y permitirían vender más lejos de la acera.
La medida se produce después de que la administración de Eric Adams intensificara la criminalización en los sectores de reparto de comida y venta ambulante. Durante la primavera, la policía de Nueva York dejó discretamente de poner multas de tráfico civiles a los ciclistas y ahora expide multas criminales. Además, el 24 de octubre, la ciudad de Nueva York implantó un límite de velocidad de 15 millas por hora para las bicicletas eléctricas y las bicicletas comerciales con asistencia al pedaleo.
Cuando se anunciaron los cambios, el alcalde Adams dijo que la ciudad adoptaría un enfoque basado primero en la educación y luego en las multas, emitiendo advertencias a los infractores por primera vez. “Para que quede claro, no se trata de criminalizar, sino de crear condiciones más seguras y justas para todos los neoyorquinos”, dijo Adams.
Aunque la policía de Nueva York está emitiendo advertencias por el momento, cuando City Limits preguntó, no dijo exactamente cuándo comenzará a emitir multas criminales.
Sin embargo, los defensores y los repartidores criticaron el nuevo límite de velocidad porque supondría un mayor control de la industria, compuesta principalmente por inmigrantes que ya viven con miedo debido a la represión del gobierno de Trump. También culpan a las aplicaciones, afirmando que los trabajadores se ven presionados para realizar las entregas lo más rápido posible.
“[Intro] 1332 trata de garantizar que los repartidores, unos 80.000 en la ciudad, tengan protecciones, asegurándose de que las aplicaciones… no despidan ni castiguen a los repartidores por querer conducir de forma segura, por querer priorizar su seguridad y por optar por quedarse en casa en caso de una redada de ICE”, dijo Ligia Guallpa, directora ejecutiva de Workers Justice Project, la organización sin ánimo de lucro que respalda a Los Deliveristas Unidos, durante la manifestación.
Gabriel Montero, director de desarrollo y comunicaciones del Workers’ Justice Project, dijo que las empresas de aplicaciones han desactivado cientos de cuentas de trabajadores en un mes, dejando a muchos con miedo a perder sus puestos de trabajo.
El concejal Christopher Marte, que representa a la zona de Chinatown, donde tuvo lugar la reciente redada de inmigración, criticó a sus compañeros concejales que aún no han apoyado los proyectos de ley.
“En el Concejo hay ahora mismo hipócritas”, dijo Marte. “Son muy rápidos a la hora de hacer declaraciones, pero aún no han firmado estos proyectos de ley que llevan meses sobre la mesa. Cuando un repartidor sufre un accidente, se lesiona o, en ocasiones —lamentablemente— fallece, nos apresuramos a redactar un comunicado. Nos apresuramos a organizar una manifestación. Sin embargo, no nos apresuramos a celebrar una audiencia y una votación que realmente proteja a nuestros trabajadores”.
Julia Agos, portavoz del Concejo Municipal, dijo en un comunicado que “los proyectos de ley adicionales sobre la venta ambulante siguen su curso en el proceso legislativo, que es deliberativo y permite una amplia participación pública”.
Sin abogados que acepten nuevos casos
Al trabajar en la calle ambos grupos corren un riesgo especial de ser blanco de las redadas de ICE. Pero cuando estos trabajadores son arrestados, junto con otros inmigrantes de la ciudad, es difícil encontrar —o pagar— un abogado que los represente y defienda su caso mientras están detenidos.
Este año, la ciudad de Nueva York asignó más fondos para servicios legales de inmigración en su presupuesto más reciente, aprobado en junio, pasando de $65 millones de dólares a $120 millones, en respuesta a la campaña de represión de la administración Trump.
Sin embargo, varios meses después del inicio del nuevo año fiscal en julio, los defensores de los inmigrantes informaron que, a pesar de la inyección de fondos, sigue siendo muy difícil encontrar un abogado.
Algunos proveedores de servicios legales, como The Bronx Defenders y Brooklyn Defender Services, afirmaron que la financiación no debería ser de solo un año, haciendo hincapié en la necesidad de un apoyo sostenido, ya que muchos casos de inmigración tardan años en resolverse.
“A pesar de estas inversiones, la necesidad sigue creciendo y evolucionando en Bronx Defenders. Recibimos regularmente llamadas de personas que buscan representación para trámites de ICE, naturalización y otras solicitudes de estatus, casos sin detención, post condena, ayuda o representación federal”, declaró Rosa Cohen-Cruz, directora de política de inmigración de Bronx Defenders, en una audiencia del Comité de Inmigración del Concejo a finales de octubre.
Funcionarios de la Oficina de la Alcaldía para Asuntos del Inmigrante explicaron que algunas de las lagunas en la representación legal también se dan cuando un detenido es trasladado fuera del estado, una práctica habitual de la administración Trump.
Las organizaciones de base que prestan servicios a los inmigrantes neoyorquinos afirman que no disponen de los recursos necesarios para ofrecer representación legal a todos aquellos que la solicitan.
“En estos momentos, la ciudad de Nueva York está fallando a nuestras comunidades de inmigrantes en lo que respecta al acceso a los servicios legales. No hay abogados que acepten nuevos casos. El sistema está completamente desbordado”, afirma Adama Bah, directora ejecutiva y fundadora de Afrikana.
“Los migrantes negros están quedando rezagados en un sistema que nunca se creó para ellos”, añadió Bah. “Se les está criminalizando por buscar seguridad, y hasta que la ciudad invierta en servicios legales reales, accesibles y culturalmente competentes para nuestras comunidades, esta crisis continuará”.
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