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El próximo cinco de noviembre se votará “sí o no” a las cinco preguntas que la comisión de revisión de la constitución de la ciudad de Nueva York aprobó luego de tener cerca de 300 solicitudes por parte de la comunidad. La comisión de revisión está compuesta por 15 miembros: cuatro miembros fueron nombrados por el alcalde, cuatro por el presidente del concejo y el resto por el defensor del pueblo, el contralor y los presidentes de los condados.
Estas elecciones locales serán un test del funcionamiento del sistema de voto anticipado que por primera vez se implementa en la ciudad. El voto anticipado se abrirá el sábado 26 de octubre y se cerrará el domingo 3 de noviembre. Puede ver una versión en español de la guía para votar anticipadamente aquí. La versión en inglés aquí.
Sin embargo, tanto miembros de la comisión de revisión como académicos y activistas comunitarios prevén que estas elecciones tendrán bajos índices de votación porque se realizan en un año no electoral.
Otro factor que se prevé va a jugar en contra del número de votantes es la falta de claridad en las propuestas. Por ejemplo, la versión en español de las preguntas es difícil de entender y basados en las declaraciones de los entrevistados, incluso la versión en inglés no es sencilla.
Con este artículo City Limits quiere ayudar a la comunidad despejando algunas dudas sobre lo que está en juego el próximo 5 de noviembre.
¿Quiénes pueden votar?
Todas las personas que estén registradas. El registro se puede hacer en persona en cualquiera de las cinco oficinas de la ciudad hasta el 26 de octubre, o a través de correo postal enviando la solicitud de registro antes del 11 de octubre y que haya sido recibida en las oficinas el 16 de octubre. Los formatos de registro para los votantes están disponibles en 17 idiomas (español, inglés, lenguaje de señas estadounidense, bengalí, chino, coreano, albanés, árabe, francés, griego, haitiano creole, italiano, polaco, ruso, tagalog, urdu y yidis).
En términos generales se votará por cinco propuestas y al final de cada una de estas estará la pregunta: ¿Debería adoptarse esta propuesta?
Pregunta 1: Sobre cómo se realizan las elecciones (hay tres enmiendas).
Los top cinco del votante: se quiere brindar a los votantes la opción de votar por cinco candidatos, los top cinco del votante o votación por orden de preferencia (RCV por sus siglas en inglés), siendo el primer candidato la primera opción del votante y el quinto la última para las elecciones de alcalde, defensor del pueblo, contralor, presidente del condado y concejo municipal a partir de enero de 2021. La opción de votar por un solo candidato seguirá abierta. De esta manera el candidato que obtenga la mayoría de votos como primera opción sería entonces el ganador. En caso que no haya un ganador por mayoría, se eliminaría al candidato en último lugar y el voto de quienes tenían a ese candidato como primera opción se transferiría a su siguiente opción. Este proceso se repetiría hasta que queden solo dos candidatos y de estos se elegiría el candidato con más votos. De este modo se eliminaría el proceso de segunda vuelta. Esta enmienda entraría en vigencia en enero 1 de 2021.
Contexto. Esta pregunta ha sido una de las más publicitadas y varias ciudades han implementado este sistema de voto para elecciones locales, sin embargo, las investigaciones hechas en otras ciudades arrojan diferentes resultados. Por ejemplo, recientemente una columna de opinión del New York Times decía que cuando los votantes pueden expresar sus preferencias de esta manera “la participación tiende a aumentar”. Sin embargo, un estudio de 2016 de Jason McDaniel, profesor de ciencias políticas de San Francisco State University, muestra que la tasa de participación electoral disminuyó entre grupos afroamericanos y asiáticos. Adicionalmente, el “RCV aumentó las disparidades en la participación entre grupos que tienen más probabilidades de votar y aquellos que tienen menos probabilidades de votar. La conclusión es que RCV tiende a exacerbar las diferencias entre votantes sofisticados y aquellos que son menos sofisticados”, dice el estudio. Por otro lado, los defensores de RCV dicen que es menos polarizante racialmente que el voto estándar de dos rondas porque los candidatos deben apelar a los votantes de diferentes orígenes raciales para ganar una mayoría. Sin embargo, algunos estudios sugieren que la votación racialmente polarizada no disminuyó debido a la implementación de RCV. Según otro estudio de Jason McDaniel, con la adopción de RCV no se puede esperar una reducción en la polarización. Permitir que “los votantes clasifiquen las preferencias de orden para varios candidatos no cambia la forma en que los votantes desarrollarán sus primeras preferencias”, dice McDaniel. Del lado de los candidatos, el RCV puede recompensar a quienes construyan una base de apoyo amplia, tal vez apelando a múltiples grupos étnicos. El RCV no recompensa a los candidatos que se concentraron en un único grupo. Al mismo tiempo, con el RCV los candidatos tienden a pedir ser la segunda opción de los votantes y “esto ha resultado en varios casos de candidatos que forman acuerdos (cooperative slate type arrangements) donde cada uno anima a sus respectivos partidarios a clasificar al otro candidato en segundo lugar”, dice McDaniel.
