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Traducido por Daniel Parra. Read the English version of this story here.
A principios de este mes, los jueces federales otorgaron medidas cautelares preliminares para detener la implementación de la orden judicial de “carga pública” de la administración Trump, después de una serie de impugnaciones legales, incluyendo una demanda presentada por la procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James.
La orden judicial fue aclamada como una victoria de los defensores de inmigración, quienes argumentaron que la orden judicial propuesta por la administración se dirigía injustamente a los inmigrantes de color de bajos ingresos. A pesar de que el fallo de la corte ha detenido la entrada en rigor de la orden judicial, lo que no se ha podido detener es el efecto atemorizante de ésta sobre las comunidades de inmigrantes de la ciudad de Nueva York, incluso cuando los expertos señalan que la orden judicial sólo afectaría a un grupo muy específico de inmigrantes.
“Esta orden judicial, este cambio que están tratando de poner en práctica, en realidad afecta a muy poca gente. La idea de carga pública no aplica a todos los inmigrantes, ni a todas las solicitudes de inmigración”, dijo Sonia Lin, quien hace parte de la oficina de asuntos de inmigrantes del alcalde, y ha estado llevando a cabo actividades para ayudar a disipar algunos de los rumores y conceptos erróneos sobre la política propuesta.
“Esto ha creado una tonelada de confusión y miedo”, explica Linn, añadiendo que algunos inmigrantes ahora son innecesariamente cautelosos de solicitar o continuar accediendo a los beneficios públicos por miedo a que les afecte negativamente. “Esto ha hecho que la gente se mantenga alejada de los servicios y recursos de la ciudad para los que son legalmente elegibles y que incluso son necesarios para sí mismos o para sus familiares”.
Linn fue uno de varios expertos que hablaron el viernes durante un panel sobre la orden judicial organizado por Make the Road New York, el Consortium For Worker Education y la escuela de estudios laborales y urbanos de City University of Nueva York. Aquí un resumen de lo dicho.
¿Qué significa “carga pública” y qué dice la política actual?
De acuerdo con Make the Road, la orden judicial de “carga pública” es una herramienta de investigación utilizada por los funcionarios de inmigración de los Estados Unidos cuando los inmigrantes solicitan la tarjeta de residencia para permanecer en el país, así como para aquellos en el extranjero que buscan entrar al país como titulares de una tarjeta de residencia.
Desde 1999, la orden judicial de “carga pública” se ha utilizado como una herramienta para saber si es probable que un solicitante se convierta en “dependiente principalmente del gobierno para la subsistencia”. Más específicamente para ver si, en el futuro, estas personas estarían recibiendo beneficios de asistencia social tales como ingresos del seguro social o asistencia temporal para familias necesitadas, TANF por sus siglas en inglés. La política actual también considera si es probable que un solicitante requiera cuidado institucionalizado a largo plazo en una institución financiada por el gobierno, dijo la abogada de inmigración de Make the Road, Jessica Young.
“Esto aplica a poca gente. En la práctica, no vemos a mucha gente bajo esa regla, así que por mucho tiempo no fue una gran consideración cuando la gente iba a solicitar su tarjeta de residencia”, dijo Young.
La orden judicial aplica más comúnmente a aquellos que presentan solicitudes de residencia para familias o en las tarjetas basadas en el empleo, dijo Young. Esto no aplica para solicitantes que son refugiados, asilados, titulares de visas tipo U, sobrevivientes de violencia doméstica con estatus del programa Violence Against Women Act, VAWA por sus siglas en inglés, o menores con estatus de inmigrante protegido.
Aquellos que ya obtuvieron la tarjeta de residencia tampoco se ven afectados por esta orden judicial, con la posible excepción de aquellos que abandonan el país por más de seis meses, dijo Young. La orden judicial de “carga pública” tampoco afectaría a los titulares de la tarjeta de residencia cuando van a solicitar la ciudadanía, agrega Young.
¿Qué cambios ha propuesto la administración Trump a la regla?
En agosto, la administración Trump propuso una nueva orden judicial llamada “carga pública” que consideraba si es probable que un solicitante reciba uno o más de ciertos beneficios públicos durante 12 meses en un período de tres años. Además de considerar si un solicitante probablemente recibiría beneficios de asistencia social mencionados anteriormente. La nueva propuesta ampliará esa lista para incluir beneficios como Medicaid (financiado por el gobierno federal), el programa de asistencia de nutrición suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés, así como algunas asistencias para vivienda como la vivienda pública o la sección 8.
Estos expertos señalan que la mayoría de las personas que son elegibles para los beneficios de esta lista ampliada ya tienen su tarjeta de residencia o ciudadanía, o reciben una versión financiada por el estado de dichos beneficios, por lo tanto, no se verían afectados si la orden llegara a implementarse.
