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Uno de los deportados al CECOT es el venzolano Edicson David Quintero Chacón. El 16 de abril un grupo de abogados del American Immigration Council, del National Immigration Project, y del Center for Constitutional Rights presentó una petición de hábeas corpus, solicitando a un juez federal que ordene la inmediata puesta en libertad.
El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva invocando la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) el 14 de febrero, pero la orden no se hizo pública inmediatamente, así que esta no vio la luz pública sino hasta el 15 de marzo.
Con la orden ejecutiva, el gobierno federal designó a la pandilla Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, y con esta puede detener y, por un tiempo, pudo expulsar a inmigrantes mayores de 14 años sin audiencia judicial.
El mismo día que la administración publicó la orden ejecutiva, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) presentó una demanda en un tribunal federal en Washington buscando bloquear que el presidente invocara la ley. Y ese mismo día el juez federal de Washington, James E. Boasberg, ordenó al gobierno no deportar a nadie en virtud de la ley y que devolviera los aviones que ya hubieran despegado.
Mientras tanto, ese mismo dia, tres aviones con inmigrantes deportados desde los Estados Unidos aterrizaron en El Salvador y las personas deportadas fueron encerrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La administración Trump ha insistido en que no violó la orden del juez Boasberg.
En una apelación de emergencia, la Corte Suprema emitió una orden declarando que los migrantes sujetos a deportación en virtud de la ley tenían derecho a ser notificados. Pero al mismo tiempo, la orden afirma que la administración Trump podía continuar con las deportaciones si las personas tenían la oportunidad de defender su caso ante los tribunales y disponían de “un plazo razonable” para impugnar sus expulsiones pendientes.
Entre los deportados a El Salvador está Kilmar Armando Abrego Garcia, quien ha sido acusado por el gobierno de ser parte de la pandilla MS-13. La orden de la corte le pide al gobierno estadounidense “facilitar” la liberación de Abrego García.
El 16 de abril un grupo de abogados del American Immigration Council, del National Immigration Project, y del Center for Constitutional Rights presentó una petición de hábeas corpus —que es un procedimiento judicial interpuesto por personas que alegan estar siendo detenidas ilegalmente por el gobierno— para Edicson David Quintero Chacón, un inmigrante venzolano en el CECOT.
Así que para hablar de Quintero, invitamos a una de las abogados detrás de su caso, Stephanie M. Alvarez-Jones, abogada regional del Sureste del National Immigration Project.
Más detalles en nuestra conversación a continuación.
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