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Casi 3.000 hogares de la ciudad que viven en viviendas subvencionadas por el gobierno federal, incluidas las de la Sección 8 y las viviendas públicas de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, tienen miembros con estatus migratorio mixto que se verían afectados por el cambio, según los defensores.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 25 de febrero. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
A finales de la semana pasada, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés) emitió una norma que, de promulgarse, prohibiría a las familias con estatus migratorio mixto vivir en viviendas subvencionadas por el gobierno federal.
La norma “exigiría la verificación de la ciudadanía estadounidense o la situación migratoria elegible de todos los solicitantes y beneficiarios de la ayuda en el marco de un programa cubierto, independientemente de su edad”, lo que, según los defensores, afectaría a miles de familias de la ciudad de Nueva York que utilizan los vales de la Sección 8 o viven en viviendas públicas de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA por sus siglas en inglés).
La elegibilidad para recibir asistencia federal para la vivienda ya está limitada a los ciudadanos estadounidenses y a los no ciudadanos con un estatus migratorio que cumpla los requisitos (como los residentes permanentes legales, los refugiados o los asilados).
Estos subsidios para vivienda solo cubren a los miembros del hogar que cumplen los requisitos, lo que significa que las familias con estatus mixtos pagan un alquiler más alto —esto se conoce como asistencia prorrateada (prorated assistance)— que tiene en cuenta a los inquilinos que no cumplen los requisitos.
Sin embargo, el HUD calificó la política actual como una “laguna jurídica” que el gobierno federal quiere cerrar, y llega en un momento en el que el presidente Donald Trump sigue llevando a cabo una agresiva campaña contra los inmigrantes. La administración propuso una norma similar que prohibía las familias con estatus mixto durante el primer mandato de Trump, aunque el presidente Joe Biden la retiró posteriormente.
“Las familias con estatus mixto ya están pagando lo que les corresponde y reciben asistencia prorrateada bajo estrictos requisitos de elegibilidad”, afirmó la congresista de Nueva York Nydia Velázquez en una declaración en respuesta a la última propuesta del HUD. “Se trata de una política cruel e inhumana que pretende obligar a las familias a elegir entre la separación familiar y la falta de hogar. Está diseñada para aterrorizar a las comunidades de inmigrantes, simple y llanamente”.
Según el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP por sus siglas en inglés), alrededor de 20.000 familias en todo el país, la gran mayoría de ellas personas de color, podrían perder la ayuda si la norma entra en vigor. El impacto se dejaría sentir con especial dureza en la ciudad y el estado de Nueva York, donde, según el HUD, se concentra aproximadamente el 13 por ciento de los hogares con estatus mixto que reciben subsidios federales para la vivienda.
“En el estado de Nueva York, hay un total de 498.440 hogares que actualmente reciben ayuda federal para el alquiler, unas 2.540 familias de estatus mixto a las que se les prohibiría recibir ayuda y 914.060 ciudadanos individuales que estarían sujetos a nuevos trámites burocráticos, a pesar de que ya se ha determinado que cumplen los requisitos para recibir ayuda”, afirmó Sonya Acosta, analista política sénior del equipo de vivienda y seguridad de ingresos del CBPP.
El estado de Nueva York es el tercero con mayor número de hogares con estatus mixto en viviendas públicas, después de California y Texas, explicó Francisca Fajana, directora de estrategia de justicia racial de Latino Justice PRLDEF, una organización nacional de derechos civiles.
Según Alex MacDougall, abogado de la unidad de vivienda pública de Legal Aid Society, casi 3.000 hogares de la ciudad estarían en riesgo, lo que afectaría a más de 11.000 personas, incluidos 5.000 niños, con una renta media por hogar de $26.000 dólares.
De promulgarse, advirtieron los defensores, las familias tendrán que elegir entre renunciar a una vivienda asequible o separarse. “Muchos hogares ni siquiera tendrán la opción de separarse para conservar su vivienda, ya que los únicos miembros de la familia que pueden optar a ello son los hijos menores de edad, lo que obligará a toda la familia a vivir en la inseguridad en materia de vivienda”, afirmó MacDougall.
NYCHA, la mayor agencia de vivienda pública del país, afirmó que estaba revisando la propuesta, pero no proporcionó estimaciones sobre cuántos de sus hogares podrían verse afectados. NYCHA “está sujeta a los requisitos actuales establecidos por el HUD, que seguirán vigentes a menos que se publiquen modificaciones en una norma definitiva”, afirmó un portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico.
Dado que los hogares deben declarar su ciudadanía o su estatus migratorio elegible al presentar la solicitud, el HUD ya dispone de información sobre el estatus migratorio de los hogares que reciben prestaciones federales para la vivienda, reiteró el portavoz.
“Esta administración está utilizando a los inmigrantes como chivo expiatorio para distraer la atención de su falta de inversión en viviendas asequibles”, afirmó la congresista Velázquez en un comunicado.
Los defensores locales y los defensores civiles también rechazaron la falsa afirmación del gobierno federal de que las autoridades de vivienda están proporcionando subsidios a inmigrantes indocumentados. En un artículo de opinión publicado la semana pasada en el Washington Post, el secretario del HUD, Scott Turner, afirmó que la norma propuesta pondría fin a “la era de los extranjeros ilegales y otros no ciudadanos no elegibles que explotan los recursos de vivienda pública”.
“Esto es simplemente falso”, explicó Anna Luft, directora del proyecto de justicia en materia de vivienda pública del New York Legal Assistance Group. “NYCHA, junto con otras autoridades de vivienda, ya cuenta con un proceso para verificar el estatus migratorio de los inquilinos y confirmar quiénes reúnen los requisitos para recibir subsidios de alquiler financiados por el HUD o para pagar un alquiler prorrateado —esencialmente a precio de mercado— como parte de un acuerdo de convivencia de estatus mixto”.
Aunque los defensores de los derechos de los inquilinos están preocupados por la posibilidad de futuros desalojos, también instan a la gente a no entrar en pánico, ya que la norma sigue siendo solo una propuesta.
El público tiene 60 días, hasta el 21 de abril, para presentar sus comentarios al respecto. Una propuesta similar durante el primer mandato de Trump, que finalmente nunca entró en vigor, recibió unos 30.000 comentarios públicos, más del 95 por ciento de ellos en contra del cambio, según la Coalición Nacional de Vivienda para Personas con Bajos Ingresos.
“Por el momento… las leyes existentes en torno a la ayuda prorrateada siguen sin cambios en lo que se refiere a las personas que viven en hogares de estatus mixto”, dijo Luft.
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