Extensión de la vacante: se quiere extender el período de tiempo de 45 días a 80 días entre el surgimiento de una vacante en un cargo electo de la ciudad (como defensor del pueblo, contralor, presidentes de condados y miembros del concejo) y el momento de realizar una elección especial para cubrir dicha vacante. Esta enmienda entraría en vigencia de inmediato.
Ajuste al cronograma para diseñar los límites del distrito: Cada 10 años, los límites de distritos del concejo municipal se vuelven a trazar y según el estatuto actual, el restablecimiento de estos límites tomaría de 2022 a marzo de 2023. Con este cambio se quiere ajustar el cronograma del proceso para diseñar los límites de distrito del concejo municipal para que estén listos antes de que los candidatos al concejo municipal comiencen a reunir firmas. Así los candidatos al concejo municipal no sabrán los límites de sus distritos antes de sus nominaciones. Esta propuesta entraría en vigencia de inmediato y sus resultados se verían durante el próximo proceso para delimitar los distritos.
Pregunta 2: Sobre cómo se realizan la revisión de quejas civiles (hay cinco enmiendas).
Ampliación del concejo: se quiere aumentar el tamaño del concejo de revisión de quejas civiles, CCRB por sus siglas en inglés, de 13 a 15 miembros, para que incluya un miembro nombrado por el defensor del pueblo y un miembro nombrado conjuntamente entre el alcalde y el presidente del concejo que actuaría como presidente del concejo. Además se quiere otorgar el poder al concejo para que nombre directamente a sus miembros en vez del alcalde. Esta enmienda entraría en vigencia en 2020.
Asegurar el presupuesto del concejo: se quiere que el presupuesto anual para personal del concejo CCRB sea suficiente para financiar una planilla de empleados equivalente al 0.65% de los oficiales uniformados del departamento de policía. De esta manera si el departamento de policía crece, también crecerá el concejo CCRB. Este presupuesto podría cambiar si el alcalde solicita por escrito que el concejo CCRB tenga un presupuesto menor.
Contexto. En últimas, esto quiere decir que el alcalde podría reclamar en un año particular que hay una necesidad fiscal que requiere una excepción a este requisito y reducir el presupuesto del concejo CCRB. Si bien en la primera enmienda de esta pregunta el alcalde daba un poco de poder al concejo municipal para que nombrara directamente a sus miembros, en la segunda enmienda se le reafirma el poder al alcalde para decidir sobre el presupuesto del concejo CCRB.
Explicación escrita de la policía: se quiere que el comisionado de la policía entregue al concejo CCRB una explicación escrita en el caso de que el comisionado tenga la intención de no acatar las medidas disciplinarias recomendadas por el concejo CCRB o por el subcomisionado de juicios (o jefe auxiliar) del departamento de policía. De este modo, si el concejo CCRB recomienda acciones disciplinarias para un oficial de policía entonces el informe del comisionado de policía deberá incluir las acciones disciplinarias y sanciones impuestas. Si las acciones disciplinarias a imponer llegan a ser menores a las recomendadas, el comisionado de policía tendrá que explicar cómo tomó la decisión e incluir cada uno de los factores considerados. Esta explicación deberá ser provista dentro de los 45 días posteriores a la imposición de las acciones disciplinarias, a menos que el comisionado de policía y el concejo CCRB acuerden un menor tiempo. Esta enmienda entraría en vigencia de inmediato.
