El largo camino hacia la justicia para las víctimas del robo de salarios en Nueva York

 Más de tres años después de que 15 trabajadoras de una lavandería presentaran su primera denuncia ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, las empleadas –todas ellas mujeres inmigrantes latinas– recibieron por fin los primeros cheques de los salarios que se les debían. El caso es emblemático de lo que puede ser un largo camino hacia la justicia para las víctimas del robo de salarios, que los legisladores estiman impacta a unos 2.1 millones de neoyorquinos cada año.

Este artículo apareció originalmente en inglés. Translated by Daniel Parra.

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Ellas rápidamente aprendieron el ciclo de lavado: recibir, lavar, secar, planchar, doblar y empacar la ropa en bolsas, y luego prepararla para su distribución en camionetas de reparto. Ellas registraban su salida cuando toda la ropa estaba lista para ser enviada, un proceso que llevaba más tiempo que la jornada laboral normal de 8 horas, pero sin que se les pagara las horas extras, ni licencia por enfermedad. Creían que no tenían derecho a cobrar las horas extra por ser inmigrantes, y se equivocaban.

Las trabajadoras eran empleadas de Enterprise Cleaner, también conocida como JM Pro o KTN Cleaner, lavanderías comerciales en Astoria, Queens, donde los propietarios no pagaban el salario mínimo, las horas extra, ni días de enfermedad, según una investigación realizada por la oficina del fiscal general de Nueva York. La fiscalía comenzó ha trabajar en este caso en 2020. Los propietarios de la empresa de lavandería llegaron a un acuerdo con la oficina de la fiscalía en octubre de 2022, aceptando devolver $90.000 dólares en salarios.

A principios de febrero, más de tres años después de que las trabajadoras de la lavandería presentarán por primera vez su denuncia ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, 15 trabajadoras, todas mujeres inmigrantes latinas, finalmente recibieron los primeros cheques por los salarios que les debían. El caso es emblemático de lo que puede ser un largo camino hacia la justicia para las víctimas del robo de salarios, incluso cuando los trabajadores cuentan con funcionarios electos y defensores de su lado. Los legisladores estiman que unos 2.1 millones de neoyorquinos son víctimas de robo de salario cada año, muchos de ellos inmigrantes que creen erróneamente que las leyes laborales no los protegen.

“[Nosotras] no esperábamos que íbamos a ganar, porque había pasado mucho tiempo y no sabíamos nada”, dijo Delia, de 34 años, una de las trabajadoras incluidas en el acuerdo y quien prefirió no revelar su apellido por temor a represalias.

Un bufete de abogados que representa a Enterprise Cleaners, la empresa acusada en el caso, se negó a comentar sobre el acuerdo.

La decisión de los trabajadores de llevar el caso a la oficina del fiscal general fue para sentar un precedente, dijo Rosanna Rodríguez, co-directora ejecutiva de Laundry Workers Center, y quien trabajó con las demandantes.

“Queríamos que otros empleadores y trabajadores vieran las consecuencias”, dijo Rodríguez. “Para crear impacto, como un efecto de propagación, para que los empleadores de la industria se den cuenta que hay agencias gubernamentales vigilándolos”.

Pero el dinero recaudado de los casos de robo de salarios palidece en comparación con la cantidad de personas afectadas. Un estudio de la Universidad de Cornell publicado hace más de una década, pero que todavía se usa como punto de referencia por quienes diseñan las políticas públicas, estimó que el robo de salarios en Nueva York es de $1.000 millones de dólares anuales.

En julio de 2022, la gobernadora Kathy Hochul anunció una ofensiva estatal contra el robo de salarios, poniendo en marcha un “esfuerzo múltiple” que incluía la creación de una línea telefónica directa y un sistema en línea para que los trabajadores denuncien las infracciones. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el estado ha recuperado unos $3 millones de dólares en salarios adeudados por los empleadores infractores, según informó la oficina del gobernador en el momento del anuncio. El Departamento de Trabajo no respondió de inmediato a las peticiones de City Limits para conocer las cifras actualizadas o cuántas denuncias ha recibido la nueva línea directa desde que se inauguró en verano.

