Las agencias de la ciudad de Nueva York encargadas de investigar la discriminación basada en la fuente de ingresos (SOI por sus siglas en inglés) de los inquilinos se están viendo obligadas a hacer más cosas con menos presupuesto después de que la congelación de las contrataciones, las renuncias y los recortes presupuestarios redujeran sus ya sobrecargadas unidades de control.

Este artículo apareció originalmente en inglés. Translated by Ana Teresa Solá Rivière. Read the English version here.

Dwayne Jones está siendo expulsado de su apartamento en Williamsbridge por un propietario que quiere vender y necesita un lugar donde mudarse rápidamente. Tiene vales de vivienda de la ciudad que pagará la mayor parte de su alquiler, pero no encuentra un propietario dispuesto a aceptarlos.

“Sé que tengo que irme, pero no quiero ir a un albergue”, dijo Jones.

Le preocupa que se esté quedando sin tiempo. Las inmobiliarias lo rechazan cuando se enteran que tiene un subsidio de alquiler financiado por el gobierno. Los agentes inmobiliarios le han dicho que los propietarios “no tienen nada para estos programas”, dijo.

Ambas prácticas, ejemplos de discriminación en la vivienda basada en la fuente legal de ingresos, son ilegales en la ciudad de Nueva York. Incluso hay una página web que aconseja a los propietarios “NUNCA aceptar a un inquilino con un bono de CityFHEPS” (Subsidio para la Prevención del Desalojo Familiar o FEPS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, las agencias de la ciudad de Nueva York encargadas de combatir la discriminación basada en la fuente de ingresos (SOI) se están viendo obligadas a hacer más cosas con menos recursos, después de la congelación de las contrataciones, renuncias y los recortes presupuestarios que han afectado a sus unidades de control ya sobrecargadas.

El presupuesto municipal del año pasado iba a reforzar esas unidades, según informó City Limits, sin embargo, se han reducido.

La unidad de litigios de vivienda justa del Departamento de Servicios Sociales (DSS por sus siglas en inglés), que se ocupa de la discriminación por la fuente de ingresos, ahora tiene seis empleados en comparación con los nueve del año pasado. La agencia inicialmente esperaba contratar 10 abogados e investigadores adicionales para “acabar con esta práctica perniciosa”, dijo el entonces comisario Steve Banks en junio de 2021. Pero durante las negociaciones presupuestarias posteriores, el dinero se reasignó a la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York (CCHR por sus siglas en inglés), para reforzar su propia unidad de fuentes de ingresos.

Pero esto tampoco sucedió. Solo hay un miembro del personal asignado a la unidad SOI de la CCHR, en vez de tres en 2021 y seis en años anteriores. Otros abogados e investigadores de la agencia también colaboran en los casos de discriminación basada en la fuente de ingresos mientras atienden otras formas de discriminación, pero el CCHR propuso eliminar los puestos abiertos que podrían haberse utilizado para reforzar la unidad de SOI como parte del mandato de reducción de costes del alcalde Eric Adams.

Los activistas para los derechos a la vivienda afirman que la disminución del personal ejecutivo de la unidad SOI es un gran obstáculo para resolver la crisis persistente de personas sin hogar y de la vivienda asequible en la ciudad de Nueva York.

“Es una locura”, dijo Aaron Carr, director ejecutivo de Housing Rights Initiative, quien utilizó dos improperios para señalar su punto. “Sería insuficiente hasta en una ciudad con una fracción de la población de Nueva York, pero esta es la mayor ciudad del país con uno de los costos en vivienda más altos del país”.

Carr ha pedido con frecuencia al gobierno de la ciudad y al estado que aumenten sus equipos de control y tomen medidas contra la discriminación en la fuente de ingresos que, según él, erosionan el impacto de los subsidios de alquiler y deja a la gente en albuergues o en situaciones inestables. Además dijo que su grupo de vigilancia está concluyendo su investigación de seis meses sobre la discriminación en el origen de los ingresos en cientos de empresas, después de una amplia investigación de las principales empresas inmobiliarias de la ciudad de Nueva York que culminó en una demanda el pasado mes de marzo.

El concejal Keith Powers, que patrocinó la legislación para ampliar las protecciones contra la discriminación en la fuente de ingresos para las propiedades pequeñas en 2020, calificó los niveles actuales de personal como “inaceptables”.

“Es crítico que estamos invirtiendo adecuadamente en la aplicación suficiente contra la discriminación SOI, y voy a estar presionando para financiar plenamente esas unidades en el próximo ciclo presupuestario”, dijo en un comunicado.

Las dos agencias de la ciudad reconocen la reducción de personal, pero recalcan que han conseguido impulsar la aplicación de la ley, conseguir que los inquilinos se alojen en los apartamentos y cambiar los comportamientos tras amenazar con acciones legales. (Algunos propietarios, por otra parte, expresaron anteriormente su frustración por los retrasos administrativos asociados al programa de CityFHEPS, incluyendo los pagos de la ciudad que, según dicen, llegan inconsistentemente).

Tanto el CCHR como las unidades de control del DSS dan prioridad a lo que denominan “intervención previa a la demanda” y consideran el litigio como último recurso. Bajo este modelo de intervención, el personal de las unidades se pondrá en contacto con el propietario, el agente o la empresa de gestión acusados de discriminación basada en la fuente de ingresos, les recordará que la discriminación por vales viola la ley y amenazará con tomar más medidas a menos que se ofrezca al inquilino un contrato de alquiler.