El concejo CCRB investiga: se quiere permitir que el concejo CCRB investigue la veracidad de las declaraciones de un oficial de policía acusado durante el curso de una investigación o resolución de una queja del concejo CCRB. Además, el concejo CCRB podrá realizar recomendaciones sobre las medidas disciplinarias a tomar en contra del oficial de policía. Actualmente, si el concejo CCRB cree que un oficial de policía dio una declaración falsa durante el curso de una investigación, el concejo CCRB solo puede remitir el asunto al departamento de policía para que investigue y luego el mismo departamento decida si tomará una acción disciplinaria. La enmienda propuesta quiere permitirle al concejo CCRB que investigue, emita conclusiones y recomiende acciones disciplinarias en los casos de declaraciones falsas durante la resolución de una queja del concejo CCRB. Esta enmienda entraría en vigencia en marzo 31 de 2020.
Contexto. En 2018, el New York Times documentó la persistencia de mentiras hechas por policías de Nueva York para ganar las condenas en más de 25 casos desde 2015.
El concejo CCRB cita testigos: se quiere permitir que el concejo CCRB, mediante voto mayoritario, delegue a su director ejecutivo para que emita y solicite citaciones para obligar la comparecencia de testigos y la presentación de registros para sus investigaciones. Esta enmienda entraría en vigencia en marzo 31 de 2020.
Contexto. Los últimos tres puntos de esta pregunta tienen importantes implicaciones para la comunidad latina y afroamericana de la ciudad de Nueva York si se tiene en cuenta que 81% de las personas paradas y registradas por policías entre 2014 y 2017 eran afroamericanas o latinas, según un reporte de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York. De las 73.055 personas paradas que eran “inocentes, el 64% de ellas fue registrada y se usó la fuerza al 24% de ellas”. Si bien el número de personas paradas y registradas por parte de la policía se ha reducido en los últimos años, “el porcentaje de latinos y afroamericanos parados y registrados se ha mantenido constante durante todo este tiempo,” dice Joo-Hyun Kang, directora de Communities United for Police Reform. Por tendencias como esta es que se habla de discriminación racial y racial profiling en contra de estos grupos. Sorprendentemente el departamento de policía de la ciudad anunció en junio pasado que “nunca ha corroborado una acusación de vigilancia discriminatoria”, según un informe publicado por el inspector general de la ciudad. Una de las constantes más preocupantes para la comunidad es que los jóvenes afroamericanos y latinos entre los 14 y 24 años siguen siendo uno de los grupos más vulnerados porque representan “el 38% de las paradas reportadas entre 2014 y 2017”. Iris Báez, madre de Anthony Báez, es una de las madres que ha perdido a su hijo a manos de la policía. Anthony Báez, un guardia de seguridad, murió después de un altercado con la policía de Nueva York en 1994. “Los cambios se logran poco a poco y nosotros necesitamos cambios. Por eso, hay que darle al concejo CCRB el poder para procesar abusos de poder. No es suficiente poder, pero es algo”, dice Báez por teléfono.
Pregunta 3: Sobre cómo se maneja la ética y el gobierno de la ciudad (hay cinco enmiendas).
Prohibición para volver a presentarse: se quiere prohibir que funcionarios electos de la ciudad y los altos funcionarios nombrados se vuelvan a presentar a cargos ante la agencia a la cual prestaron servicio durante los dos años siguientes después de que terminen su servicio a la ciudad. De esta manera se quiere extender el plazo de uno a dos años en el período actual de prohibición. Esta propuesta entraría en vigencia después del 1 de enero de 2022.
Reconfiguración de la junta de conflictos de intereses: se quiere cambiar la configuración de los miembros de la junta de conflictos de intereses, COIB por sus siglas en inglés, mediante el reemplazo de dos de los actuales miembros nombrados por el alcalde por un miembro nombrado por el contralor y un miembro nombrado por el defensor del pueblo de la ciudad. Esta propuesta entraría en vigencia de inmediato.
