flooding in Broad Channel

Department of City Planning

Inundación en el Broad Channel, uno de las docenas de barrios que enfrentan graves amenazas por la subida del nivel del mar y las tormentas costeras.

Cuando los neoyorquinos voten por presidente en noviembre, también tendrán la oportunidad de votar sobre la ley de bonos ambientales de 3.000 millones de dólares que según los defensores, daría a la región metropolitana la oportunidad de estar preparada para las mareas altas y las tormentas más fuertes que, gracias al cambio climático, casi con toda seguridad se registrarán.

En este momento la ciudad de Nueva York y sus vecinos están lejos de estar preparados para esa amenaza. Es por eso que una coalición de más de 50 grupos que se llaman a sí mismos Rise to Resilience, publicaron un detallado plan estratégico de acción integral para Nueva York y Nueva Jersey, quienes se deben preparar para un futuro mucho más cargado de agua. 

“¿Cómo afrontaremos los seis pies de aumento del nivel del mar que esperamos para finales de siglo?” es la simple aunque desalentadora pregunta que el informe trata de responder, según Kate Boicourt de la Waterfront Alliance, que convocó a la coalición. “Realmente no hay ningún grupo luchando por el más de un millón de personas que habitan ahora la llanura de inundación Nueva York y Nueva Jersey”.

La medida electoral, la ley de bonos ambientales de 2020, que fue aprobada por la legislatura estatal en marzo, crearía hasta 3.000 millones de dólares en fondos, una gran parte de los cuales se destinaría a la resiliencia costera y a la reducción del riesgo de inundaciones. Mientras que las encuestas a principios de año mostraron un amplio apoyo a la medida, la nueva política fiscal creada por COVID-19 hace que la aprobación sea menos segura.

Sin embargo, la medida de los bonos es sólo una pieza de la plataforma que Rise to Resilience ha diseñado durante dos años construyendo consenso. Otros elementos del plan incluyen la financiación de la infraestructura federal, el seguro contra inundaciones, la planificación del uso de la tierra local, la financiación de la compra y mucho más. Además de Waterfront Alliance, esta coalición incluye grupos como el Coney Island Beautification Project, LES Ready!, New Jersey Future, Rebuild by Design, Riverkeeper, The Center For NYC Neighborhoods y WE ACT for Environmental Justice.

Un millón en riesgo

Sin duda Nueva York ha hecho progresos desde que la llegada del huracán Sandy demostró la vulnerabilidad de la región a las tormentas costeras en octubre de 2012. En la ciudad se han reforzado kilómetros de paseo marítimo y dunas en los Rockaways y a lo largo de la costa de Staten Island. Se han destinado mil millones de dólares a apuntalar la infraestructura de la ciudad y se ha gastado aún más en el reforzamiento de escuelas y hospitales, según los funcionarios de la ciudad. Proyectos más complejos, como el Proyecto de Resiliencia de la Costa Este están en marcha.

Esa labor ha avanzado de forma paralela a los ambiciosos esfuerzos a nivel de la ciudad y el estado para reducir los niveles de polución de Nueva York y con ello reducir la contaminación climática. El año pasado, el concejo municipal aprobó y el alcalde de Blasio firmó una serie de leyes para reducir las emisiones en la ciudad —especialmente las de los edificios, la principal fuente de CO2 de los cinco distritos—. Además, la legislatura estatal y el gobernador se unieron en una ley que ordena una drástica reducción de las emisiones de carbono para el año 2050.

Sin embargo, al navegar a lo largo del extenso frente costero de la ciudad se detectaron vulnerabilidades masivas, especialmente en áreas donde se agrupan casas pequeñas y privadas cerca de la costa, muchas de estas propiedad de personas humildes.

“Desde que el huracán Sandy azotó, se han hecho fuertes compromisos para la reducción de gases de efecto invernadero y un estándar estatal de aumento del nivel del mar, pero seguimos sin estar preparados para el aumento del nivel del mar que enfrentamos en cualquier escenario”, dijo Rise to Resilience en el informe que publicó el viernes.

Para Boicourt la disparidad entre la acción dramática sobre la reducción de gases de efecto invernadero y el trabajo más lento y selectivo sobre la resiliencia refleja los diferentes contornos de los problemas más profundos.

“Creo que es en parte que el movimiento y las ideas de lo que hay que hacer han evolucionado un poco más a lo largo del tiempo con la mitigación y la reducción de gases de efecto invernadero que con la reducción de los riesgos de inundación”, dice Boicourt. “Creo que el desafío con la adaptación climática es que hay menos fuentes puntuales para eso. No se puede simplemente cambiar la red eléctrica”. De hecho, la propia escala de riesgo en la costa —un millón o más de personas, en diferentes vecindarios, localidades separadas y a través de dos estados— representa un desafío para la elaboración de una política integral.

