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Los familiares se enfrentan a las dificultades de tener a un ser querido detenido y al reto de encontrar un abogado que represente a la persona detenida mientras el reloj avanza hacia su deportación.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 18 de junio. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
El marido de la mujer tenía que comparecer para un control rutinario y obligatorio en la corte de migración en el 26 Federal Plaza a finales de mayo.
Ella y su hija —quienes pidieron no ser identificadas por temor a poner en peligro sus casos de inmigración en curso— no le acompañaron. La mujer dijo que su marido, de origen ecuatoriano, tenía su primera corte de asilo. La familia ha estado viviendo en el sistema de albergues de la ciudad por más de un año.
Según su esposa, justo después de que el juez desestimara el caso de su marido, el hombre fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
Su arresto es uno de los muchos que se han producido en las últimas semanas en los tres tribunales de inmigración de Manhattan, como parte de la nueva táctica de ICE para llevar a cabo deportaciones masivas de personas que se presentan a sus audiencias de inmigración.
Ahora, mientras la mujer afronta las dificultades que supone tener a un ser querido detenido, también debe encontrar un abogado que represente a su marido, mientras el reloj de la deportación avanza.
“Me siento impotente”, dijo la esposa del detenido. “Tenía su [número de Seguridad] Social, permiso de trabajo, con todos sus papeles en regla. Un hombre al que le gusta trabajar, y ICE se lo lleva”.
Tras la toma de posesión, la administración de Donald Trump amplió el alcance de una política de inmigración conocida como “deportación acelerada”, promulgando una expansión a nivel nacional (algo que también había intentado durante su primer mandato).
Antes, esta política sólo se aplicaba a las personas detenidas a menos de 160 kilómetros de una frontera internacional y a las que llevaban menos de dos semanas en los Estados Unidos. Con la ampliación, quienes no puedan demostrar que llevan más de dos años en el país serán objeto de deportación acelerada.
Poco después del anuncio, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y Make the Road New York (MRNY por sus siglas en inglés) demandaron a la administración por la ampliación. Mientras el caso sigue su curso en los tribunales, ICE sigue adelante con los arrestos. NBC News informó de que el Departamento de Justicia dio instrucciones a los jueces de inmigración para que desestimaran rápidamente los casos, sin conceder a los inmigrantes el plazo de respuesta típico de 10 días.
El martes, el contralor de la ciudad, Brad Lander —candidato actual para las primarias demócratas para la alcaldía—, fue esposado y detenido temporalmente por agentes enmascarados de ICE cuando acompañaba a un hombre a la salida de una vista del tribunal de inmigración en el 26 Federal Plaza, después de que se desestimara su caso.
Ese hombre, llamado Edgardo, se encuentra ahora detenido por ICE, dijo Lander a los periodistas tras su propia liberación.
“Que yo sepa, no tiene abogado”, dijo el contralor, según un vídeo compartido en línea por el sitio de noticias Hell Gate. “Ha sido despojado de los derechos estadounidenses al debido proceso por un gobierno y un juez que le deben una audiencia de miedo creíble antes de deportarlo”.
Cuando los jueces de inmigración desestiman los casos de deportación, esas personas se quedan sin mucha protección, lo que permite a los agentes iniciar una expulsión acelerada.
“No es lo mismo que alguien que está en la calle y ICE no sabe nada de él”, explicó Paige Austin, abogada supervisora de litigios de Make the Road. “ICE lo sabe todo sobre ellos. Vienen a su cita con el tribunal y hay un aviso previo de quién tiene tribunal así que ICE tiene su foto, tienen sus registros, tienen sus documentos de la frontera”.
Sin embargo, la política es difícil de entender para las familias afectadas, que dicen haber seguido las normas desde que llegaron al país.
“En términos de patrones, muchas de las personas que hemos visto que han sido detenidas por [el Departamento de Seguridad Nacional] son miembros que contribuyen a su comunidad, se han presentado a las audiencias judiciales y han cumplido con sus obligaciones legales, y a menudo no tienen antecedentes penales en absoluto”, dijo Melissa Chua, codirectora de la New York Legal Assistance Group’s Immigrant Protection Unit.
Incluso antes de que Trump asumiera el cargo este año, muchos inmigrantes tenían dificultades para encontrar o pagar ayuda legal (y a diferencia de los casos penales, la representación no está garantizada en los tribunales de inmigración).
Ese acceso se complica aún más porque, tras la detención, las personas son trasladadas a estados lejanos como Texas o Luisiana. Allí está el esposo de la mujer quien fue detenido a finales de mayo, tras una breve estancia en Texas. City Limits supo de ella por última vez el 6 de junio.
El traslado hace más difícil que las organizaciones de Nueva York acepten su caso, explicó la esposa, quien dijo haber salido todos los días a llamar a las puertas de todas las organizaciones y servicios jurídicos que le han sugerido.
“Incluso he hablado con abogados privados que me dicen que pueden ayudarme a sacarlo bajo fianza por $3.000 dólares”, dijo la esposa del hombre, agregando que estaba considerando esta opción, pero que no tenía los medios para pagarla. La última vez que City Limits habló con ella, a principios de junio, seguía buscando un abogado para su marido, quien, según dice, tiene hasta el 30 de junio para apelar su deportación.