Limitar participación en campañas: se quiere prohibir que los miembros de la junta COIB participen en las campañas de funcionarios locales. También se quiere reducir la cantidad máxima de dinero que ellos pueden aportar a $400 para candidatos a la alcaldía, defensor del pueblo y contralor, a $320 para candidatos de presidente del condado y a $250 para cada candidato del concejo municipal.
Oficializar el programa de empresas propiedad de minorías y mujeres: se quiere que el director del programa para empresas propiedad de minorías y mujeres de la ciudad, M/WBE por sus siglas en inglés, reporte directamente al alcalde. Esto a su vez implica que el director tenga el apoyo de una oficina en la alcaldía para M/WBE. Esta propuesta entraría en vigencia en marzo de 2020.
Contexto. El programa de M/WBE está diseñado para promover oportunidades de contratación y subcontratación del gobierno de la ciudad con empresas certificadas como propiedad de minorías y mujeres con una presencia real y sustancial en la ciudad de Nueva York. El programa fue creado por la ley local 129 de 2005 y más recientemente ampliado por la ley local 1 de 2013. “De los $19 mil millones que la ciudad gasta en bienes y servicios, solo el 5% se destina a mujeres y empresas propiedad de minorías”, asegura el contralor de la ciudad de Nueva York Scott M. Stringer. Según la contraloría de la ciudad, “actualmente hay 1.614 empresas hispanas certificadas de un total de 9.375 que representan el 17% del programa M/WBE”. Actualmente el programa es coordinado por un director de M/WBE a nivel de la ciudad que rinde cuentas directamente al alcalde pero la legislación existente no requiere que esto continúe. Lo que se busca con este cambio es que en las administraciones de alcaldes futuros este programa siga existiendo por ley.
Designación del abogado municipal: se quiere que el abogado municipal de la ciudad también sea aprobado por el concejo municipal. Actualmente, el abogado municipal es designado por el alcalde y está al frente del departamento de derecho de la ciudad. Este departamento representa a la ciudad (y todas sus agencias) en los litigios civiles, procesos de delincuencia juvenil y procedimientos ejecutivos en un tribunal penal y además elabora y revisa la legislación de la ciudad, del estado de Nueva York, y de los contratos de la ciudad. Esta propuesta entraría en vigencia de inmediato.
Pregunta 4: Sobre cómo se maneja el presupuesto y la presupuestación de la ciudad (hay cuatro enmiendas).
Fondo de reserva: se quiere permitir a la alcaldía utilizar un fondo de reserva para ahorrar dinero cuando se tenga que afrontar, por ejemplo, dificultades financieras o crisis financieras. Este cambio necesitaría también reformas en la ley estatal para que este fondo pueda utilizarse. Actualmente, el estatuto de la ciudad prohíbe el uso de ingresos recibidos y guardados en un año para equilibrar el presupuesto de un año futuro. Si se implementa este cambio además serían necesarios cambios en la ley estatal, que contiene requisitos similares a los del estatuto de la ciudad para usar un fondo de reserva.
Fijar presupuestos: se quiere fijar presupuestos mínimos para el defensor del pueblo y los presidentes de los cinco condados, a menos que el alcalde determine que un presupuesto menor es necesario desde el punto de vista fiscal. Actualmente, estos presupuestos son establecidos por el alcalde y el concejo municipal cada año. Esta propuesta entraría en vigencia a partir del año fiscal de 2021.
Ingresos estimados: se quiere que el alcalde presente un estimado de ingresos por impuestos no inmobiliarios al concejo municipal para el 26 de abril (en vez del 5 de junio). El alcalde podrá presentar una estimación actualizada después de esa fecha, pero deberá explicar por qué la estimación actualizada era fiscalmente necesaria, en el caso que la actualización se presente después del 25 de mayo. Por lo general, el alcalde presenta la estimación casi al mismo tiempo en que se adopta el presupuesto —que a menudo ocurre después del 5 de junio—. La estimación de los ingresos no relacionados con el impuesto a la propiedad es importante para que el concejo municipal fije tasas de impuestos a la propiedad suficientes para equilibrar el presupuesto. Esta propuesta entraría en vigencia de inmediato y con ello se permitiría que este procedimiento sea implementado para el año fiscal de 2021.
