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“Actualmente no existe el derecho a la defensa pública en los procedimientos de inmigración, pero contar con un abogado para navegar por este sistema notoriamente complicado hace avanzar la causa de la justicia”.
Adi Talwar
Fila frente al edificio 26 Federal Plaza una mañana de 2015. El edificio es uno de los dos lugares de la ciudad donde se celebran las audiencias de inmigración..Este artículo apareció originalmente en inglés. Translated by Daniel Parra. Read the English version here.
La cantidad récord de casos atrasados en los tribunales de inmigración de Nueva York y en todo el país es más que un problema burocrático: la vida de las personas está en juego. A medida que la aplicación de la ley federal de inmigración y la detención continúan tras la era Trump, miles de neoyorquinos siguen enfrentando la separación permanente de familias y la amenaza de deportación sin la ayuda de un abogado.
Actualmente no existe el derecho a la defensa pública en los procedimientos de inmigración, pero contar con un abogado para navegar por este sistema notoriamente complicado hace avanzar la causa de la justicia. Las personas detenidas con representación legal tienen hasta 10 veces más probabilidades de conseguir permanecer en los Estados Unidos en comparación con las que languidecen en el sistema sin un abogado. De hecho, en el caso de las personas detenidas, solo el dos por ciento gana sus casos sin un abogado. En el caso de las personas que no fueron detenidas, el 60 por ciento tiene un resultado exitoso con un abogado, en comparación con solo el 17 por ciento para los que no lo tienen.
Aún hoy en día los proveedores de servicios legales en inmigración de Nueva York se enfrentan a una carga de trabajo aplastante y están demasiado apretados para satisfacer las necesidades de todos los que se enfrentan a la deportación. Afortunadamente, hay una solución para este problema. La Legislatura del Estado de Nueva York y la Gobernadora Kathy Hochul pueden abordar esta crisis en la actual sesión legislativa aumentando los fondos para los servicios legales y sociales de inmigración en el presupuesto estatal a $24.4 millones de dólares. La aprobación del proyecto de ley Access to Representation Act (Acceso a la Representación, S81/A1961) garantizaría que en adelante todos los neoyorquinos que se enfrentan a la deportación tengan un abogado. En el contexto del presupuesto estatal, el coste de este programa es una gota de agua en el océano, pero para tantas familias es un auténtico salvavidas. Para ponerlo en perspectiva, la financiación anual de los servicios jurídicos se cubriría completamente con los ingresos generados en 10 días por las apuestas deportivas por móvil.
MÁS INFORMACIÓN: Problemas de tramitación en las cortes de inmigración afectan los casos de neoyorquinos, dicen los abogados
La necesidad de servicios legales de inmigración se ha agudizado aún más durante la pandemia del coronavirus. Desde la aparición del COVID-19, más de 400.000 personas adicionales han sido detenidas, incluso cuando los expertos en salud pública han expresado su preocupación por el hecho de que las condiciones de hacinamiento e insalubridad de los centros de detención suponen un riesgo extremo para las personas que se ven obligadas a vivir allí, sus empleados, así como las comunidades circundantes.
Una financiación justa en el presupuesto estatal de este año permitirá a los representantes legales de todos los rincones del estado seguir trabajando en los casos existentes, a la vez que permitirá a los proveedores servir a 1.000 neoyorquinos que necesitan asistencia legal mientras navegan por un sistema bizantino mientras buscan protección contra la detención, la deportación y la separación familiar. Además de las organizaciones que prestan servicios legales, nuestro plan también proporciona apoyo a los servicios sociales fundamentales para garantizar estabilidad a largo plazo y asistencia a las organizaciones comunitarias de confianza que están bien posicionadas para manejar la divulgación, ofrecer entrenamientos como “conoce tus derechos”, y proporcionar educación a la comunidad. En muchos sentidos, esta inversión creará una fuerza estabilizadora para las comunidades inmigrantes.
Después de años de ataques por parte de políticas federales agresivamente antiinmigrantes que se suman a una pandemia mundial, no podemos permitir que los retrasos en los tribunales se interpongan en el camino de la justicia. Uno de cada tres niños en Nueva York es hijo de un padre inmigrante. Los inmigrantes son propietarios de 316.000 empresas en nuestro estado y constituyen más de una cuarta parte de nuestra mano de obra. Los inmigrantes son la espina dorsal de nuestra economía y de muchas de nuestras comunidades, así que merecen una oportunidad justa en los tribunales.
En esta sesión legislativa, Albany debe tomar medidas para dotar a los neoyorquinos de más recursos legales y del derecho a la representación legal. Este es un momento excepcional para que nuestro estado aproveche un papel de liderazgo nacional y reimagine la justicia para las comunidades inmigrantes mediante el fortalecimiento de la financiación de los servicios legales. Con esta inversión, estamos promoviendo la unidad familiar, la estabilidad de la comunidad y una recuperación equitativa para todo Nueva York.
Catalina Cruz es miembro de la asamblea estatal en representación del distrito 39 en Queens. Brad Hoylman es un senador estatal que representa al distrito 27 en Manhattan.