Esperando a los federales

Durante muchos años los reportes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos sobre el puerto y sus afluentes dominó la forma de pensar sobre cómo proteger mejor la costa de Nueva York. El cuerpo de ingenieros estaba a punto de finalizar un plan cuando la administración Trump congeló los fondos a principios de este año.

“La decisión de la administración Trump de posponer indefinidamente la planificación regional para la adaptación al cambio climático pone en peligro a la ciudad de Nueva York y a nuestros vecinos”, dice Jainey Bavishi, director de la oficina de resiliencia del alcalde, en una declaración a City Limits. “Seguimos trabajando con nuestra delegación del congreso para explorar todas las opciones y de ese modo restablecer el estudio de los puertos de Nueva York y New Jersey, lo más rápido posible. Este esfuerzo es un componente crítico para abordar el riesgo de inundaciones regionales y no debe ser abandonado”.

Antes de que se interrumpiera, el cuerpo de ingenieros del ejército parecía inclinarse por recomendar la construcción de una barrera marina masiva en el puerto exterior, una construcción que implicaría muchos miles de millones de dólares y tal vez tardaría un par de décadas para completarse y que podría dañar el ecosistema submarino. Los críticos dicen que el cuerpo de ingenieros del ejército se centró demasiado en la defensa contra las mareas de tormenta, en lugar de las amenazas más amplias de la subida del nivel del mar y las inundaciones fluviales. Y creen que nunca se le dieron al cuerpo de ingenieros los recursos para comprometerse a fondo con las personas que se verían más afectadas por el plan.

Aún así, como señala Boicourt, el estudio del cuerpo de ingenieros representaba “una de nuestras pocas oportunidades de obtener fondos federales para la reducción del riesgo de inundaciones”. Como resultado, Rise to Resilience está pidiendo la reanudación de un estudio más reflexivo y sensible por parte del cuerpo de ingenieros. “Muchas de las personas que se han organizado contra la barrera e incluso algunas que estaban a favor, están con nosotros en esto”, dice Boicourt. “Quieren ver una conversación que se centre en lo que queremos a nivel comunitario”. Y ha habido movimiento en Washington hacia la posibilidad de restaurar y proteger los fondos para el estudio.

Mientras tanto el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP por sus siglas en inglés) sigue teniendo una deuda de 20.000 millones de dólares y se ve rodeado por preguntas sobre la exactitud de los mapas que utiliza y la equidad de su sistema de primas, tanto para los contribuyentes como para los propietarios de ingresos moderados. Rise to Resilience propone un NFIP con una sólida financiación, utilizando una cartografía moderna y un sistema de primas que refleje los riesgos reales pero que incluya mecanismos de asequibilidad.

Dos estados, una crisis

Marcados por Sandy, tanto Nueva York como Nueva Jersey han creado cada uno un aparato para hacer frente a la amenaza de la subida del nivel del mar y las tormentas costeras. Pero no hay realmente un enfoque amplio y unificado de lo que es por naturaleza una amenaza regional y multifacética.

Rise to Resilience recomienda que el estado de Nueva York cree un cargo oficial de jefe de resiliencia y vincule o incluso fusione iniciativas como el programa de gestión de la zona costera y el programa de Climate Smart Communities. Albany también necesita elaborar más herramientas para las ciudades y pueblos que intentan mitigar sus riesgos, revisar los códigos de construcción para que reflejen las consideraciones climáticas y crear mecanismos de financiación para ayudar a las localidades a pagar las obras de infraestructura necesarias.

Nueva Jersey debería crear un comité de partes interesadas para asegurarse que las consideraciones de resiliencia dan forma a las políticas locales de uso de la tierra y revisar 13 sets de reglamentos y códigos para alinearlos con los objetivos de preparación para el clima, recomienda el informe. 

Y los dos estados deberían facultar conjuntamente a un concejo regional de resiliencia climática para unificar la elaboración de políticas a través del puerto y la frontera, sostiene la coalición.

Mientras tanto en ambos estados las leyes sobre el derecho a saber también están bajo escrutinio. En Nueva York y Nueva Jersey un vendedor de inmuebles puede abstenerse de revelar el riesgo de inundación a un posible comprador, simplemente pagando $500 dólares. La coalición sostiene que es esencial que los requisitos de divulgación sean más estrictos. “Los consumidores deben tener derecho a conocer sus riesgos”, dice el informe. “Conocer el nivel de riesgo de cada uno ayuda a cambiar los patrones de comportamiento relacionados con el seguro contra inundaciones, aumentando la captación de hasta un 15 por ciento o más”.

