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El nuevo paquete de proyectos de ley aplica a todos los repartidores contratados —incluidos los que entregan alimentos, comestibles y otros productos—, y aborda cuestiones como remuneración, transparencia y normas de seguridad.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 16 de julio. Traducido por Victoria Moran Garcia. Read the English version here.
En una victoria liderada por organizaciones de base comunitaria, esta semana el Concejo de la ciudad votó a favor de ampliar la protección laboral de los repartidores.
El nuevo paquete de proyectos de ley aplica a todos los repartidores contratados —incluidos los que entregan alimentos, comestibles y otros productos—, y aborda cuestiones como remuneración, transparencia y normas de seguridad.
Varias organizaciones que respaldan a los repartidores de comida, junto con políticos locales, se reunieron en las escaleras de la alcaldía el lunes para celebrar la legislación, que los funcionarios dicen se basa en una ley aprobada en 2021 que ordenaba al Departamento de Protección del Consumidor y el Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés) estudiar las condiciones de trabajo y el salario de los repartidores para establecer un salario mínimo. La tarifa inicial de $17.96 dólares entró en vigor en diciembre de 2023, junto con otras medidas de seguridad establecidas por el estudio.
“En el 2021, logramos impulsar el primer paquete legislativo. Seis leyes a favor de los trabajadores de reparto. Y logramos pasar ese paquete de leyes, pero quedaron vacíos legales que las plataformas aprovecharon y, lastimosamente, usaron en contra de los trabajadores, removiendo la opción de la propina y cambiando los métodos de pago” , dijo Gustavo Ajche, cofundador de Los Deliveristas Unidos, que representa a los repartidores.
“Gracias al Concejo Municipal hoy hemos logrado que esto cambiara”, dijo él.
Ampliación de protecciones y salario mínimo
Dos nuevos proyectos de ley —Intro. 1133-A patrocinado por la concejal Jennifer Gutiérrez e Intro. 1135-A de la concejal Sandy Nurse—, cierran los vacíos legales que excluyeron de la ley de salario mínimo de 2023 a varios repartidores que trabajan para las aplicaciones.
Intro. 1133-A exige al DCWP que establezca un salario mínimo para todos los repartidores contratados. También amplía otras protecciones como acceso a bolsas isotérmicas para reparto, materiales de seguridad contra incendios y baños.
Intro. 1135-A requiere que los servicios de entrega de comestibles de terceros, como Instacart, paguen a sus trabajadores al menos el salario mínimo establecido por el DCWP.
“En 2021, el Concejo hizo historia al fijar un salario mínimo para los repartidores de comida. Eso fue algo muy importante, y trajo alrededor de $1.000 millones de dólares en aumento salarial para los trabajadores de entrega de alimentos, pero desafortunadamente, los trabajadores de entrega de comestibles quedaron fuera de eso”, dijo la concejal Sandy Nurse. “Intro. 1135 está corrigiendo esto. Vamos a crear un salario mínimo para los trabajadores de entrega de comestibles, y es lo correcto”.
Propinas y transparencia salarial
Dos proyectos de ley patrocinados por el concejal Sean Abreu abordan las propinas de los repartidores que trabajan para las aplicaciones.
Intro. 738-A requiere que los servicios de entrega de terceros ofrezcan a los clientes la opción de dar propina “antes o en el mismo momento en que se realiza un pedido”. Esta medida se toma en respuesta a que las aplicaciones dejaron de incluir las propinas en el momento del pago, luego de que los repartidores consiguieran el derecho a un salario mínimo en 2023.
“Cuando entró en vigor el salario mínimo para los repartidores, las aplicaciones tomaron represalias eliminando la opción de dejar propina”, dijo Abreu. “Solo porque hay un salario mínimo, este solo aplica al tiempo de trabajo activo desde el momento en que recoges el pedido hasta que lo entregas, pero no se aplica el salario mínimo por esperar esa llamada”.
Intro. 737-A obliga a las aplicaciones a sugerir una opción de propina de al menos el 10 por ciento del precio de compra tanto en los pedidos de alimentos como de supermercado. “Permítanme ser claro, es una recomendación, pero sabemos que cuando esas recomendaciones se presentan a los consumidores, es muy probable que las elijan”, dijo Abreu.
También se incluye la Intro. 859-A, que exige que “los servicios de entrega paguen a sus trabajadores contratados a más tardar [siete] días calendario después del final de un período de pago”.
Las aplicaciones también están obligadas a proporcionar a los trabajadores un estado de cuenta detallado que describe la remuneración por escrito, a más tardar siete días después del final del período de pago. Las aplicaciones de servicios de entrega deben conservar los registros durante al menos tres años y proporcionarlos a los empleados que lo soliciten.
Quienes se oponen a estos proyectos de ley dicen que afectarán negativamente a las pequeñas empresas al alejar a los clientes.
En junio pasado, DoorDash testificó contra los proyectos de ley 737, 738 y 859, diciendo que la aplicación del salario mínimo para los repartidores aumentó sus costos operativos, aumentando como resultado las tarifas a los consumidores.
Doordash Marketplace, la plataforma que utilizan los clientes para hacer pedidos, registró aproximadamente 850,000 pedidos menos, lo que resultó en aproximadamente $17.000 dólares en pérdida de ingresos para restaurantes y otros comerciantes locales”, dijo la compañía.
Para equilibrar esto, Doordash trasladó la opción de propina al final del pago, afirmando que es “muy accesible y está disponible durante múltiples puntos del proceso de entrega” y hasta 30 días después de la compra.
Varias organizaciones y defensores de los derechos de los repartidores asistieron a la celebración del lunes, entre ellos Afrikana, un grupo comunitario de Harlem que trabaja con inmigrantes recién llegados, muchos de los cuales encuentran trabajo como repartidores.
La organización dijo que estos proyectos de ley son “un paso hacia la justicia para las comunidades que con demasiada frecuencia son invisibles en la fuerza laboral. Estamos hablando de una de las columnas vertebrales de la ciudad, nuestros deliveristas“.
“Creemos que todos los trabajadores, especialmente los migrantes, los repartidores y otras personas del sector, deben estar protegidos, ser respetados y recibir un salario justo”, dijo la directora ejecutiva, Adama Bah, en una declaración escrita leída por Macky Diallo, director de operaciones de Afrikana.
Aunque el grupo de repartidores y organizadores celebraron los nuevos proyectos de ley, dicen que hace falta más. En concreto, piden protección jurídica contra las desactivaciones: periodos durante los cuales se bloquea la cuenta de un trabajador y se le prohíbe realizar entregas.
“Estas compañías dicen que el pago mínimo nos costara nuestros empleos. Pero la verdad es que usan los bloqueos y las desactivaciones para evitar pagarnos lo que nos deben”, dijo Antonio Solís, líder de Los Deliveristas Unidos y repartidor de DoorDash. “Nos obligan a cumplir con plazos de entrega imposibles, agrupar varios pedidos y nos penalizan si no podemos completarlos. Nos ponen en peligro y nos obligan a elegir entre un salario digno, conducir con cuidado o perder nuestro trabajo”.
“Por eso nuestra lucha no ha terminado”, añadió Solís. Necesitamos más protecciones contra las desactivaciones de cuentas injustas y leyes para poder defendernos de la presión de las tácticas de miedo de estas compañías”.
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