La fiscalía general, una de las entidades gubernamentales más agresivas en la persecución de estos delitos, ha recuperado más de $23 millones en los últimos tres años en casos relacionados con robo de salarios y casos en los que el salario juega un papel: $6.35 millones de dólares de 11 casos en 2022; $15.38 millones de dólares de cinco casos en 2021; y $1.99 millones de dólares de tres casos en 2020.

Los fiscales de distrito también investigan casos de robo de salarios. Melinda Katz, la fiscal del distrito de Queens, inauguró la oficina de vivienda y protección del trabajador en 2020, que ha abierto ocho investigaciones que involucran a docenas de trabajadores, según un portavoz. Dicha iniciativa ha devuelto más de $1.4 millones a las víctimas de robo de salarios desde que comenzó.

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, Jr. ha recuperado más de $6 millones desde 2018, dijo la portavoz del fiscal de Manhattan Emily Tuttle: $517.000 de una compañía en 2018; $3.7 millones de tres compañías en 2019; $150.000 de una compañía en 2020; $112.000 de una compañía en 2021; $1.7 millones de una compañía en 2022; y $17.000 de dos compañías en lo que va de este año 2023.

Durante años, los legisladores y defensores han estado impulsando dos proyectos de ley que facilitarían la recuperación e investigación de casos de robo de salarios en el estado. El proyecto de ley Securing Wages Earned Against Theft (SWEAT) concedería a las víctimas la posibilidad de embargar los bienes de su empleador si la empresa quiebra o se declara en bancarrota, una táctica que algunos utilizan para evitar pagar, dicen los defensores.

El otro proyecto de ley, presentado por la asambleísta Catalina Cruz y el senador estatal Neil Breslin, modificaría la legislación neoyorquina sobre hurto mayor para incluir el robo de salarios, e incluiría los salarios en la definición de “propiedad” para permitir a los fiscales acusar a los empleadores de delitos más graves que los actualmente tipificados.

“Actualmente, la ley del estado de Nueva York no considera el robo de salarios como robo de bienes, lo que significa que los fiscales no pueden acusar de hurto por los salarios robados”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg en un comunicado, en el que anunció la creación de una unidad para investigar y enjuiciar el robo de salarios y otras formas de explotación y acoso laboral. “En consecuencia, las personas y las empresas que roban los salarios de los trabajadores generalmente enfrentan cargos de esquema para defraudar, que es el delito grave de nivel más bajo según la ley del estado de Nueva York”, agregó.

Esa nueva unidad incluirá un fondo de $100,000 para compensar a los trabajadores que de otro modo quedarían excluidos del pago de restitución, dijo la oficina del fiscal de distrito de Manhattan como parte del anuncio, señalando que “las víctimas del robo de salarios no siempre son resarcidas mediante procesos penales”.

Tanto los defensores como los abogados privados reconocen que las agencias gubernamentales encargadas de investigar los delitos contra el robo de salario generalmente no tienen suficiente personal y sus casos pueden llevar mucho tiempo.

La investigación de las lavanderías de Queens tomó más de tres años desde que la oficina del fiscal general inició su investigación por primera vez en enero de 2020 hasta el 8 de febrero, cuando las 15 víctimas recibieron sus primeros cheques de compensación.

Como parte de la resolución, la oficina del fiscal general identificará a las trabajadoras de restitución elegibles, determinará el monto de la restitución y programará los pagos futuros.

El dinero recuperado por las trabajadoras con las que City Limits habló, hasta el momento asciende a un par de miles de dólares para cada una. “No era mucho dinero, pero es algo”, dijo en español una de las empleadas llamada Micaela, de 41 años. “Hemos logrado evitar que sigan abusando de las trabajadoras”.