Cuando se le preguntó, la alcaldía no respondió a las preguntas sobre qué orientación o asistencia está proporcionando la ciudad a los familiares de las personas detenidas después de las audiencias de inmigración. Un portavoz del alcalde se refirió al amicus curiae presentado por la ciudad en el caso de Dylan López Contreras, un estudiante de secundaria detenido en un tribunal de Manhattan tras asistir a una vista de inmigración.
“Las tácticas empleadas en el caso de Dylan —utilizar su comparecencia ante el tribunal para una visita rutinaria de inmigración como una oportunidad para detenerle— amenazan con disuadir a la gente de acceder al sistema judicial del que depende la gobernanza local”, escribió en el escrito la abogada jefe de la ciudad, Muriel Goode-Trufant.
En los últimos meses, la ciudad ha ido reduciendo muchos de los servicios que antes ofrecía a los inmigrantes a su cargo, alegando la disminución del número de recién llegados (aunque el mes pasado quedaban unos 38.000 en el sistema de albergues).
En mayo, la alcaldía anunció el cierre del Centro de navegación de recursos para solicitantes de asilo, un lugar donde los inmigrantes podían presentar su documentación de inmigración y obtener ayuda con sus casos. Está previsto que cierre a finales de mes.
La administración también reestructuró un programa de la era de Blasio, anteriormente conocido como ActionNYC, que financiaba ayuda legal en materia de inmigración en instituciones de la ciudad como hospitales, escuelas y bibliotecas.
“La demanda de estos recursos supera los recursos disponibles, y eso era cierto antes de que la ciudad anunciara que iba a cerrar estos centros de ayuda”, dijo Rosa Santana, codirectora ejecutiva de Envision Freedom Fund, una organización que ha ayudado a pagar fianzas de personas para salir de los centros de detención cuando esa opción está disponible.
Sin embargo, “para la mayoría de los inmigrantes detenidos y sus familias, las fianzas son imposibles de pagar”, explicó Santana, quien añadió que el año pasado la fianza media en el estado de Nueva York fue de $10.000 dólares, el doble de la media nacional.
El Concejo de la ciudad está presionando actualmente para conseguir $109 millones de dólares en el presupuesto del próximo año fiscal para programas de servicios legales de inmigración, por encima de la asignación del año pasado de $25 millones de dólares, dicen los defensores. Esto incluiría $40 millones de dólares para la Immigrant Opportunity Initiative (Iniciativa de oportunidades para inmigrantes), que ayuda a los inmigrantes neoyorquinos de bajos ingresos a solicitar la ciudadanía o la residencia permanente, así como $10 millones de dólares para el Rapid Response program (programa de respuesta Rápida), que ayuda a las personas que se enfrentan a la detención o deportación.
A nivel estatal, la oficina de la gobernadora Kathy Hochul dijo que el acuerdo presupuestario más reciente, aprobado en mayo, incluía $50 millones de dólares para servicios legales de inmigración. El miércoles, al menos un grupo de defensa, Vera Institute of Justice, pidió a la legislatura —que acaba de terminar su trabajo para el 2025 la semana pasada— volver a reunirse para una sesión especial para aumentar esos fondos.
“Esta redada de inmigración es una afrenta al debido proceso que ha atrapado a miles de personas que trabajan, mantienen a sus familias y son miembros de sus comunidades desde hace mucho tiempo”, dijo en un comunicado Shayna Kessler, directora de la iniciativa Advancing Universal Representation de la organización. “Estamos alarmados por esta escalada”.
Los defensores de los inmigrantes en Nueva York afirman que empezaron a recibir llamadas sobre detenciones y encarcelamientos en los juzgados tras una acalorada reunión celebrada el 21 de mayo en la que Stephen Miller, jefe adjunto de personal de la Casa Blanca, y Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, instaron a los agentes del ICE a detener a 3.000 personas al día.
Días después, documentos internos obtenidos por el Washington Post mostraban que el gobierno federal estaba dando instrucciones a ICE para que detuviera a personas en las cortes.
Los abogados consultados para este reportaje dijeron que no podían dar recomendaciones específicas a quienes tuvieran que comparecer próximamente ante un tribunal de inmigración, ya que depende de las particularidades de cada caso.
Las personas representadas por un abogado pueden solicitar una comparecencia virtual, sugirió Chu, y añadió que los padres preocupados por las detenciones pueden nombrar a un tutor de reserva para que se haga cargo de sus hijos en caso de que sean detenidos.
Austin añadió que las personas detenidas pueden solicitar una entrevista de “temor creíble“, un proceso de selección para determinar si alguien tiene un temor válido de persecución o tortura si es devuelto a su país de origen.
A principios de este mes, ella dijo que MRNY estaba trabajando en 50 casos de personas que fueron detenidas tras una audiencia de inmigración en Manhattan; 35 seguían detenidas en ese momento, mientras que algunas ya habían sido deportadas.
“Sólo se puede imaginar que esto es probablemente una pequeña fracción”, dijo Austin. “En este momento, estamos recibiendo una avalancha de llamadas telefónicas de personas con citas futuras para audiencias, que están muy asustadas”.
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