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“Estos recortes se están sintiendo con fuerza en nuestra comunidad incluso antes de que les afecten”, dijo Carlyn Cowen, directora de políticas y asuntos públicos del Chinese-American Planning Council.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 2 de diciembre. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y los fiscales generales de otros 21 estados demandaron al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por una nueva norma que, según ellos, impediría a los refugiados y asilados participar en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés).
La exclusión se deriva de la ley “One Big Beautiful Bill” aprobada este verano, que incluía modificaciones sustanciales en los programas de protección social del país.
Entre ellas se incluyen la ampliación de requisitos laborales para obtener beneficios de SNAP —que por ahora están en pausa a nivel local hasta el próximo año— y nuevos parámetros de elegibilidad que excluyen a víctimas de la trata y a varios grupos de inmigrantes que se encuentran legalmente en el país.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), la agencia federal encargada del programa SNAP, emitió un memorándum a finales de octubre indicando que ya no consideraría a los refugiados y asilados como elegibles para recibir la ayuda alimentaria.
Si bien los inmigrantes indocumentados nunca han sido elegibles para el SNAP, los grupos mencionados y las víctimas de la trata podían solicitar prestaciones de asistencia alimentaria tan pronto como obtenían ese estatus protegido, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos del programa. Con la ley One Big Beautiful Bill se eliminó esa elegibilidad.
La demanda de los fiscales generales afirma que el memorándum de USDA va más allá de lo establecido en la ley federal, alegando que cerraría todas las posibilidades para que estos grupos accedan a SNAP, incluso si se convierten en residentes permanentes legales, uno de los pocos grupos que siguen siendo elegibles (aunque después de un período de espera de cinco años).
“La vergonzosa campaña del gobierno federal para quitarles la comida a los niños y las familias continúa”, afirmó la fiscal general Letitia James en un comunicado la semana pasada, al anunciar la demanda. “USDA no tiene autoridad para excluir arbitrariamente a grupos enteros de personas del programa SNAP, y nadie debería pasar hambre por las circunstancias de su llegada a este país”.
Con la ley “One Big Beautiful Bill”, el gobierno recortará la financiación del programa SNAP —antes conocido como cupones de alimentos— en $187.000 millones de dólares hasta 2034, lo que supone un recorte del 20 por ciento, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.
Sin embargo, el momento no podría ser peor: los beneficiarios de SNAP ya vieron retrasados sus beneficios durante más de una semana en noviembre debido al cierre federal, mientras que muchos estados y localidades no están seguros de cómo aplicar las nuevas medidas de elegibilidad.
El gobierno federal afirma que los cambios aún no han entrado en vigor.
“Debido a la complejidad de la política sobre los no ciudadanos, USDA está elaborando nuevas directrices basadas en las preguntas de las agencias estatales y los socios del SNAP”, afirmó un portavoz del USDA en un comunicado.
La Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad (OTDA por sus siglas en inglés), que administra el programa a nivel estatal, afirmó que aún no ha publicado directrices de aplicación para los distritos locales tras el memorándum de USDA de octubre.
En la ciudad de Nueva York, las autoridades aseguraron que las personas no deberían perder sus prestaciones todavía. “Siempre trabajamos para proteger a todos los neoyorquinos vulnerables, y nadie se ha visto afectado todavía por ningún cambio”, afirmó en un comunicado a City Limits un portavoz del Departamento de Servicios Sociales de la ciudad de Nueva York (DSS por sus siglas en inglés), que gestiona SNAP en la ciudad.
Pero si los nuevos requisitos se implementan, sólo en la ciudad de Nueva York podrían verse afectadas unas 15.000 personas, según las estimaciones internas del DSS. Las autoridades afirman que cualquier nueva directriz para la aplicación del sistema dependerá de lo que estipule el estado. Incluso si se aplican estos cambios, los beneficiarios del SNAP afectados no verán ningún cambio hasta que se les vuelva a certificar, afirmó el portavoz.
Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, 90.000 personas de la categoría de no ciudadanos podrían perder sus prestaciones en todo el país. Según la Oficina de la Fiscal General, hasta 35.000 neoyorquinos en todo el estado podrían perder sus prestaciones.
El Chinese-American Planning Council, que presta servicios a los neoyorquinos asiático-americanos de bajos ingresos e inmigrantes, estima que el 20 por ciento —es decir, 2.000— de los aproximadamente 10.000 beneficiarios de SNAP con los que trabaja la organización podrían verse afectados, según Carlyn Cowen, directora de políticas y asuntos públicos.
“Para que se hagan una idea del nivel de temor y la magnitud del impacto que estos recortes están teniendo en las semanas previas a que nos enteráramos de ellos… hemos recibido múltiples llamadas de miembros de la comunidad preguntando qué pasaría con sus prestaciones del SNAP”, dijo Cowen. “Un miembro de la comunidad sufrió una crisis de salud mental porque estaba preocupado. Le preocupaba no poder alimentar a su familia”.
“Estos recortes se están sintiendo con fuerza en nuestra comunidad incluso antes de que les afecten”, añadió Cowen.
Tina Lopez, directora ejecutiva del International Rescue Committee en Nueva York, dijo que el acceso a SNAP “era una parte integral de los programas humanitarios y de refugiados de los Estados Unidos en virtud de la legislación federal”.
“[El SNAP] realmente se vuelve de vital importancia, especialmente para los sobrevivientes de la trata de personas, que necesitan estos servicios alimentarios esenciales cuando atraviesan una situación tan inestable”, dijo Lopez. “Estos servicios alimentarios esenciales crean la estabilidad que necesitan para recuperar los recursos de salud mental que les permiten sobrevivir y prosperar”.
Chia Chia Wang, directora en Nueva York de Church World Service, una organización que trabaja con poblaciones vulnerables a nivel internacional, subrayó que los miembros de la comunidad se sienten inseguros sobre su futuro.
“Su capacidad para acceder a las prestaciones a las que tienen derecho puede verse mermada por numerosas medidas que les dificultan la vida”, afirmó Wang.
Además de los cambios en los requisitos para acceder al SNAP, la administración Trump anunció el mes pasado nuevas normas en torno a la política de “carga pública“, una forma de que los funcionarios de inmigración comprueben si los inmigrantes utilizan prestaciones públicas.
El aumento del escrutinio no se detuvo ahí: el 24 de noviembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) emitió un memorándum en el que se pedía una “revisión y nueva entrevista” a todos los refugiados admitidos en el país durante la administración Biden: unas 233.000 personas.
Según el memorándum, publicado por primera vez por Reuters, USCIS seguiría revisando a los refugiados admitidos en otros periodos.
“Las normas federales de elegibilidad y otros cambios en las políticas han creado una situación caótica tanto para los inmigrantes y los refugiados como para sus defensores”, afirmó Wang.
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