Share This Article
Los defensores de la vivienda afirman que tienen la intención de oponerse a la aplicación de la normativa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés), que, según ellos, podría obligar a unos 2.500 hogares neoyorquinos a renunciar a las ayudas federales para la vivienda o a separarse de sus familias.

Este artículo se publicó originalmente en inglés el 16 de noviembre. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
El 10 de noviembre, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés) publicó una norma que exige a los hogares que residen en viviendas públicas financiadas con fondos federales que acrediten su ciudadanía, lo que podría afectar a miles de familias con situaciones migratorias mixtas.
La nueva norma, que se propuso a principios de este año y entraría en vigor el 14 de diciembre, endurece los requisitos de acceso a las ayudas federales para el alquiler, especialmente para los inmigrantes.
Actualmente, los inmigrantes indocumentados no pueden optar a las ayudas federales para la vivienda. Sin embargo, se les permite vivir en viviendas subvencionadas con fondos federales —como los edificios de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA por sus siglas en inglés)— junto con otros miembros de la familia que cumplan los requisitos, en lo que se denomina hogares de “estatus mixto”.
Estos hogares pagan un porcentaje más alto del alquiler para compensar la presencia del miembro de la familia que no cumple los requisitos, y reciben lo que se conoce como “una tarifa prorrateada” (prorated assistance).
Según la nueva normativa, todos los miembros de un hogar que reciba ayudas federales para el alquiler —incluidos aquellos con vales de la Sección 8 o que vivan en viviendas públicas de la Sección 9— deberán probar su ciudadanía o un estatus migratorio que les dé derecho a recibir subvenciones federales, tal y como se establece en la normativa federal denominada Sección 214.
Incluso los inmigrantes que se encuentran legalmente en Estados Unidos podrían verse afectados por ese requisito, según los expertos.
“Las personas pueden estar en Estados Unidos de forma legal, pero no por ello tienen necesariamente derecho a la ayuda para el alquiler en virtud de la Sección 214”, explicó Lucy Newman, abogada supervisora de la unidad de vivienda pública de Legal Aid Society, y añadió: “esa es una parte realmente importante de todo esto”.
Entre los estatus migratorios que dan derecho a recibir ayudas federales para la vivienda se incluyen los residentes permanentes, asilados o refugiados, supervivientes de la trata de personas, solicitantes en virtud de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres e inmigrantes admitidos para recibir asistencia temporal legal, entre otros.
Entre los estatus migratorios que no dan derecho a estas ayudas se incluyen los titulares de visas U, beneficiarios del programa DACA, TPS e inmigrantes indocumentados.
Newman explicó que en promedio tres de cada cuatro miembros de los hogares de estatus mixto de la ciudad de Nueva York tienen un estatus migratorio que les da derecho a recibir ayuda federal, y advirtió que la nueva norma podría provocar que esos miembros con derecho a la ayuda se muden o les obligue a separarse de sus seres queridos.
Una coalición de 22 fiscales generales estatales, entre ellos el de Nueva York, envió en abril una carta al secretario del HUD, Scott Turner, oponiéndose al cambio normativo que afectaría a 2.500 hogares con estatus mixto en Nueva York.
“Nosotros y otros activistas estamos trabajando para retrasar o detener la aplicación de esta medida, lo que incluye plantearnos emprender acciones legales”, afirmó Newman.
Los comentarios públicos presentados en contra de la norma argumentaban que es innecesaria porque los miembros del hogar que no cumplen los requisitos no reciben subsidios federales, y que desplazaría a algunos hogares sin liberar ayudas para otros.
“En realidad, resulta más caro financiar a los hogares que cumplen todos los requisitos, ya que la ayuda tiene que cubrir a todas las personas de ese hogar”, explicó Newman. “Si esta norma entra en vigor, la situación general será que se acabará ayudando a menos personas porque el programa costará más”.
“En realidad, resulta más caro subvencionar a los hogares que cumplen todos los requisitos, ya que la ayuda tiene que cubrir a todas las personas de ese hogar”, explicó Newman. “Si esta norma entra en vigor, la situación general es que acabarán ayudando a menos personas porque el programa costará más”.
Según el Center for Budget and Policy Priorities, un grupo de análisis político no partidista, casi 80,000 personas de 20,000 hogares de todo el país podrían correr el riesgo de perder sus viviendas; el 96 por ciento son personas de color, de las cuales el 86 por ciento son latinas.
Después de California y Texas, el estado de Nueva York es el tercero con mayor número de hogares de estatus mixto en viviendas públicas.

NYCHA, que gestiona un programa de la Sección 8, así como conjuntos de vivienda pública de la Sección 9, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el cambio normativo. El Departamento de Conservación y Desarrollo de la Vivienda de la ciudad, que también gestiona la Sección 8 a nivel local, remitió las preguntas a la oficina del alcalde.