“La mayoría de las personas que utilizan estos beneficios no son quienes se ven afectados por esta regla”, dijo Becca Telzak.
Otros beneficios públicos que no se verían afectados por la nueva orden judicial son Medicaid para mujeres embarazadas o personas menores de 21 años, o Medicaid de emergencia o los programas de nutrición suplementaria especial para mujeres, bebés y niños. El uso de servicios de atención médica, servicios hospitalarios o despensas de alimentos tampoco harían parte de la propuesta, así como los solicitantes de beneficios en nombre de sus hijos.
La orden judicial de carga pública tampoco afecta la elegibilidad o capacidad de alguien para solicitar beneficios públicos. Tanto Young como Telzak enfatizaron que los inmigrantes deben continuar solicitando y recibiendo dichos beneficios, incluyendo aquellos nombrados bajo la nueva ampliación.
“Usted podría sentarse aquí hoy y decir, ‘incluso si soy elegible para recibir cupones de alimentos en el futuro, no voy a solicitarlos porque no quiero depender de ellos’. Pero eso no importa. Lo importante es ¿cuál es el ‘conjunto de circunstancias’ de la persona que está solicitando la tarjeta de residencia?”, dijo Young.
Los factores que serían parte de ese “conjunto de circunstancias” —en caso que se aplicara— incluirían cosas como: edad, salud, tamaño de la familia, educación, conocimientos lingüísticos y la situación económica del solicitante. Especialmente si el solicitante solo gana 25% más de lo que estipula la línea de pobreza federal. Ganar por debajo de este mínimo podría considerarse un “factor negativo”, según las directrices propuestas.
“Si usted gana una cierta cantidad de dinero que lo hace elegible para el beneficio público, ya sea que obtenga o no, esto no va a aumentar o disminuir la probabilidad de que le aprueben la tarjeta de residencia”, dijo Stephanie Delia, abogada de Citizenship Now! de City University of Nueva York. “Tu elegibilidad es lo que importa”, asegura Delia.
Aunque el mandato federal de la orden judicial está en pausa, el departamento de estado —encargado de supervisar los consulados de los Estados Unidos y por lo tanto considerar las solicitudes de personas que viven en el extranjero—, ha indicado que planea seguir adelante con su propia versión de esta orden judicial ya que ésta sólo aplica al departamento de seguridad nacional.
Potencialmente esto podría significar que aquellos en el extranjero solicitando una tarjeta de residencia podrían verse afectados, aunque Young enfatizó que aún no se han producido cambios.
“Los formularios que se necesitan para implementar este cambio en todos los consulados de Estados Unidos no están listos”, dice Young. “Así que tenemos un pequeño respiro antes de que nuestra comunidad esté sujeta a esta regla en el extranjero”.
Si estás preocupado, ¿qué debes hacer?
Los miembros del panel subrayaron una vez más que la nueva regla aún no se ha implementado y que no está claro cuándo se hará o si en verdad se llegará a implementar.
Quienes tengan preguntas sobre sus circunstancias individuales deben consultar con un experto en inmigración, agrega Young. Hay varios recursos públicos gratuitos disponibles incluyendo la línea de atención directa de ActionNYC. Se puede acceder llamando de lunes a viernes al 1-800-354-0365 entre las 9 a.m. y las 6 p.m. o llamando al 311 y diciendo “public charge”.
Los inmigrantes que son elegibles para solicitar una tarjeta de residencia, dentro de los Estados Unidos o en el extranjero, deben solicitarla ahora si es posible, de acuerdo con Delia de Citizenship Now! de City University of Nueva York.
“Si puede obtener los fondos, los formularios, los documentos de apoyo, hágalo ya o lo más pronto posible. No se tarde. Si por circunstancias fuera de su control, tiene que esperar, no se asuste”, dijo Delia.
“Creo que la gente olvida lo difícil que es conseguir una tarjeta de residencia en este país. No es simple. Es complicado y es duro. Así que mi teoría es esta: si estamos recibiendo estas tarjetas de residencia ahora, a pesar de todos los obstáculos que ya tenemos, entonces no se preocupe si no puede hacerlo,” agregó Delia. “Diríjase a los expertos y concéntrese en su propio caso”.
La línea de atención directa de ActionNYC ofrece asesoramiento legal gratuito sobre inmigración y puede llamar al 1-800-354-0365 entre las 9 a.m. y las 6 p.m. de lunes a viernes. También puede hacerlo llamando al 311 y diciendo “public charge”.
Citizenship Now! de City University of Nueva York también ofrece asistencia gratuita con la tarjeta de residencia y otras solicitudes de inmigración. Puede encontrar más información en su sitio web.