Notificar las modificaciones al plan financiero: cuando el alcalde realice cambios al plan financiero de la ciudad que requieran la implementación de una modificación al presupuesto, la propuesta deberá presentarse al concejo municipal dentro de los 30 días siguientes. Si el alcalde quiere por ejemplo transferir dinero asignado de una agencia o otra, el alcalde debería —según la naturaleza de los cambios propuestos— solicitar la aprobación del concejo municipal para brindarle una oportunidad al concejo de desaprobar los cambios propuestos. Lo que se propone es que a partir del año fiscal de 2021, el alcalde tenga que presentar actualizaciones al plan financiero ante el concejo municipal dentro de los 30 días siguientes a la actualización.
Pregunta 5: Sobre el uso del suelo en la ciudad (hay dos enmiendas).
Notificación previa: se quiere que el departamento de planificación urbana, DCP por sus siglas en inglés, elabore y presente un resumen detallado de los proyectos sujetos al procedimiento de revisión del uso uniforme del suelo, ULURP por sus siglas en inglés, al presidente del condado afectado, a la junta del condado y a la junta de la comunidad al menos 30 días antes de que se certifique la solicitud para revisión pública. También se propone que dicho resumen se publique en el sitio web. El ULURP especifica un tiempo y una secuencia de revisión pública y aprobación de solicitudes de uso de las tierras por parte de diferentes actores del gobierno: juntas comunitarias, presidentes de los condados, la comisión de planificación urbana y en última instancia, el concejo municipal. Esta propuesta entraría en vigencia en agosto 31 de 2020.
Extensión en el período de revisión: se quiere brindar a las Juntas de la Comunidad tiempo adicional para revisar las solicitudes del ULURP certificadas para revisión pública por el departamento de planificación urbana cambiando el período actual de revisión de 60 días hasta 90 días para las solicitudes certificadas en junio, y hasta 75 días para las solicitudes certificadas entre el 1 de julio y 15 de julio. Esta propuesta entraría en vigencia de inmediato.
Contexto. Para analizar esta enmienda hay que considerar dos elementos:
1) Una de las razones por la cual se pide esta extensión en el proceso de revisión es porque durante el verano, las juntas comunitarias se reúnen con menos frecuencia porque algunos miembros se van de vacaciones.
2) Esta propuesta sobre el uso del suelo es la más superficial. En una ciudad con tanta disparidad económica y gentrificación, la planeación del desarrollo urbano ha quedado sin aportes significativos por parte de los neoyorquinos. “No sabemos qué es lo que va a pasar. Y ese es el riego”, asegura Joseph P. Viteritti, profesor de políticas públicas en Hunter College. Como ya lo ha remarcado Viteritti en otras ocasiones, el poder de los miembros de la junta comunal en cuestiones de uso de la tierra sigue siendo de asesoramiento. Varios grupos comunitarios presionaron para que la comisión diera a los votantes la oportunidad de aprobar una “planificación integral” en la cual la re-zonificación de los vecindarios y las inversiones de desarrollo no fueran ni sectorizadas y mucho menos ultra localizadas, pero la comisión rechazó esas sugerencias en abril. Para Gregory Jost, director de organización en Banana Kelly, “esto no es poder real para la comunidad”. En una posición similar se encuentra Kerry McLean, vicepresidenta de desarrollo comunitario en Women’s Housing and Economic Development Corporation, WHEDCO por sus siglas en inglés, quien cree que los “cambios son pequeños pero necesarios y mientras más tiempo y más información tenga la comunidad, será mucho mejor”. Tanto Banana Kelly como WHEDCO piensan motivar a sus miembros para votar en noviembre sin importar que los cambios propuestos no sean muy significativos. Por otro lado, organizaciones como la Association for Neighborhood and Housing Development, según lo aseguró Emily Goldstein, “no piensan movilizar ni sus miembros ni sus esfuerzos porque la comisión de revisión no aceptó los cambios significativos que nosotros propusimos”.
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