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Los defensores esperan que la legislación se someta a votación en el Concejo de la ciudad en abril de este año.
Despacho del defensor del pueblo
Defensor del pueblo Jumaane WilliamsEste artículo apareció originalmente en inglés. Read the English version here. Traducido por Daniel Parra.
En las próximas semanas, los grupos de defensa de inquilinos y vivienda justa trabajarán para obtener más apoyo de los miembros del concejo de la ciudad sobre la legislación que obligaría a la ciudad a estudiar el impacto de las decisiones de uso de la tierra en la demografía racial y étnica de un vecindario.
El proyecto de ley, Intro 1572 fue presentado a finales de 2019 por el defensor del pueblo Jumaane Williams y el concejal del Bronx y presidente del concejo de uso de la tierra Rafael Salamanca, después de una extensa campaña de dos años de los defensores de vivienda. Se espera que una versión revisada de la legislación, Intro 1572-A, llegue al Concejo de la ciudad para una votación antes de abril de este año, según fuentes del concejo y defensores de vivienda.
Rob Solano, director ejecutivo de Churches United For Fair Housing (CUFFH por sus siglas en inglés) —entre otras organizaciones que impulsan la legislación—, está tratando de conseguir el apoyo de al menos 30 concejales para garantizar que el proyecto de ley se apruebe en votación, y evitar un posible veto del alcalde. Actualmente, 22 legisladores han firmado como copatrocinadores del proyecto de ley, según los registros del concejo.
El proyecto de ley añadiría una nueva sección a la constitución de la ciudad que exigiría que ciertas solicitudes que desencadenan el proceso de revisión del uso del suelo público de la ciudad —conocido como Procedimiento Uniforme de Revisión del Uso del Suelo (ULURP por sus siglas en inglés)—, incluya un informe de disparidad racial que examine aspectos como la demografía del barrio y las tendencias de desplazamiento. Esto se aplicaría tanto a los proyectos privados como a los públicos de rezonificación, incluidas las rezonificaciones iniciadas por la ciudad, que abarquen un mínimo de cuatro manzanas adyacentes, o cuando la acción de uso del suelo propuesta aumente la proporción de superficie construida en al menos 50.000 pies cuadrados o altere la zonificación del lugar en al menos la misma cantidad. Las conclusiones del informe se distribuirán al concejal del distrito en el que se encuentre el proyecto, a la oficina del defensor del pueblo y al portavoz del concejo, y se publicarán en internet para el público.
Según el proyecto de ley, el informe de disparidad racial tendría que examinar una serie de datos demográficos socioeconómicos existentes en un radio de media milla de la zona del proyecto, analizando aspectos como las condiciones de la vivienda existente, el número de unidades de renta estabilizada o regulada, los hogares agobiados por el alquiler (que pagan más del 30 por ciento de sus ingresos en alquiler), la media de alquileres en el barrio, así como los precios de las viviendas y las tasas de desalojo. También tendría que incluir los niveles de educación del vecindario y los ingresos de los hogares, y el solicitante también tendría que describir las tendencias raciales, étnicas y socioeconómicas de la zona durante los 20 años anteriores a la presentación de la solicitud.
Los proyectos residenciales propuestos tendrían que mostrar los importes de los alquileres proyectados para todas las unidades, junto con un análisis de los ingresos de los hogares necesarios para permitirse esas unidades sin que los inquilinos se vean sobrecargados por el alquiler. El informe de los proyectos comerciales propuestos tendría que incluir los sectores industriales y las ocupaciones proyectadas, el número de puestos de trabajo previstos y los niveles salariales medios de esos puestos, así como analizar la composición racial y étnica de esas industrias.
Por último, el informe tendría que identificar las medidas que el solicitante utilizaría para mitigar cualquier disparidad o riesgo de desplazamiento del vecindario que el proyecto pudiera traer, como el programa de la ciudad para atacar a los propietarios con un historial de acoso a los inquilinos, la ley de derecho a representación legal e iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral.
“La forma como se rezonifican los terrenos en esta ciudad ha dificultado a muchos neoyorquinos la posibilidad de encontrar una vivienda, por no hablar de permanecer en ella”, dijo el defensor del pueblo, Jumaane Williams, durante una audiencia del concejo sobre el proyecto de ley hace dos semanas. “El proceso de rezonificación, junto con el [programa de Viviendas de Inclusión Obligatoria, MIH por sus siglas en inglés], tal y como está redactado actualmente, ha provocado gentrificación, exclusión y un desplazamiento masivos en toda esta ciudad, porque el proceso no tiene en cuenta los efectos potenciales que el uso del suelo podría tener en la composición racial de un barrio”.
El proyecto de ley es solo un ejemplo de las formas en que los funcionarios electos están pidiendo a la ciudad que reevalúe sus decisiones sobre el uso del suelo y la planificación de la ciudad a través de la lente de la equidad. En diciembre, el portavoz Corey Johnson presentó una ley de planificación integral de la ciudad que centraría el uso de las herramientas presupuestales, de uso del suelo y políticas de la ciudad en torno a la justicia racial y socioeconómica. Exigiría a la ciudad la elaboración de un plan integral de 10 años que evalúe los riesgos a corto y largo plazo, las disparidades económicas y raciales, las necesidades de infraestructuras y las repercusiones de las decisiones de desarrollo e inversión en los cinco distritos, y exigiría que los nuevos proyectos se ajusten a los objetivos de ese plan.