En una declaración a City Limits, el alcalde Zohran Mamdani expresó su oposición a la norma, al tiempo que tranquilizó a los neoyorquinos que reciben ayudas federales para la vivienda asegurándoles que el anuncio de la semana pasada no supondrá un cambio inmediato en su subsidio.
“En la ciudad de Nueva York, creemos que todo el mundo merece un lugar seguro y asequible al que llamar hogar, independientemente de dónde haya nacido o de su situación migratoria”, afirmó Mamdani. “La ciudad está evaluando todas las opciones disponibles para defender a los neoyorquinos y proteger su acceso a la vivienda. Porque nadie debería vivir con el miedo de perder su hogar por el lugar de donde proviene”.
La División de Vivienda y Renovación Comunitaria del estado de Nueva York (DHCR por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria de Nueva York y supervisa algunos programas de la Sección 8, afirmó que “seguirá analizando el posible impacto de estos cambios propuestos”.
En una entrevista con FOX, el secretario del HUD, Turner, se refirió a la norma como el cierre de una “brecha legal que llevaba décadas existiendo”.
“Estamos poniendo fin a las subvenciones destinadas a las fronteras abiertas de Biden, defendiendo el estado de derecho, cerrando la brecha legal de décadas de antigüedad relativa a los ‘compañeros de piso con estatus mixto’ y protegiendo el dinero de los contribuyentes estadounidenses”, declaró un portavoz del HUD en un comunicado a City Limits, señalando que el cambio liberará $218 millones en subvenciones para “hogares estadounidenses que cumplan todos los requisitos”.
Sin embargo, los defensores de la vivienda señalan que, en la actualidad, no se ofrecen ayudas a las personas que no cumplen los requisitos para acceder al programa.
“Las familias con estatus mixto subvencionan las viviendas del HUD para el resto de personas”, afirmó Marie Claire Tran-Leung, directora del Proyecto de Iniciativa contra los Desahucios y abogada responsable del Proyecto Nacional de Derecho de la Vivienda.
«Si estas familias se ven obligadas a marcharse, habrá menos fondos disponibles para las viviendas subvencionadas por el HUD, lo que reducirá la oferta de viviendas y agravará la crisis de la vivienda para todos”, añadió Tran-Leung. “Esto es especialmente importante en un lugar como Nueva York, donde existe sin duda una escasez de viviendas y, sobre todo, una escasez de viviendas asequibles”.
No obstante, tanto ella como otros defensores de la vivienda instan a la gente a tener paciencia y a mantener la calma.
“Existe el riesgo de que las familias se autoexpulsen en este momento, a pesar de que tienen derecho a quedarse donde están”, subrayó Tran-Leung. “Aún no tienen que marcharse hasta que esta norma entre en vigor, y los defensores están tratando de idear o impulsar diferentes vías para bloquear o retrasar esa fecha de entrada en vigor”.
Los abogados en vivienda explicaron que, a partir del 14 de diciembre, en caso de que la norma entre en vigor, los inquilinos dispondrían de 90 días para demostrar su situación migratoria. Incluso si una autoridad de vivienda decide que alguien no cumple los requisitos, subrayaron los defensores, los residentes siguen teniendo derecho a un debido proceso con las garantías debidas.
“Eso es otra cosa que queremos destacar: se supone que debe haber un proceso, por lo que no debería ser algo que ocurra de la noche a la mañana”, explicó Tran-Leung.
Los defensores relacionaron el cambio normativo con la agresiva campaña de la administración Trump contra la inmigración. El HUD intentó impulsar una política similar en 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, pero el presidente Joe Biden la retiró posteriormente.
“Lo que vemos es cómo Trump y el HUD se aprovechan de las crisis económicas para destruir los programas federales de vivienda, sembrando la división y convirtiendo a los inmigrantes en chivos expiatorios”, afirmó Tran-Leung.
Otra consecuencia de la norma, explicó Newman, es una menor estabilidad para los inmigrantes que están a punto de obtener la regularización.
“Hemos tenido clientes que, tras un periodo de 18 meses, ahora son titulares de la tarjeta verde”, señaló. “Hay muchas personas que viven en esos hogares y que podrían regularizar su situación migratoria en un futuro próximo”.
Por ahora, sin embargo, según Newman, “la gente debe saber que, hasta que entre en vigor, nada ha cambiado. No deben mudarse ni ser desahuciados por miedo”.
Para ponerse en contacto con el reportero de esta noticia, escriba a [email protected] y [email protected]. Para contactar a la editora, escriba a [email protected].