Sin embargo, son dos caras de una moneda. Si los propietarios se ven obligados a reconocer los riesgos asociados con la vida en la costa, esto podría hacer que sus casas sean prácticamente imposibles de vender.

“La realidad es que va a ser difícil para muchas personas vender sus propiedades en el futuro, no importa lo que pase”, dice Boicourt. “Tenemos que tener la capacidad de tener recursos para las personas que se enfrentan a dificultades financieras como resultado de estar en una zona realmente arriesgada”. Eso incluye programas de compra voluntaria a largo plazo, que en la actualidad no existen en la región.

Un delicado proceso de planificación

Los propietarios de viviendas que ya están en el camino por donde pasará el agua tendrán que tomar decisiones difíciles, al igual que los gobiernos que, a través de la política de uso de la tierra, deciden cuántas personas vivirán en un lugar u otro.

“Necesitamos un plan que sea actualizado con el paso del tiempo para saber dónde podemos permitirnos más densidad y dónde no”, dice Boicourt. “Estas son conversaciones muy delicadas a las que la ciudad tiene que comprometerse”. No todas las zonas con riesgo de inundación se enfrentan al mismo tipo de amenaza: algunas sufrirán inundaciones diarias, mientras que otras serán vulnerables a graves tormentas cada pocas décadas. Para los que sí se enfrentan a riesgos graves y sostenidos, puede que no baste con elevar las propiedades y que la gente tenga que reubicarse, con la ayuda del gobierno.

Cualquier cambio en la relación con el agua es una perspectiva dolorosa para las comunidades cuya identidad está vinculada al mar. Sin embargo, no son solo las zonas costeras las que necesitan pensar en lo que el cambio climático significará para el uso de la tierra. Las zonas interiores a buena altura podrían tener que aceptar una mayor densidad de viviendas a medida que el agua invada y se reduzca el espacio disponible de la ciudad. “Estoy hablando de mirar a toda la ciudad”, explica Boicourt. Solo como ejemplo, ella pregunta, “¿deberíamos aumentar la zona de Park Slope más de lo que ya está?”

En la ciudad de Nueva York hay un esfuerzo nuevo para aprobar la Intro 1620, una medida del concejo de la ciudad que requiere “un plan integral de cinco municipios para proteger toda la costa de la ciudad de Nueva York” que se producirá para el 1 de enero de 2021 y se actualizará cada década, esta medida fue introducida el año pasado por el concejal de Queens, Costa Constantinides. La propuesta tiene 41 co-patrocinadores en el concejo —una mayoría a prueba de vetos— pero no ha habido ninguna acción al respecto desde una audiencia el pasado mes de octubre, en la que la administración de Blasio dijo que se oponía al proyecto de ley porque podría entrar en conflicto con el estudio del cuerpo de ingenieros del ejército y porque no permitía la participación de la comunidad.

En su amplio informe de marzo sobre la protección de la ciudad contra el cambio climático, el presidente del concejo Corey Johnson pareció señalar que una versión revisada de Intro 1620, con más tiempo para las conversaciones con los barrios, estaba sobre la mesa.

“El desarrollo de tal plan sería un proceso de varios años debido al número de comunidades que enfrentan el riesgo climático, la importancia de que el estudio se fundamente en las proyecciones de cambio climático del NPCC, la viabilidad técnica de la implementación y el papel crítico de la participación comunitaria”, escribió Johnson. “Se podría considerar la posibilidad de adoptar un enfoque por etapas en el que los barrios más vulnerables participen en primer lugar, con plazos sucesivos para trabajar con comunidades adicionales en planes localizados para hacer frente a las vulnerabilidades”. La publicación del plan de Rise to Resilience en un día en que la ciudad de Nueva York se enfrenta a una posible tormenta tropical fue un recordatorio de que las vulnerabilidades costeras están aquí ahora y sólo crecerán. Pero Bavishi, el zar de la resiliencia del alcalde, señala que el cambio climático también presenta otras amenazas. “La planificación de la adaptación no puede comenzar y terminar en la costa”, dice, “por lo que nuestra estrategia considera holísticamente todas las amenazas climáticas a las que se enfrenta la ciudad de Nueva York, incluyendo el calor extremo y las inundaciones interiores causadas por fuertes aguaceros”.

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