Normalmente, durante una rezonificación pública o privada o un proyecto de desarrollo de gran envergadura, la ciudad o el solicitante deben realizar una revisión medioambiental para evaluar el impacto que una propuesta puede tener en la zona circundante. El análisis del impacto ambiental (EIS por sus siglas en inglés), un documento detallado elaborado tras la revisión ambiental, no tiene en cuenta el impacto sobre las etnias que viven en un barrio. Grupos de defensa de la vivienda, como el Pratt Center for Development, han argumentado que el proceso es defectuoso porque pasa por alto los efectos del desarrollo en el desplazamiento residencial.
Los temores sobre el desplazamiento de la comunidad han sido especialmente prominentes en el debate público sobre las rezonificaciones de la ciudad, muchas de las cuales se han enfrentado a una feroz resistencia —y algunas, a demandas— de los barrios donde se han propuesto. Desde 2015, el gobierno de Blasio ha aprobado siete rezonificaciones: East New York, Downtown Far Rockaway, East Harlem, Jerome Avenue, Inwood y Bay Street en Staten Island. El año pasado, los esfuerzos para rezonificar partes de Southern Boulevard en el Bronx y Bushwick se vinieron abajo.
Durante la audiencia virtual sobre la legislación de impacto racial hace dos semanas, la directora ejecutiva del departamento de planificación de la ciudad (DCP por sus siglas en inglés), Anita Laremont, reconoció la controversia que ha surgido en torno a las rezonificaciones de la ciudad, pero advirtió que no hay que vincular esas rezonificaciones y las nuevas construcciones con los cambios demográficos y los desplazamientos. “La diversidad de los habitantes de la ciudad de Nueva York se desplaza y la composición de los barrios cambia con el tiempo debido a una serie de factores que no pueden predecirse con exactitud”, dijo.
El concejal Salamanca preguntó si la ciudad ha revisado las rezonificaciones después de su aprobación para ver si surgen patrones de desplazamiento.
“Creemos que es fundamental entender las tendencias demográficas y los cambios en la oferta de vivienda y la asequibilidad en los barrios de la ciudad”, dijo la abogada del departamento de planificación de la ciudad, Susan Amron, y añadió que la ciudad hace tales revisiones, pero no a través del proceso de revisión ambiental. “Lo hacemos a través de un gran número de otros programas y otros análisis que realizamos regularmente”.
Salamanca insistió en la rezonificación de Williamsburg en 2005, bajo la administración de Bloomberg, como un ejemplo de una acción de uso del suelo iniciada por la ciudad que afectó a la composición racial y étnica de un barrio. Señaló un informe de CUFFH en el que se constataba que la zona había perdido 15.000 residentes latinos entre 2000 y 2015, a pesar de que la población de esos barrios había aumentado en general durante ese período. Los cambios de zonificación “exacerbaron las presiones de desplazamiento anteriores en lugar de aliviarlas”, según el informe.
Amron respondió reiterando la idea de que el movimiento de ciertos grupos demográficos no puede vincularse definitivamente a una rezonificación.
“Mantenemos que no podemos encontrar ninguna relación causal entre nuestras zonificaciones y la gentrificación. Entendemos que la gentrificación es una fuerza que actúa, pero no tenemos pruebas de que nuestras rezonificaciones la exacerben”, dijo Laremont.
Williams también preguntó a Laremont sobre el éxito del programa de Viviendas de Inclusión Obligatoria, una de las estrategias clave del gobierno de Blasio para incentivar a los promotores a construir viviendas asequibles.
“Me han dicho que [MIH] lo haría mejor, pero las matemáticas nunca parecen funcionar en ese punto, si usted trae 100 unidades y 70 de ellos son a precio de mercado y 30 asequibles, algunos de ellos están en el escalón superior. ¿Cómo ayuda eso a la asequibilidad en esa comunidad? ¿No estás trayendo más gente a precio de mercado?”, preguntó Williams.
Laremont argumentó que si el desarrollo en esas comunidades no se regula a través del MIH o de las rezonificaciones, entonces solo se crearían viviendas a precio de mercado, sin restricciones ni regulaciones.
Williams se opuso a la afirmación de los funcionarios de que el desplazamiento no podía vincularse a los cambios de zonificación. “Cuando se presentan estas cosas, se presentan como causales. Se presentan como que [si] construimos esta rezonificación, hay una causalidad que hará que esta comunidad y esta ciudad sean mejores. Eso es lo que se nos presenta”, dijo. “Ahora, después del hecho, queremos fingir que no se presentó esta ecuación causal”.
Varios miembros de grupos comunitarios y de defensa de la vivienda -como Association for Neighborhood & Housing Development, CUFFH, Banana Kelly Community Improvement Association, Community Action for Safe Apartments (CASA) e Inwood Legal Action- testificaron en la audiencia sobre el impacto de las rezonificaciones en los residentes de toda la vida y en los pequeños negocios de los barrios a los que sirven.
Christian Fitzroy, miembro de CASA y residente del Bronx —en donde la ciudad rezonificó la avenida Jerome en 2018— dice que ese impacto incluye “miles [de] familias que tienen que reubicarse, a menudo en entornos peores que los que dejaron”, como resultado de las rezonificaciones.
“Y eso es solo porque la ciudad de Nueva York ha ignorado intencional, consistente y despectivamente el impacto de su rezonificación en las comunidades de color, ignorando deliberadamente la evidencia del daño que ha causado a miles y miles de personas”, dijo Fitzroy.