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Nueva York es uno de los 20 estados que han demandado a la administración Trump por esta solicitud, que según los defensores tendrá un “efecto intimidatorio” sobre la participación en el programa SNAP entre las personas necesitadas que cumplen los requisitos. La alcaldía ha declarado que está estudiando sus opciones y que la medida “solo empeorará la inseguridad alimentaria en nuestra ciudad”.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 31 de julio. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
Las autoridades de Nueva York y los defensores contra el hambre condenaron la solicitud del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) para que los estados compartieran información personal de los beneficiarios de cupones de alimentos, y la alcaldía dijo que está revisando sus opciones en torno a la orden, cuyo plazo venció esta semana.
En mayo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) solicitó a los estados que entregaran datos —como nombres, fechas de nacimiento, direcciones personales y números de la Seguridad Social— de todos los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés) de los últimos cinco años antes del 30 de julio, so pena de perder la financiación federal.
Citando la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de marzo, el USDA afirmó que los datos le ayudarán a combatir despilfarro, fraude y abuso.
Las ayudas alimentarias, comúnmente conocidas como cupones de alimentos, pueden utilizarse para comprar alimentos y comestibles en tiendas autorizadas. Alrededor de 2.9 millones de neoyorquinos de bajos ingresos están actualmente inscritos en el programa, es decir, cerca del 14 por ciento de la población del estado. Casi un tercio son niños.
El 23 de julio, el USDA amplió la petición de información solicitada para incluir el estatus migratorio y la información sobre los miembros del hogar. Aunque los inmigrantes indocumentados no pueden acogerse al programa, las familias con estatus migratorio mixto, con niños que sean ciudadanos estadounidenses pueden acceder a las prestaciones.
A principios de esta semana, 20 fiscales generales estatales —incluyendo Nueva York— demandaron para desafiar a la administración Trump.
Sin embargo, según la Oficina de la Fiscal General de Nueva York, el plazo del miércoles seguía en vigor a pesar de la acción legal, por lo que los estados y los distritos de servicios sociales aún pueden responder.
Si bien SNAP está financiado por el gobierno federal, en Nueva York, la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad (OTDA por sus siglas en inglés) se encarga de gestionar y distribuir las prestaciones a nivel estatal. En la ciudad de Nueva York, la Administración de Recursos Humanos, que forma parte del Departamento de Servicios Sociales de la ciudad, supervisa el programa a nivel local.
La alcaldía no respondió a las preguntas sobre si cumpliría la norma, pero la condenó. “Estamos estudiando nuestras opciones”, dijo un portavoz de la alcaldía.
“Solicitar a los estados que proporcionen al gobierno federal información privada y sensible sobre las solicitudes de SNAP es ilegal y disuadirá a los neoyorquinos de solicitar estos servicios esenciales, y retirar la financiación federal por no cumplir con este mandato solo empeorará la inseguridad alimentaria en nuestra ciudad”, añadió el portavoz. “Instamos al gobierno federal a revertir esta decisión”.
A nivel estatal, OTDA tampoco proporcionó detalles sobre cómo respondería, afirmando que “la OTDA no hace comentarios sobre litigios pendientes”, dijo un portavoz de la agencia por correo electrónico. Un portavoz del USDA también se negó a comentar, citando la demanda en curso.
El 23 de julio, la comisionada de la OTDA, Barbara Guinn, presentó un comentario solicitando formalmente que el USDA retirara el aviso propuesto, alegando problemas legales, operativos y éticos con la creación y el uso de la base de datos nacional de información sobre SNAP propuesta por el USDA.
“La revelación de tales personas en violación de las garantías de privacidad es inapropiada, y no autorizada, y no sirve a ningún propósito relacionado con la administración efectiva del programa SNAP”, escribió Guinn.
La inseguridad alimentaria en Nueva York creció al 4.7 por ciento de los hogares de 2021 a 2023, mientras que la dependencia del SNAP ha aumentado constantemente después de la pandemia, llegando a 1.75 millones de hogares en todo el estado en marzo de 2025.
Los niños representan el 30 por ciento de los inscritos en SNAP en Nueva York; las personas mayores constituyen el 21 por ciento y 10 por ciento eran residentes discapacitados que no son adultos mayores.
“Estamos profundamente preocupados por la solicitud de datos, incluyendo su potencial efecto intimidatorio sobre la participación en SNAP”, dijo Krista Hesdorfer, directora de asuntos públicos de Hunger Solutions New York, una organización estatal sin fines de lucro dedicada a aliviar el hambre, que también ayuda a los neoyorquinos elegibles a acceder a SNAP.
Los defensores dijeron a City Limits que esta solicitud se suma al miedo y al caos que ya se siente entre las comunidades de inmigrantes a medida que la administración Trump intensifica los esfuerzos de deportación, incluidos los arrestos de personas que se presentan en tribunales de inmigración, muchas de las cuales no tienen antecedentes penales.
La política sólo conducirá a una mayor renuencia a inscribirse en el programa SNAP, incluso si las personas son elegibles, dijeron los defensores.
“Si usted me puede encontrar un inmigrante indocumentado que de alguna manera falsificó documentos para obtener SNAP, yo le puedo encontrar 10.000 de los miles de inmigrantes documentadosy legales que no están solicitando SNAP”, dijo Joel Berg, CEO de Hunger Free America.
El USDA argumenta que la solicitud de información está destinada a deshacerse de los llamados “aislamientos de datos” para detener el despilfarro, el fraude y el abuso de fondos federales.
La administración Trump ha estado trabajando en varios formas para recopilar toda la información que sea posible relacionada con inmigración sobre las personas, incluida la creación de un sistema de intercambio de datos entre ICE y el IRS, el uso de bases de datos de Medicaid y la firma de acuerdos entre el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional.
“La gente tiene más miedo que nunca a solicitar las prestaciones a las que tiene derecho legalmente”, dijo Berg. “La gente tiene miedo incluso de acudir a comedores de beneficencia y despensas de alimentos. Hay gente que tiene miedo de ir de compras. Piden a sus amigos que compren por ellos. Se ponen literalmente bajo arresto domiciliario”.
Aunque la solicitud de datos del USDA no menciona la detenciones de autoridades migratorias, los defensores de los inmigrantes y de la lucha contra el hambre dijeron que el objetivo principal es ayudar a las autoridades a encontrar a personas que podrían ser deportadas.
“Como uno de seis hijos criados por una madre soltera que tenía tres trabajos para poner comida en la mesa, el alcalde Adams entiende la importancia de garantizar que las familias nunca tengan que pasar hambre”, dijo un portavoz de la alcaldía.
“SNAP ayuda a miles de neoyorquinos a poner comida en sus mesas, y estamos dedicados a asegurar que todos los que necesitan estos beneficios puedan sentirse cómodos accediendo a ellos, independientemente de su estatus migratorio”.
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