El CCHR ha presentado más quejas en nombre de los inquilinos en el año fiscal actual que en los dos anteriores, según las estadísticas de la agencia. La unidad SOI ha presentado 29 denuncias desde julio de 2021, cuando quedan tres meses en el año fiscal, en comparación a las 28 del año 2021 y las 27 del 2020. En lo que va corrido del año, el CCHR ha obtenido menos indemnizaciones y sanciones de los propietarios que incumplen las normas, pero también ha llegado a acuerdos con los propietarios para que reserven más unidades para los inquilinos con vales de vivienda.

“Estoy muy orgullosa del trabajo de mi agencia y de nuestro personal de la oficina de cumplimiento de la ley”, dijo la subcomisaria del CCHR, Sapna Raj. “Es frustrante que, aunque la ley lleva activa desde 2008, la discriminación por SOI siga siendo tan frecuente en la ciudad de Nueva York. Es realmente frustrante”.

El DSS, por su parte, dijo que la unidad de litigios sobre la vivienda justa tramita las quejas mientras realiza investigaciones encubiertas, mantiene una base de datos para rastrear las tendencias y se pone en contacto con los propietarios y los agentes para hacer cumplir las leyes antidiscriminación.

El pasado año fiscal, la unidad hizo un seguimiento de 909 casos de discriminación, o lo que ellos denominan “solicitudes”, incluyendo 360 por discriminación basada en la fuente de ingresos. Algunas de las quejas fueron denunciadas por posibles inquilinos, mientras que otras fueron descubiertas por el personal durante la investigación proactiva, como la búsqueda de anuncios inmobiliarios en línea sobre negaciones a los vales. La agencia dijo que 99 de las consultas proporcionaron información suficiente que permitió a los equipos de control intervenir y asegurar la vivienda para 51 hogares. Eso marcó un mayor número de intervenciones exitosas que el año fiscal anterior.

Desde 2018, la unidad de litigios de vivienda justa del DSS ha llevado las investigaciones un paso más allá. La agencia presentó cuatro demandas de discriminación SOI contra los propietarios y agentes inmobiliarios y resolvió tres. En esos casos, los demandados —incluyendo BruMa Realty, Samson Management, Oxford Realty Group y Atlas RealtyAssociates— pagaron multas de $5.000 dólares por violación y abrieron un total de 26 unidades a los receptores de bonos mientras se comprometen a cumplir con las leyes de SOI como parte de los estrictos acuerdos de cumplimiento.

La discriminación basada en la fuente de ingresos se sitúa sistemáticamente como la forma más común de discriminación en  materia de vivienda según las quejas de los inquilinos, y a menudo sirve para encubrir la discriminación por motivos de raza, identidad de género u otras clases protegidas, advierten los defensores.

Amy Blumsack, cuya organización Neighbors Together ayuda a los inquilinos a utilizar sus bonos y a luchar contra la discriminación en la fuente de ingresos, dijo que los miembros del personal de las unidades de ejecución trabajan incansablemente para combatir la práctica, pero simplemente no tienen la capacidad de mantenerse al día con la necesidad de intervención. “Hay un cuello de botella increíble y los titulares de bonos están denunciando y no reciben respuesta”, dijo Blumsack. “Les desanima denunciar porque ¿para qué vas a denunciar si no te contestan?”.

La ciudad y el estado de Nueva York aumentaron el año pasado el valor de sus vales de vivienda CityFHEP y FHEPS para permitir que más residentes sin hogar y con bajos ingresos puedan acceder a un apartamento. Una nueva propuesta de subsidio de vivienda está ganando fuerza en Albany. Las agencias de vivienda de la ciudad de Nueva York están en proceso de emitir casi 7.800 nuevos bonos de la Sección 8 proporcionados por el gobierno federal.

Sin embargo, esas iniciativas no funcionarán a menos que los propietarios las acepten, dijo Blumsack. Una aplicación limitada de la ley “corta los bonos a fondo”, dijo. “¿De qué sirve tener un vale si no hay un mecanismo que haga cumplir la ley?”.

Neighbors Together y su socio Unlock NYC le pidieron a la ciudad que aumente el gasto de la unidad SOI del CCHR en al menos un millón de dólares y que contrate más personal para enfrentar a esta práctica generalizada. Los agentes inmobiliarios se han adaptado para evitar la aplicación de la ley eliminando el lenguaje explícito contra los vales en los anuncios y, en su lugar simplemente dejan de llamar y se niegan a devolverles las llamadas, o imponiendo restricciones adicionales, como umbrales de crédito o insistiendo en que los posibles inquilinos ganen 40 veces el alquiler mensual, aunque el coste esté cubierto por el gobierno.

“Necesitamos un mayor cumplimiento de la ley porque hemos visto que se han vuelto más sofisticados”, dijo Ashley Eberhart, de Unlock NYC.

Jessica Valencia, portavoz de UnlockNYC sabe del problema. Ella experimentó la discriminación más de 50 veces mientras buscaba alquilar un apartamento con un bono estatal FHEPS en 2019, dijo. En ese momento, estaba siendo desalojada de su apartamento en Dyker Heights mientras buscaba otro lugar en el sur de Brooklyn.

Dijo que llamaba con frecuencia al 311 para presentar una queja, pero nunca recibió una respuesta del CCHR hasta que se conectó con UnlockNYC. Después de eso, CCHR intervino en su nombre cuando un agente inmobiliario intentó sacarla a ella y a su familia de un apartamento de Borough Park.

“No sé qué les dijo CCHR, pero al día siguiente el agente llamó y ofreció la vivienda”, dijo Valencia. “Eso demuestra el poder que tienen para hacer cumplir la ley”.

“Nos encanta el trabajo que hace la gente”, añadió. “Sólo necesitamos más”.